AMLO y sus iniciativas no son tan malas como parecen, todo tiene un por qué, buscando el bien común del pueblo mexicano.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en días pasados con diputados y senadores de Morena y presentó una serie de reformas que propondrá como prioritarias en su próxima administración. Estas propuestas son la puesta en marcha de sus promesas de campaña y el inicio, al menos legislativo, de la cuarta transformación.
En su discurso, AMLO define las tres transformaciones que le precedieron con una síntesis interesante: “Independencia”, resumida en búsqueda de justicia y soberanía; “Reforma”, entendida como el afán de separación Iglesia y Estado y restauración de la República en contra de los conservadores que buscaban un príncipe extranjero para preservar el status quo que los mantenía injustamente en el poder; “Revolución Mexicana”, movimiento de búsqueda de democracia y justicia. La “cuarta transformación” busca, en resumen de su autor, dos cosas: honestidad y justicia. Los hitos de nuestra historia se resumen en cuatro binomios: soberanía-justicia; separación-justicia; democracia-justicia; honestidad-justicia.
Para Andrés Manuel hay una marcha histórica de ganancias y deudas. La injusticia, en tiempos independentistas, se reveló como sometimiento, de ahí la necesidad de liberación; la injusticia, en tiempos de la Reforma, manifestó como contubernio, de ahí la necesidad de separación; la injusticia, en tiempos del Porfiriato, se sistematizó en un orden autoritario que no escuchaba al pueblo, de ahí la necesidad de democratización. La lectura de nuestro futuro presidente es que la injusticia –y razón no le falta en esto– desde los últimos sexenios (tiempos neoliberales), se ha cristalizado como corrupción, de ahí la necesidad de moralización.
Desde su campaña y ahora en sus distintos encuentros ha repetido la necesidad de moralizar e imprimir valores en cuerpos policiacos, en el magisterio, en los políticos, en el mundo empresarial, en los niños, etc. Para muestra un botón: la corrupción no se consideró delito grave ni en la Constitución del 57 ni en la del 17. Para Andrés Manuel aquí está el principio del todo: comenzando desde el presidente, se le debe quitar el fuero y podrá ser llamado a cuentas por actos de corrupción y por delitos electorales; se les quitará, además, el fuero a otros servidores públicos; ya no habrá maiceo a legisladores; se evitará la vida de “lujo” de los funcionarios públicos, de ahí la austeridad que ahora se está viviendo; se detendrá el robo de hidrocarburos solapado por las autoridades, y un larguísimo etcétera. ¿Qué se hará con todo esto que se ahorrará la nación en “corrupción”? Simple: se impulsará el desarrollo del pueblo. El “mal” resta mucho dinero a todos; si evitamos el mal, contaremos con mucho dinero para hacer el “bien”.
El argumento para tirar el aeropuerto de Texcoco no fue técnico, sino moral, y es lo que muchos no han entendido aún. Si ahí hubo y sigue habiendo corrupción, esa obra debe desaparecer. No importa el costo político, no importan las indemnizaciones ni las contrariedades para los usuarios o cosas semejantes. La mera presencia de inmoralidad (corrupción) es premisa suficiente para echar por la borda proyectos y realidades.
Moralizar la República. He ahí la cuarta transformación, nada más y nada menos. ¿Qué opino al respecto? Que la lectura moralizante de la realidad tiene sus pros y contras. Un pro es la simplicidad con que saca la radiografía de la osamenta política; hay una voracidad atroz, una ambición desmedida en muchos, y esto debe terminar sí o sí. El costo de la corrupción lo pagamos todos: educadores, niños, medio ambiente, discapacitados, enfermos, jóvenes que buscan empleo, mujeres, estudiantes, contribuyentes, emprendedores…
El contra que más preocupa es la facilidad con que se puede manipular el juicio del pueblo. En efecto, todo populismo estriba su éxito en despertar los sentimientos elementales de un pueblo y mantener esa hoguera encendida durante el tiempo que dure el mandato. Y el pueblo mexicano, ¡qué le vamos a hacer!, es muy sensible al lenguaje moral. Llamamos a algo “malo” dando un par de razones y obtenemos a cambio la adhesión solidaria y la conmiseración de amigos, familiares y vecinos; si no lo cree, analice nuestros procesos justificativos cuando nuestro jefe nos llama la atención, nuestro profesor nos corrige o la novia nos corta. ¡Somos muy victimistas! Y el victimismo consiste en juzgar todo en términos de bueno/malo, donde yo soy bueno y padezco la injusticia de otro que es malo.
Veamos un ejemplo. El reino de la economía, antes sólo interpretado por técnicos y especialistas, ahora retorna a ser objeto del sentido común moral de la ciudadanía. Por ejemplo, Andrés Manuel propone que a la Constitución se añada una línea: “Los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación”; se necesitarán muchos estudios en economía para determinar todas las repercusiones inflacionarias si hay aumento mayor al 10% al salario mínimo, pero no se necesita más que un buen corazón y dos dedos de frente para entender que lo que dice el presidente electo es “bueno” y “justo”; los que se opongan, con todo y sus doctorados en Yale o Stanford, serán vistos por el pueblo como malos.
Ya varios han hablado de las muchas similitudes entre el discurso de Trump y el de AMLO. Yo sólo apunto que la tentación de usar un lenguaje moralizante para todas y cada una de las decisiones de gobierno es peligrosa. El algoritmo de la retórica de los próximos 6 años podría ser así:
a) “Informar al pueblo que X es malo”;
b) “escuchar al pueblo su parecer sobre X o Y” (por plebiscitos, consultas o referéndums, pues hemos de ser una democracia participativa);
c) “asumir el mandato del pueblo y ejecutar Y”.
La voz del pueblo será el eco de una voz que previamente y por distintos medios le precavió de las personas malas, de las ideas malas, de las influencias malas, de los partidos malos, de las creencias malas.
Uno de los retos más urgentes será la pluralidad, esa sana pluralidad que considera al otro y a lo distinto sin los lentes maniqueos.
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