Para la mayoría de los mexicanos no resulta claro el tema del Poder Judicial. En parte, existe una confusión respecto de lo que eran las procuradurías de justicia, ahora sustituidas por las fiscalías. Ellas son las responsables de perseguir los delitos y obtener las pruebas que acrediten la culpabilidad de un sospechoso. La historia de este cuerpo policial, denominado “policía judicial”, que no depende del Poder Judicial, está plagado de abusos, fabricación de culpables, torturas, etc. Eso sí está muy claro en la mente de la población, ya sea por experiencia directa o por referencias. En gran parte fue frente a ellos que surgió la necesidad de defender los derechos humanos.
También a dicha instancia corresponde la mala imagen de que los jueces dejan libres a los delincuentes, cuando, en realidad, en muchos casos los ministeriales son responsables de la mala integración del expediente con que consignan a un detenido, lo que deriva, entre otras cosas, en su liberación. Cabe recordar que, hasta ahora y gracias a reformas legales recientes, existe la presunción de inocencia. Si no hay pruebas sólidas de una acusación, lo más probable es que aun siendo delincuente, el detenido sea puesto en libertad.
Sin embargo, transferir esa responsabilidad a los jueces, magistrados ministros, es un grave error que, sin embargo, hoy está incidiendo en parte de la opinión pública cuando aplaude la reforma del Poder Judicial en la forma como está propuesta y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Este es uno de los mitos, impulsado desde la Presidencia de la República, con los cuales se pretende justificar una reforma que rompe con el sistema jurídico que ha imperado durante muchísimos años en México. La propuesta se parece al sistema impulsado por el dictador de nefasta memoria, Antonio López de Santana.
Resulta triste que personalidades que gozan de fama de juristas e, incluso, se habían manifestado en principio en contra de la elección popular de los jueces, hoy la aplauden y defienden a rabiar, acatando la consigna emergida de Palacio Nacional. También resulta muy desalentadora la traición de quienes, habiendo realizado campañas políticas con la oposición, despotricando contra la 4T, de pronto traicionaran su palabra y a los partidos y a los electores que les dieron la oportunidad de participar en la contienda electoral y llegar a las posiciones que hoy ocupan y en donde podrían haber sido dique de contención de la tan cacareada reforma.
Esta semana será discutida y votada la minuta procedente de la Cámara de Diputados donde se ha aprobado la reforma al Poder Judicial. Su aprobación o rechazo pende de un hilo: la diferencia entre que siga adelante o no proceda, depende del voto de 43 senadores. La ausencia, abstención u omisión de uno de ellos sería suficiente para que la reforma siguiera adelante. El siguiente paso consiste en enviar, si se aprobada, lo aprobado por el Congreso Federal a los congresos de los estados de la República. Bastaría que la mitad de ellos la aprobaran, para que remitida al Congreso Federal éste la envíe al Presidente para su promulgación y entrada en vigor.
Este hecho, que sería histórico, generaría una seria crisis, por el desmantelamiento del Poder Judicial a nivel nacional, ya que no solo saldrían los jueces, magistrados y ministros federales, sino que en cascada seguirían la destitución de los poderes judiciales de los estados.
Adicionalmente, surgiría un tortuoso sistema electoral donde le presentarían a los ciudadanos miles de opciones de candidatos por los cuales votar, probablemente con desconocimiento de sus personas, su preparación, sus trayectorias, su prestigio, etc. De hecho, los ciudadanos juzgarán la idoneidad de quienes serán sus futuros juzgadores.
Se ha advertido del peligro de la partidización del proceso electoral, lo cual rompería con el requisito de imparcialidad que debe caracterizar a los juzgadores. Y aunque se ha negado tal posibilidad, ya se vio cómo una Ministra de la Suprema Corte de Justicia realizó un acto de campaña anticipado al pedir a los jóvenes de Morena que voten por ella. En ese mismo acto, por cierto, junto con otra Ministra que ha andado en campaña por todo el país a favor de la Reforma, se ha evidenciado su partidarismo, cosa que ya se había señalado anteriormente, pero queda ratificado por aquello de que “a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Esta semana se inicia, pues, con el alma en un hilo. El futuro es incierto, aunque parecería que hay un compromiso sólido de 43 senadores de votar en contra. Pero ya en el pasado ha ocurrido que quienes dicen una cosa y hacen otra, pretextan enfermedades, problemas de traslado o se ausentan de la sala de sesiones en el momento de la votación. Todo puede suceder. Rogamos al cielo que nada de esto último ocurra y aunque sea por la diferencia de un voto, no pase la reforma al Poder Judicial. Así sea.
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