En el ritual laico que ha imperado en el Sistema Político Mexicano, uno de los sagrados festejos es el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, a la cual se dice venerar y respetar. Los Presidentes de la República suelen ir a Querétaro al Teatro de la República para esta ceremonia, emitiendo pomposas palabras para encomiar el contenido del documento que se aprobara en ese recinto y que, sin embargo, hoy no se parece al de entonces.
Según algunas versiones, al momento la Constitución que estableció el nuevo orden jurídico postrevolucionario, ha sufrido 841 reformas de diverso contenido. Pareciera que cada presidente que asume el poder, como parte de su “proyecto de Nación”, recurre de inmediato a cambiar el texto que es punto de partida para el llamado Estado de Derecho en México. Hacer una reseña y análisis de los cambios requiere, sin duda, de todo un tratado a cargo de constitucionalistas, para que nos expliquen el fundamento, necesidad, razón y trascendencia de cada reforma.
Para empezar, se puede afirmar con certeza que el documento de 1917 fue un texto faccioso a cargo de un sector de los revolucionarios triunfantes que, por supuesto, si dejó a un lado a compañeros de armas de las distintas facciones revolucionarias, menos tomó en cuenta a quienes no compartían los principios de la revuelta.
Por otra parte, puede resultar anecdótico el señalamiento de que las llamadas Garantías Individuales que “otorgaba” ese documento, en realidad cancelaban muchos derechos humanos en materia religiosa o en el área educativa. En el primer caso, negaba la existencia jurídica de las iglesias, pero al mismo tiempo establecía un control sobre ellas. El resultado fueron las tensiones, el conflicto religioso que derivó en la guerra cristera y los arreglos –“si se pueden llamar arreglos”, dijeron los obispos que intervinieron en las negociaciones de paz–, y que derivaron en el modus vivendi que concluyó con las reformas promovidas por Carlos Salinas de Gortari.
En materia educativa, desde la redacción inicial se estableció el control estatal sobre la educación, negando a los padres de familia su derecho primario a educar, convirtiendo a las aulas en centros de adoctrinamiento para el “proyecto de nación” según lo ha entendido cada gobernante y lo han ejecutados los maestros agrupados en un poderoso sindicato. Baste recordar la educación socialista de Lázaro Cárdenas y su regresión con Manuel Ávila Camacho, la reforma de Enrique Peña Nieto, a la que dio reversa Andrés Manuel López Obrados para obtener el apoyo de los maestros y para establecer la Nueva Escuela Mexicana que nadie termina de entender, pero que definitivamente es parte de un proyecto marxista.
Un cambio importante y trascendente, pero a medias, fue el del Artículo 1º. Constitucional, que ha reconocido los derechos humanos, pero solo aquellos que forman parte de tratados firmados por México, los cuales, a su vez, se interpretan a la mexicana. Fue un avance, pero limitado. También hubo avances en materia política a favor de la democracia, pero ahora vivimos una regresión que los cancela. Ni qué hablar acerca del bodrio de reforma del Poder Judicial de la Federación, que ha dado pie a que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, violen el Estado de Derecho y se atribuyan facultades que no les corresponden, a la vez que manipularon el pasado proceso electoral, en complicidad con el nuevo INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para otorgar una escandalosa sobrerrepresentación al grupo en el poder para asegurar el paquete de reformas heredado desde el sexenio pasado, más las que se acumulen en adelante.
La Constitución ha sido violada por numerosos gobiernos desde el Siglo pasado. No es una innovación de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en el pasado trataban de disimular o fundamentar mediante reinterpretaciones las disposiciones jurídicas, y si era imposible hacerlo, las cambiaban y punto. Pero la bandera jurídica que levantó López Obrador ha marcado la conducta de Morena y sus seguidores: “no me vengan con que la Ley es la Ley”.
La bandera obradorista es la que ha llevado a la Confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ya que a ésta corresponde –para bien y para mal- interpretar la llamada Carta Magna en su calidad de Tribunal Constitucional. Con todo y sus defectos, jueces, magistrados y ministros de la Corte, han dado muestras de independencia judicial frente a los poderes, ya sea con amparos o declaraciones de inconstitucionalidad de diversas normas o acciones gubernamentales. Pero como se dice vulgarmente, tanto el Presidente como los legisladores se han pasado por el arco del triunfo las resoluciones del Poder Judicial y han pasado por encima de la Ley y la Constitución a la que se dice respetar y se alaba de dientes para afuera.
Esto explica con claridad el por qué no fue invitada a Querétaro la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 5 de febrero. El hecho es una verdadera ignominia, pero que lejos de afectar a la jurista, se revierte hacia Claudia Sheinbaum, por más que quiera justificar su decisión, pues entre más dice, más manifiesta la bajeza de su acción.
Por esto, por lo otro y por aquello, poco hay que festejar a la Constitución de 1917.
Te puede interesar: El triunfo de Jorge Serrano, atleta de la vida
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
Facebook: Yo Influyo
