Hoy es claro que la sociedad desconfía de las informaciones oficiales sobre lo que realmente está ocurriendo en el país.
Una pandemia como la que está viviendo el mundo, no sólo es una tragedia sanitaria, también es una prueba de la estatura de los gobernantes y los ciudadanos. Se trata de un problema que pareciera invisible por el tamaño del virus que no se ve, así como de su incubación silenciosa y que aflora cuando ya lleva tiempo invadiendo a la persona que lo sufre. Sin embargo, durante la etapa silenciosa es muy probable que haya contagiado a muchos más con los que ha convivido. Por eso, de acuerdo con las descripciones de los especialistas, la prevención en la única medida práctica para atajar el problema.
Se nos han explicado las medidas personales que debemos adoptar, particularmente de higiene y de guardar distancia suficiente para no afectar a otros. Pero también se ha explicado que el virus puede depositarse en objetos y permanecer allí por algún tiempo hasta perder su fuerza. Por eso la higiene no sólo debe ser personas, sino sobre las cosas que están expuestas a la contaminación.
En ambos casos, la preocupación, según explicara un especialista, surge cuando “el virus está circulando en el ambiente”, pero como no se le ve, los casos manifiestos, el lugar donde se producen, el seguimiento de las relaciones donde las víctimas se contagiaron, y el cálculo sobre el efecto exponencial del contagio, son fundamentales para retardar la expansión del mal y, en la medida de lo posible, atajarlo por aislamiento o cerco sanitario.
Los ciudadanos no podemos conocer la realidad de la presencia del virus. Son las autoridades quienes, por obligación, deben dar seguimiento al desarrollo del virus en algún lugar y tomar las medidas necesarias para alertar a la población y dictar las acciones que se sabe son necesarias para paliar el efecto del mal. Por su parte, los ciudadanos tenemos la obligación de atender y seguir las instrucciones correspondientes.
Estamos ante un caso típico del ejercicio de acciones de la autoridad y de los ciudadanos, de manera conjunta, en favor del bien común. Una sola de las partes no puede lograrlo. Sin embargo, la autoridad, como promotora del bien común, es la responsable del inicio de las acciones correspondientes y, hoy por hoy, en nuestro país hay lentitud y omisiones respecto de la forma de proceder, empezando por el mal ejemplo del presidente de la República, que pese a todas las recomendaciones, continúa con sus eventos, sus tocamientos y besos, mandando a la sociedad una señal equivocada de que no nos va a pasar nada, y convirtiendo en motivo de mofa las invocaciones religiosas para implorar a Dios su protección.
Ciertamente las instituciones sociales, universidades y empresas, han respondido con mayor celeridad, tomando en cuenta las advertencias y la experiencia de otros países. Lamentablemente, los ciudadanos no responden de la misma manera, tal y como ocurrió en Italia, donde pese a las advertencias, son muchos los que en lugar de “quedarse en casa” y sólo salir lo indispensable y con las debidas precauciones, toman esto a juego como consecuencia de la falta de firmeza de la autoridad y lo confuso de sus mensajes.
La vida es lo más importante y preservarla es obligación de todos. Pero autoridades frívolas que no han cumplido con su responsabilidad en materia de seguridad pública, a pesar de los miles de muertos que se registran en el país, o que buscan acabar con la vida de los débiles, ya sea en el seno de su madre mediante el aborto o en la vejez o enfermedad, mediante la eutanasia, no tienen autoridad moral para ser escuchados y seguidos por los gobernados. Hoy es claro que la sociedad desconfía de las informaciones oficiales sobre lo que realmente está ocurriendo en el país. Y eso provoca miedo en unos e indiferencia o irresponsabilidad en otros. Pero todos se preguntan, ¿cuál es la realidad?
El espectáculo de nuestro gobierno ya no sólo es motivo de fuertes críticas en el país, sino que ha sido motivo de sorna y preocupación a nivel internacional, pues el lenguaje y las acciones adoptadas aquí, contrastan con las medidas adoptadas en otros países con más experiencia, preparación y recursos para actuar y que, aun así, ven colapsados sus servicios hospitalarios y la capacidad para atender a los enfermos.
Y esto solo en el terreno sanitario. A ello se agregan las inevitables consecuencias económicas que se producirán como consecuencia de esta pandemia y que ya se refleja en otros países y que, sin duda golpearán a nuestro país. Tampoco en ese terreno se observan previsiones y acciones de la autoridad, que es autista y no suele escuchar opiniones ajenas, por lo que las demandas del sector empresarial, que es quien actúa en el terreno productivo, son rechazadas y se piensa que, una vez más, el reparto de un dinero que no se sabe de dónde va a salir con la crisis petrolera sumándose al escenario, con lo que la caída previsible de los ingresos gubernamentales plantea un escenario poco optimista para lo que resta del año.
Aquí también, el bien común reclama que se unan el gobierno y los agentes productivos para diseñar y poner en operación las acciones necesarias para enfrentar esta otra cara de la crisis que nos espera.
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