La ciudadanía de otros países ha obligado a los responsables de aplicar la ley a entrar en acción, sin miramientos respecto al rango, al partido o al puesto.
Estos días se ha hablado muchísimo de lo hecho por el presidente López Obrador durante sus más recientes mañaneras en torno a los periodistas que le incomodan. Y sin duda, entre todo el caudal infinito de improperios que conforman dichos eventos, destaca lo que AMLO dijo e hizo hace unos días respecto a Carlos Loret de Mola. Fuera de la lambisconería empalagosa y servil de los desplegados publicados por los morenistas, nadie en México, que yo sepa, ha aprobado o aplaudido el que el presidente haya hecho públicos los datos personales de Loret de Mola. Tal acto constituyó el caso más evidente del desprecio presidencial por la ley, y por el respeto merecido por los ciudadanos. El ciudadano presidente, cuando se le antoja, se convierte en un desvergonzado forajido, bandolero, delincuente, criminal, al que lo que menos le importa es la ley que juró cumplir y hacer cumplir. Muchos jurisperitos han publicado opiniones respecto a la publicación presidencial de datos personales de Loret de Mola, y todas coinciden: lo hecho por el presidente es un acto de flagrante violación a la ley.
Pero, hasta este momento, nadie ha movido un dedo para hacer que el presidente sea castigado por su delito. ¿Se convertirá este en uno más de la larga lista de crímenes atribuibles a AMLO, hasta este momento impunes? ¿O no debería ya el presidente haber sido, por lo menos, sometido a un proceso de impeachment por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la salud de la ciudadanía? ¿No es un delito grave contra el bienestar económico y social de la nación el haber despilfarrado miles y miles de millones de pesos en actos irracionales de gobierno? ¿No merece ser ventilado en un tribunal el hecho de liberar sin más a un criminal que estaba ya en manos de la justicia?
En otros países, por delitos menores que los de López Obrador, sus funcionarios públicos han acabado en la cárcel. La ciudadanía de esos países, con todo derecho, ha obligado a los responsables de aplicar la ley a entrar en acción, sin miramientos respecto al rango, al partido o al puesto. Basta citar el caso de Corea del Sur, donde hace unos pocos años la entonces presidenta fue destituida por medio del impeachment exigido por las multitudes ciudadanas, y luego juzgada y castigada con cárcel.
México, ¿seguiremos siendo un país de leyes inocuas, gobernado por criminales y soportado en silencio por sus ciudadanos?
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