El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dejará el cargo el 31 de diciembre, después de una gestión que el considera trascendente a histórica, llena de aportes positivos, pero que en realidad está cubierta de gris por los posicionamientos personales, por los acuerdos emitidos, así como por la reforma al Poder Judicial que no fue satisfactoria para todos.
El desempeño del ministro Zaldívar estuvo rodeado de controversias por su hacer, no hacer y las dudas que generó de manera innecesaria. Sobre todo, llamó la atención su indecisión cuando por sugerencia del presidente de la República se le invitó a que se reeligiera al término de su actual periodo. El mundo jurídico estuvo de acuerdo en que tal tentación era improcedente y que asumirla hubiera sido una clara violación de las disposiciones legales.
Adicionalmente, no faltó quién interpretara que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador fuera un anzuelo no sólo para el ministro, sino también para medir cuál podría ser la reacción de la sociedad frente a la eterna tentación de los presidentes de reelegirse, en contra del dogma de la Revolución Mexicana: “Sufragio efectivo, no reelección”. Y aunque esto del sufragio efectivo tardó mucho tiempo en ser real, el intento reeleccionista de Álvaro Obregón le costó la vida. Desde entonces la tentación resurge y no ha faltado quien la sopese, pero hoy por hoy no ha ocurrido.
El ministro Zaldívar justificó su reforma electoral en dos direcciones, una pública y otra que se conoció más en sus círculos cercanos. La primera fue orientada a combatir la corrupción interna, el nepotismo y a promover la equidad de género al interior de la Corte. En algunos aspectos hay resultados, y de otros no es claro hasta dónde se ha llegado.
El segundo propósito, dicen los cercanos al ministro, fue adelantarse a una propuesta del Poder Judicial por parte del presidente, pues conociendo las críticas que López Obrador hacía al mismo y sus propósitos transformadores para aumentar su control sobre los otros dos poderes y el sometimiento o desaparición de los que le parecían contrarios, quiso dar el primer golpe y quitarle la tentación al presidente.
Sin embargo, la cercanía y respaldo al presidente no quedó oculta por esos detalles que trascienden. Del mismo modo resultó claro que orientó a la Corte a asumir lo políticamente correcto en materia de aborto, feminismo y género, no sólo respecto de las decisiones internas, sino con pretensiones injerencistas respecto de las decisiones de los Estados de la República en esa materia, lesionando el Pacto Federal.
Ciertamente el Ministro Zaldívar no ha ido solo en algunos puntos que sin duda alguna se inscriben dentro de un “nuevo derecho”, o interpretación del mismo, con el que se pretende dar gusto a corrientes que se alejan de los principios generales del derecho, de la tradición jurídica occidental y de la correcta interpretación de los Derechos Humanos, que algún día se pensó que al reformar el artículo 1º. de la Constitución, se pondría fin a la incertidumbre que generaba la interpretación de que era la Carta Magna, mediante la voluntad del legislador, la que nos “concedía y otorgaba” derechos.
Con todo y la reforma, la justicia no es “pronta y expedita”. La Corte tiene calentando, o en sesudos estudios, diversas controversias sobre la validez constitucional de algunas reformas del Poder Legislativo. Dejan correr el tiempo y no se mantiene la inseguridad jurídica que debe ser protegida por quienes son impartidores de justicia.
El hábito de mantener, como en el Congreso, temas de importancia “en la congeladora” es preocupante de por sí, pero adquiere un mayor nivel de gravedad frente a las controversias constitucionales que se han anunciado en torno a la reforma electoral en su opción “B”, que finalmente se aprobó en el Senado y que según numerosos constitucionalistas incurre en numerosas violaciones a la Constitución. Sin embargo, es de temer que, ante la inminencia de las elecciones estatales del año próximo, las federales del 2024 y la reducción del presupuesto al INE, el daño que provoque esto sea de gran magnitud, sino se resuelven con prontitud.
Ya en el pasado la Suprema Corte se ha manchado de ignominia al someterse incondicionalmente al Poder Ejecutivo. Más allá de la sabiduría jurídica de los integrantes del máximo tribunal del país, su valor y capacidad de independencia marcan la diferencia. Los ministros han ofrecido mantener su autonomía, y de ello dependerá, sin duda, el futuro de la democracia mexicana.
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