El fin propio del Estado es la consecución del bien común. Esto solo es posible cuando la autoridad del mismo tiene buenos planes de gobierno para atender las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que alientan el trabajo de los ciudadanos, quienes, con su iniciativa, su trabajo, su compromiso cívico y la educación desde la familia, realizan este bien común. Esto requiere alentar la unidad entre los mexicanos y asegurar la convivencia pacífica entre todos.
Este ideal está muy lejos de contemplarse y vivirse en el México actual. Por el contrario, el actual gobierno carece de todos esos elementos, tanto en la carencia de un Plan de Gobierno sólido, concreto, con metas claras y programas que permitan realizarlo. En su lugar, el presidente desechó de un plumazo, al inicio de su administración el trabajo que de acuerdo con los principios de la programación hicieron los funcionarios encargados de esta tarea, y lo sustituyó por un documento ideológico-demagógico, que no cumplió con las exigencias de la planeación gubernamental.
Ahí se consolidó el desaseo que llevó a que se iniciaran las renuncias de quienes con competencia técnica y compromiso serio por el desarrollo del país. Carlos Urzúa Macías, primer secretario de Hacienda de este gobierno, rápidamente se retiró al observar la ruta que se iniciaba y prever las consecuencias. Lejos de que se erradicara la corrupción, ésta se ha consolidado. Jaime Cárdenas, otro de los luchadores que creyeron en el proyecto de la 4T, quien ante la corrupción en la demagógica institución Devolver al Pueblo lo Robado, renunció. No digamos el escándalo que trata de ocultarse, el fraude en Segalmex, de montos históricos, donde descaradamente se ha protegido a Ignacio Ovalle, padrino de Andrés Manuel López Obrador en su carrera política.
Otro elemento de gran transcendencia en el desgobierno ha sido el ataque de las instituciones autónomas y la desaparición de los fideicomisos para trasladar sus recursos a las arcas presidenciales y administrarlos discrecionalmente.
Y trasladados a la labor legislativa impulsada desde la Presidencia, por un lado se dio marcha atrás a temas importantes en materia educativa para congraciarse con los maestros, y se ha impulsado otra que se encarna en la nueva escuela mexicana, que pretende abarcar desde la educación básica hasta la investigación. El desaseo en el CONACYT y la nueva legislación en materia de investigación, aprobada en la “noche triste” en el paquete de 20 disposiciones aprobadas al vapor por el Senado de la República, y que seguramente seguirá la misma suerte de la primera parte del Plan B electoral. A eso se añade el cambio en lo oscurito de los libros de texto gratuitos, que ignoraron la opinión de maestros y padres de familia, lo cual impulsó a la Unión Nacional de Padres de Familia a obtener un amparo y detenerlos.
Todo se hace mal, de manera improvisada, según las ocurrencias de la mañanera, sin sustento previo, sin previsión adecuada y sin considerar aspectos laterales de la propia administración pública y la relación con otros actores económicos y sociales. El caso reciente de la apropiación de tramos de vía para el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, aparentemente concebida de última hora y que pudo haberse previsto y considerado desde la elaboración del proyecto, son otro ejemplo de lo que ocurre.
Finalmente, no podemos olvidar que el foco de la atención del presidente, desde siempre, ha sido electoral, y la canalización de recursos con esa sola única intención es clara, aunque aparentemente se trata de programas sociales cuyos efectos son nulos, como fue el caso del Insabi.
Lamentablemente, todos estos hechos no se valoran adecuadamente, y las transferencias económicas se convierten en una nube que las oculta con algo que son verdaderas limosnas que si bien ayudan a muchos de los pobres de este país, no resuelven los problemas de fondo, sino que, en cierta forma, los alientan y no permiten su solución.
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