El municipio, en cierto modo, debería ser la preocupación prioritaria de todos los niveles de gobierno.
Quien quiera que haya trabajado en un ayuntamiento mexicano habrá necesariamente experimentado la cotidiana angustia de constatar que las necesidades de la ciudadanía siempre superan a los recursos materiales destinados a satisfacerlas. Simplemente no hay dinero que alcance para llevar a cabo todas las obras de infraestructura y brindar los servicios demandados por la población. Los funcionarios municipales viven a diario el dolor y la vergüenza de tener que negar servicios básicos a la ciudadanía porque no hay dinero suficiente para brindarlos. Siempre hará falta dinero para vialidades, para parques y jardines, para cementerios, para distribución de agua y alcantarillado, para ayuda a las familias más desprotegidas, etcétera, etcétera. La ira ciudadana, claro, se ceba sobre los funcionarios municipales cuando las carencias del gobierno municipal afectan la realización de las actividades vitales básicas: transporte, trabajo, educación, alimentación, higiene. Al ciudadano que tiene que transitar por calles llenas de baches o en penumbra por falta de alumbrado público, o que se siente desprotegido por la policía, o que cada tercer día sufre desabasto de agua, sólo le queda el recurso de reclamar al alcalde o a los funcionarios al mando de éste. Y es entendible: son estos funcionarios los responsables inmediatos de proveer soluciones a las necesidades cotidianas de los pobladores del municipio. Es en el municipio donde la gente vive, donde debe satisfacer sus necesidades vitales, donde experimenta el bienestar o el malestar. El municipio, en cierto modo, debería ser la preocupación prioritaria de todos los niveles de gobierno.
Pero la realidad es muy distinta en México. La tajada del león en materia hacendaria se la lleva la federación, y a los ayuntamientos únicamente les llegan los recursos en forma limitada, hipercontrolada, frecuentemente decidida en forma discrecional por el gobierno federal. No es ningún secreto que en las administraciones de corte priista tradicional, como la actual administración federal, los recursos que por ley se deben entregar a los estados y ayuntamientos con frecuencia son escamoteados o retrasados si los gobernadores o alcaldes no pertenecen al partido del presidente de la República. Así lo hizo siempre el PRI y así lo hace su versión más moderna: MORENA. Este último partido simplemente actúa de acuerdo a sus genes heredados.
No es de extrañar, por tanto, que muchos alcaldes pertenecientes a partidos de oposición estén padeciendo el doble sufrimiento de verse relegados en la adjudicación de recursos y de verse incapaces para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas de servicios municipales. Esa es la realidad mexicana; que no cambiará sino cuando el municipio adquiera en la ley –especialmente en las leyes que reglamenten la forma de distribución de los recursos fiscales– y en la práctica, la importancia que se merece por naturaleza.
Tampoco fue de extrañar, por lo mismo, que un buen grupo de esos alcaldes marginados decidiera que era impostergable buscar una entrevista con AMLO para tratar de ablandar su corazón. Recurrieron a los canales normales, pero todo hace ver que los intentos pacíficos por concertar una cita con el presidente de la República fueron inútiles. Se optó entonces por tratar de forzar un poco el asunto. Se presentaron en grupo ante Palacio Nacional y demandaron audiencia. La respuesta del gobierno ya es anécdota viral: fueron rechazados con gases lacrimógenos. Ni siquiera a los vándalos que destruyeron monumentos históricos de la nación el gobierno trató de esa manera.
Y AMLO justificó esa acción diciendo que a los alcaldes se les había pasado la mano exigiendo audiencia; que se habían mostrado agresivos. (Se le olvidan al presidente de la República, por lo visto, las auténticas agresiones que él realizó, en sus tiempos de candidato, contra bienes de la nación y contra la ciudadanía). Es evidente que los años que pasó AMLO anhelando vivir en Palacio Nacional no lo prepararon para una de las funciones fundamentales del puesto: el diálogo con funcionarios de la oposición para buscar la unidad nacional y el bienestar de la ciudadanía. Él no está dispuesto a hablar con nadie que no piense como él. Ni le interesa conocer las penurias que afectan a dichos funcionarios. La unidad del país y el bienestar ciudadano no son parte de sus prioridades.
Es evidente también que AMLO nunca fue presidente municipal de alguna ciudad del interior del país. Su experiencia como cabeza de gobierno de la Ciudad de México probablemente no lo preparó para entender las angustias de los alcaldes de provincia. Fue lógico, por tanto, que en vez de aceptar reunirse con los alcaldes fumigados, AMLO prefiriera darles un consejo práctico desde el micrófono de la “mañanera” del día siguiente: “En vez de pedir, ahorren; dejen de gastar”.
Ni siquiera hizo falta que citara ejemplos de lo que él entiende por ahorrar. Todo mundo conoce los casos más destacados del ahorro predicado por AMLO. En vez de un aeropuerto de clase mundial, contentémonos con uno pequeño, incómodo, que ni siquiera cumple con los requisitos básicos de ingeniería aeroportuaria. En vez de gastar en medicamentos para los ciudadanos, recomienden que sean los médicos quienes paguen las medicinas de su bolsillo. En vez de mantener las estancias infantiles que tanto bien hacen a las familias trabajadoras, díganle a los abuelos que ellos se encarguen de cuidar a los niños. Y muchos más que ya forman parte del folklore presidencial.
Ese fue el consejo que era de esperar de parte de un experto en ahorros.
Los alcaldes pedigüeños volverán a sus localidades y dejarán de comprar material para pavimentos. En vez de hacer ese gasto innecesario, pedirán a los vecinos que sean ellos los que compren el material y hagan la faena. Dejarán de construir redes de distribución de agua, y pedirán que la ciudadanía forme cadenas de cubetas para transportar el agua a los barrios; dejarán de comprarles armas a los policías, y pedirán que se formen círculos de mamás que se encarguen de convencer a los criminales que dejen de delinquir. Así, en poco tiempo, las arcas municipales se verán llenas de recursos financieros y no tendrán que exponerse de nuevo los alcaldes a que les rocíen el rostro con gas lacrimógeno desde la puerta de Palacio Nacional.
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