Los partidos han pasado de la oposición parlamentaria, a la oposición jurídica, a la acción. Hubo muchas palabras tanto de ellos como de la sociedad, en defensa del INE frente a la agresión, consumada en el Congreso, contra el sistema electoral. Ante el fracaso del intento de reformar la Constitución para cambiar de raíz las disposiciones que tanto trabajo costó generar para sacar al poder Ejecutivo y lo que él controla, incluido su partido, del manejo de las elecciones en el pasado, ahora se buscó eludir el dique creado por la oposición, mediante una reforma ordinaria que tiene el mismo propósito.
Era evidente que la cosa no podía quedar así. Una gran parte de la sociedad se había manifestado, en lo que a ella toca, y pretende hacerlo de nuevo. Sin embargo, quienes tienen la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad, para cerrar de nuevo el paso a esta intentona, por fin han recurrido a esta medida. Tanto el PAN, el PRI y el PRD, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar sus respectivas controversias. A su vez, el propio Instituto Nacional Electoral ha manifestado igual disposición por el acuerdo de sus once consejeros.
Con estas acciones, la bola está en la cancha de la Suprema Corte. Se trata de una prueba de fuego para quienes una y otra vez han declarado actuar con independencia, y en algunas ocasiones lo han demostrado frente a disposiciones inconstitucionales del Ejecutivo y el Legislativo. Esto se ha hecho en el carácter de Corte Constitucional que se le ha otorgado al tercer poder de la Federación, y que debe ser el garante final de la vigencia del Estado de Derecho.
El recurso a la Suprema Corte por quienes han presentado sus objeciones al llamado “Plan B”, llega al máximo tribunal en momentos en que está en crisis su credibilidad en razón de la acusación de plagio de la tesis de licenciatura de quien hoy ocupa un lugar en ese organismo: la ministra Yasmín Esquivel Mossa de Rioboo. La UNAM ya ha declarado que la tesis ha sido copiada en gran parte a la de otro alumno de la Institución. Ella lo ha negado en medio de una serie de contradicciones que hacen dudar de su palabra.
En este caso, en principio, la Ministra Esquivel no merece presunción de inocencia en tanto que ya la UNAM ha señalado la existencia de una copia. Por otra parte, de acuerdo con el principio de que “primero en tiempo, primero en derecho”, la tesis de quien se tituló primero y que quedó registrada históricamente como tal en los registros de la Universidad, es la titular del derecho de autor. Sin embargo, se ha convocado a la Ministra para que pruebe ser la primer en haber hecho el trabajo.
Pero, en medio de este debate, y ante un señalamiento que en sí provocaría la renuncia de un funcionario de tan alto nivel en otro país, aquí todo queda igual, tanto para la Ministra como para la Corte, que ha guardado silencio al respecto, y no se sabe si con ello está aceptando las acusaciones, por aquello de que quien calla otorga, o simplemente se hace a un lado ante un hecho que pone en duda a la institución en su honorabilidad, pues el voto de ella será importante en el futuro.
Un voto es un voto, pero la suma de ellos, permiten definiciones de acuerdo con el régimen a que se atienen las deliberaciones de la Suprema Corte. Y hasta ahora, la Ministra Esquivel, quien pretendió asumir la Presidencia de la misma, se ha destacado por ser la que ha dado más votos a favor de asuntos a debate relativos a asuntos en donde está en juego la política de la Presidencia de la República en la actual gestión. ¿Cuál va a ser su voto ante las controversias presentadas en torno al INE?
La ministra Esquivel es amiga de quien afirmara que no le vengan con aquello de que “la ley es la ley”, y quien ha dado muestras de que le importa muy poco su compromiso de respetar la Constitución y las Leyes que de ella emanan. Además, está casada con el contratista preferido del mismo personaje, y a quien debemos que el aeropuerto de Texcoco haya sido desmantelado, porque no fue elegido para realizar la obra.
La Corte es intérprete del Derecho, y de acuerdo con la Constitución, México es un país democrático y el orden jurídico que nos rige tiene ese sistema como premisa. Me parece que, entonces, la Suprema Corte tiene la obligación de proteger todo aquello que nos permite ser democráticos, no sólo en lo electoral, sino en todo lo que define la Constitución como tal. Y si, como ha sido señalado reiteradamente por todos los expertos, la legislación aprobada a toda prisa por los legisladores lacayos de Morena en el Congreso, es un atentado a la democracia, no podemos esperar menos que una resolución en contra del engendro promovido por el Presidente y aprobado por los levanta dedos que dicen ser transformadores, pero son reaccionarios de cepa.
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