El Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social señala que debe ponerse la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Se trata de un planteamiento surgido en el sexenio del presidente Fox como respuesta a la queja de la oposición de que el PRI usaba los programas sociales con fines electorales. Desde entonces se usa ese estribillo –a toda velocidad en la radio- para advertir a los beneficiarios que las ayudas que reciben son institucionales.
Sin embargo, y a pesar de la advertencia, de manera reiterada se atribuye al presidente o a su partido, la generosidad de con que se apoya a la población –no necesariamente a los más pobres- ahora con recursos del erario público, fruto del pago de nuestros impuestos. El mismo presidente presume continuamente su generosidad y sus programas sociales, que ahora consisten en transferencias de dinero directas.
No cabe duda alguna que, independientemente del beneficio que recibe la población, la estrategia seguida por la actual administración tiene fines electorales, así reconocidos por Yeidckol Polevnsky, cuando era dirigente de Morena, y por el propio Presidente cuando dijo que la transferencia de recursos no era algo personal, sino una estrategia para contar con el apoyo de los más pobres. Pero también se reconoció que no se trata de sacar de su condición a quienes reciben esos recursos, sino mantenerlos en la misma, ya que cuando se vuelven de clase media, se “derechizan” y ya no apoyan a la izquierda.
Pero además del mensaje implícito de que los recursos se los deben al presidente y a su partido, también se instrumentó una estrategia de tierra para convencer a los futuros votantes de que le deben al presidente y a su partido esos beneficios económicos. Esa es la tarea encargada a cerca de 20 mil funcionarios públicos, con los “Servidores de la Nación” a la cabeza. Casualmente en el manejo de los programas, los Servidores de la Nación portan chalecos con el color del partido gubernamental y descaradamente hacen propaganda política en muchas ocasiones. Así ha ocurrido en los procesos electorales del pasado reciente.
Un caso documentado ocurrió en Tamaulipas, lo que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a emitir una sentencia para que el INE estableciera lineamientos acerca del comportamiento de estos funcionarios durante los próximos comicios, cosa que acaba de ocurrir. Sin embargo, a consejera Carla Humphrey ha señalado que lo acordado no será de mayor utilidad, pues las disposiciones carecen de sanciones para quienes no cumplan con lo establecido, por lo que se trata de acuerdos “descafeinados” y “light”.
La intervención gubernamental en las elecciones del 2024 ya está preparada, por ese lado, para que se intente llevar a cabo una elección de Estado, como ocurrió durante el Siglo XX.
La Otra Amenaza
Pero al hablar de amenazas al proceso electoral del 2024, no se trata únicamente de lo que piensa hacer el gobierno y hay que tratar de impedirlo, sino también del apoyo que el oficialismo ha recibido de grupos de delincuencia organizada para controlar las elecciones en las zonas del país donde asientan su dominio, y que no son pocas.
En el proceso electoral del 2021 hubo numerosas denuncias de la intervención del narcotráfico en varios estados del país. En algunos casos se anularon las casillas donde fue posible comprobar esas irregularidades, pero se trata de una minoría respecto de la realidad de lo ocurrido. Esta es una de las consecuencias, querida o no, de la política de “abrazos y no balazos” que se adoptó por parte del Gobierno Federal en el sexenio que está por concluir.
Esta situación, lejos de desalentar a quienes queremos avanzar por un auténtico sistema democrático del país, debe constituirse en un acicate para trabajar a favor de la participación ciudadana en la elección del año próximo, sin dejarse manipular y ejerciendo nuestro deber y derecho a una elección libre y confiable. Un camino para ello es la observación electoral.
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