El hacer innecesario que la mujer que desea abortar justifique su exigencia de atención por parte del personal de salud hará que la vida humana se desvalorice aun más; ésta será un bien como cualquier otro, intercambiable y desechable.
Como si no le bastara a México con tener a un presidente cuyo concepto de democracia es pedirle a sus seguidores que levanten la mano si están de acuerdo en alguna propuesta suya, por más descabellada que esta pueda ser y por más que haya sido públicamente criticada por los expertos en la materia de la que se trate, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos demuestra que sus magistrados no se quedan atrás en esto de actuar en forma totalmente contraria a la sana razón. Basta pensar en la jurisprudencia que recientemente emitieron en relación a la constitucionalidad de la NOM-046.
Dicha norma, que había sido impugnada como anticonstitucional por los congresos de Baja California y Aguascalientes, afirma que es un derecho de toda mujer, a partir de los doce años de edad, el exigir, y obtener, por parte del personal médico de cualquier institución de salud dependiente del gobierno, que se le aplique un aborto con la única condición que la mujer argumente –sin que deba presentar prueba alguna que corrobore su palabra– que su embarazo es producto de una violación. Lo que declara la jurisprudencia de la SCJN es, en otras palabras, que es perfectamente acorde con la ley suprema de la nación mexicana el que cualquier mujer, incluso una púber que por su edad no puede aún ejercer su derecho al voto ni obtener una licencia de conducir, pueda exigir, sin tener que justificar su exigencia en modo alguno, que los médicos le asesinen al niño que tiene en el vientre. Y uno de los magistrados que emitieron tal jurisprudencia culminó su hazaña diciendo que se trata de algo “imbatible”, o sea, inatacable legalmente.
Queda en manos de los jurisperitos corroborar o negar la veracidad de esta última afirmación del magistrado Zaldívar, pero lo que sí es imbatible es el hecho de que nuestros magistrados, aquellos personajes de los que uno esperaría un mejor ejercicio de lo aprendido en la escuela, de su experiencia de vida y de su formación filosófica y ética, son igual de superficiales y limitados que nuestro jefe del Poder Ejecutivo Federal. Al igual que él, los magistrados habrán seguramente escuchado argumentos serios y merecedores de atención y reflexión, pero han decidido hacerse sordos a ellos. Los magistrados indudablemente habrán escuchado o leído cientos de disertaciones de médicos gracias a las cuales les habrá quedado en claro que la vida humana empieza en el momento de la concepción y que, en consecuencia, lo que una mujer encinta lleva en su seno es una verdadera persona humana. Estarán, por lo mismo, los señores magistrados conscientes de que esa verdad biológica no depende para nada de ninguna religión, ni fue descubierta gracias a alguna esotérica revelación contenida en alguna escritura sagrada; no hace falta ninguna fe religiosa para corroborarla. Y de seguro habrán llegado a la conclusión lógica de que el aborto consiste precisamente en aniquilar la vida de esa persona que ya existe en el seno de la mujer embarazada. De seguro que los magistrados también tuvieron oportunidad de usar su formación filosófica para percatarse de que que es imposible que el “producto” de la fecundación del óvulo humano por un espermatozoide humano sea otra cosa que un auténtico, genuino y verdadero ser humano, una persona en toda forma. Pensar de otro modo sería evadir todo contacto con la razón y el sentido común. Pero, al igual que AMLO, los magistrados prefirieron hacer oídos sordos a la ciencia, a los consejos de los expertos y a la razón para decidir que lo único importante era apegarse a los lineamientos de una ideología: la vida del hijo no merece ser tomada en cuenta. Vale más ignorarla del todo.
No para la cosa ahi. Del mismo modo que AMLO desdeña los enormes e irreparables daños que sus decisiones –ya de todos conocidas– han causado y seguirán causando a la nación y a la vida de los mexicanos, los miembros del tribunal más alto del país han deliberadamente omitido cualquier reflexión o debate en torno a las consecuencias de su jurisprudencia.
Por principio de cuentas, es incalculable el costo en vidas humanas que tal jurisprudencia acarreará. Miles y miles de ciudadanos morirán antes de nacer a consecuencia de ella. Esta resultante será mucha mas costosa que la inseguridad, la deuda de Pemex, la cancelación del aeropuerto, las refinerías y el Tren Maya juntos. No debemos olvidar tampoco otra consecuencia, igualmente perversa. El hacer innecesario que la mujer que desea abortar justifique su exigencia de atención por parte del personal de salud hará que la vida humana se desvalorice aun más; ésta será un bien como cualquier otro, intercambiable y desechable. Nadie tendrá que preocuparse por posibles embarazos; la relación sexual dejará de enmarcarse en la intimidad amorosa, matrimonial y responsable. ¿Para qué? Si la promiscuidad sexual resulta en un embarazo, basta con ir al hospital más cercano del IMSS, del ISSSTE, etcétera, y obligar al médico de turno a que se deshaga del “producto”. La patria potestad, el derecho/obligación de los padres de velar por la salud y la recta formación de los hijos, queda en entredicho total, convertido en una burla, cuando la hija adolescente, embarazada después de una fiestecita con sus amigos, es libre de ir, sin hablarlo siquiera con sus padres, a pedir que los médicos le quiten “el paquete de células” que trae en el vientre, alegando que la violaron. Y cuando la violación haya sido real, el hecho de que la víctima no tenga que dar detalles de la misma, el único que sale ganando es el violador. Los procedimientos de justicia se ven maniatados. Más impunidad en un país asfixiado por la corrupción y la impunidad.
Pero supuestamente todo eso lo hicieron los magistrados pensando en la seguridad y en la salud de la mujeres mexicanas (excepto, claro, aquellas que aún están en el vientre de sus madres).
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