Al parecer, aunque todavía no existe certeza, el peligro legal al que se enfrentó el Instituto Nacional Electoral ha sido allanado. Los indicios muestran que es muy probable que la Suprema Corte anule, total o parcialmente, la reforma electoral que en forma tan desaseada aprobó el Congreso dentro del llamado plan B.
También es de suponer que el INE podrá actuar dentro de las normas de imparcialidad que le corresponden, aunque algunos de los nuevos consejeros muestren cierta simpatía por Morena. Como quiera que sea, los consejeros que permanecen y constituyen mayoría dieron muestra de una actuación equilibrada dentro de las inevitables diferencias que existen entre ellos. Pero si por algo la sociedad salió en su defensa, es porque existe consenso de que hicieron bien su tarea. Es de esperar que con la experiencia de la nueva presidente del INE se conduzca dentro de la misma línea, con algunas variantes que habrá que analizar en su momento.
Ante este escenario, la sociedad civil se ha dado a la tarea de ponerse a trabajar para presentar propuestas a los partidos que se han aliado para hacer frente a Morena en la próxima elección. Sin embargo, mientras la sociedad mira hacia adelante, pidiendo a los partidos ser tomada en cuenta y ponerse a trabajar con la mirada puesta en el proceso electoral del próximo año, en el campo partidista están mirando sus intereses y proponiendo, ahora, una reforma al Tribunal Electoral, cuando al respecto se pueden y deben aplicar los mismos criterios que sirvieron para rechazar la reforma del INE. En particular hay que resaltar que se trata de una propuesta inoportuna, pues aunque existan posibilidades de mejora –como en el INE-, no es ahora el momento de hacerlas y, menos aún, cuando se evidencia que son los intereses de los grupos que controlan los partidos los interesados, y no tanto la vida democrática o el bien ciudadano.
Pasa ahora al escenario el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tan importante como el propio INE y que fue defendido simultáneamente, aunque no con tanto énfasis. El Tribunal es una institución reciente que se convirtió en la última instancia, inapelable, para juzgar en materia electoral. Con su existencia se rompió la barrera que había mantenido alejado, durante el priismo autoritario, al poder judicial de la defensa de los derechos en la materia.
Que tanto el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Federal Electoral, como el Legislativo como juez y parte en la calificación de las elecciones, fueran las instancias que controlaban el resultado final de las elecciones, implicaba que el sistema negaba el valor de los derechos políticos como un derecho humano, más allá de ser un derecho ciudadano. La Suprema Corte fue marginada de impartir justicia y, por lo mismo, imperó la injusticia.
La importancia del Tribunal Electoral quedó de manifiesto cuando él fue la última instancia para definir la validez de las elecciones en el 2006 y el triunfo del PAN en las mismas. Sin duda que no fue una solución fácil, pero gracias a su decisión fue posible mantener hasta el final el proceso, pese al sainete lopezobradorista, la “toma de Reforma” y la batalla en el Congreso el día de la protesta como presidente de Flipe Calderón. Estos hechos, sin duda, fueron parte de la inquina contra el tribunal dentro del Plan A.
Se ha dicho que con la reforma que ahora se pretende, los partidos se están suicidando. Quizá se exagera, pero lo cierto es que se muestran inconsistentes con su posición anterior e, incluso, parecen hacer el juego a Morena, para darle un triunfo diferido que haría parecer que tanto éste como el Presidente, tenían razón en su propuesta.
El comportamiento de los partidos en esa materia, independientemente de que no todas las resoluciones del Tribunal han sido del agrado de todos, se requiere que hoy todos los esfuerzos se orienten, por una parte, a la definición del mecanismo para designar el candidato unificado a la Presidencia de la República, y a la plataforma que habrán de proponer a la ciudadanía como plan de gobierno, tomando en cuenta sus propuestas. No hacerlo es perder el bono de confianza que, hoy por hoy, la ciudadanía tiene puesta en los partidos para detener el desastre del obradorismo.
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