La revocación de mandato tendrá un alto costo económico y político, cuando es necesario enfocarse en los procesos electorales, en la defensa del INE y contra el creciente autoritarismo del actual gobierno.
Conforme se acerca la fecha para la realización de la consulta ciudadana para la revocación del mandato al presidente, la polémica en torno a si acudir o no a votar se incrementa. Esto ocurre particularmente entre los que estamos inconformes con la gestión de la actual administración que preside Andrés Manuel López Obrador.
La revocación de mandato es una novedad que ha sido promovida por Andrés Manuel López Obrador como parte de su campaña política y fue legalizada al reformarse los Artículos 35 y 36 de la Constitución. En el primero se establece como un derecho y se definen sus características, y en el segundo solo se establece como un deber. Sin embargo, la Ley reglamentaria no habla de tal deber, y prevé que no todos los ciudadanos participarán, por lo que determina que el resultado sólo será válido cuando participe en él, cuando menos, el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que para este año serían 37 millones 300 mil ciudadanos aproximadamente. El resultado requiere de mayoría absoluta. Como antecedente recuerdo que en la consulta para ver si se juzgaba a los expresidentes, sólo votó el 7 por ciento del padrón. El resto despreció el proceso.
Los promotores de la revocación mandato fueron, extrañamente, el presidente y sus aliados. Para iniciar el proceso se requería la firma del 3 por ciento de solicitantes de integrantes del padrón electoral en cuando menos 17 estados de la República. Finalmente se obtuvieron más de tres millones en 24 estados de la República, de las cuales más de 800 mil fueron detectadas con irregularidades, y de ellas, más de 12 mil 500 eran de fallecidos con firmas falsas. Esto ya marca los vicios de origen del proceso. Adicionalmente, se sabe que para obtener las firmas se presionó a beneficiarios de los programas sociales y la campaña para que voten a favor del presidente, es amenazándolos que, si pierden, les quitarán los apoyos.
La revocación ha estado envuelta en una serie de controversias que fueron desde la redacción de la pregunta hasta los recursos necesarios para su realización. El INE consideró que el Presupuesto que le fue otorgado era insuficiente para la realización de la consulta y los procesos electorales estatales durante este año, pues del presupuesto original solicitado, se le recortaron 4 mil 900 millones de pesos, por lo que requirió una ampliación presupuestal de mil 730 millones de pesos, que le fue negada. A consecuencia de lo mismo y con los ahorros que realizará, sólo podrá instalar 57 mil 677 casillas para recibir la votación.
De acuerdo con la Ley electoral, que rige el proceso, la votación puede iniciar a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, a menos que haya votantes en la fila, por lo que concluirá con quienes estaban en ella hasta esa hora. Serían 10 horas. Considerando el número de casillas y el límite máximo de 1500 boletas que puede tener cada una, y suponiendo una votación masiva, y que en el mejor de los casos hubiera un voto por minuto, se podrían recibir 34 millones, seiscientos seis mil 200 votos. Sin embargo, se requieren, como ya señalé, para que el resultado sea vinculante 37 millones 300 mil votos. O sea que faltarían 2 millones 693 mil 800 votos. Como se aprecia, es prácticamente imposible obtener un resultado vinculante.
A la conclusión que llego, es que este proceso es una farsa montada por el propio presidente con el propósito inicial de aparecer en las boletas en la elección intermedia, cosa que le fue negada en la reforma legal que validó la revocación. Es un proceso cuyas intenciones es difícil determinar, cuando es promovida por el mismo que sería afectado en caso de que ganaran quienes piden que se vaya, y cuando ratificar su permanencia es innecesario, pues su periodo es de seis años.
El INE está obligado por la ley a realizar el proceso en las condiciones en que se le ha colocado. Sin embargo, ha sido y seguirá siendo utilizado por Andrés Manuel López Obrador para desacreditar y golpear al Instituto Nacional Electoral, que actuando como árbitro imparcial validó su triunfo en 2018, pero es parte de una venganza atrasada porque el IFE no reconoció sus supuestos triunfos del pasado. Además, con el propósito ya expresado de que sea el gobierno quien tome el control de las elecciones como en tiempos del PRI.
Por todo ello, considero que es inútil acudir a votar en cualquier sentido, y para quienes consideran que es necesario dar a conocer al Presidente, la Opinión Pública y el mundo que hay muchos ciudadanos inconformes con el Presidente y su Gobierno, les recuerdo que esto ya es sabido a través de las encuestas periódicas que se dan a conocer y que registran el descenso de la popularidad y apoyo a los mismos, aunque el Presidente niegue lo contrario con sus “otros datos”. La compilación de encuestas que realiza Oráculos, señala que, de una aprobación del 80 por ciento en 2019, en febrero de este año descendió al 58% por ciento, en tanto que la desaprobación subió de 14 por ciento en 2019 a 39 por ciento en el mismo periodo. La tendencia es de una caída creciente del apoyo al presidente.
Lo triste del caso, es que esta consulta ciudadana tendrá un alto costo económico y político, cuando es necesario enfocarse en los procesos electorales, en la defensa del INE y contra el creciente autoritarismo del actual gobierno.
Por lo tanto, yo no votaré. Espero que estos elementos ayuden a tomar una decisión informada.
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