La construcción de un México más democrático, más representativo y con un mejor equilibrio de los poderes no ha sido fácil y aunque parece que es mucho tiempo, lo cierto es que tienen menos de tres décadas, y eso puede parecer mucho tiempo; pero si se mira la historia de los países que hoy gozan de un Estado más equilibrado es muy poco. La llegada de Morena sólo ocurrió cuando quien lo creó, encabezó y consolidó como partido se dio cuenta de que su famosa frase “al diablo con sus instituciones” había pegado mucho más en el ánimo de la sociedad de lo que se quiso dar cuenta, así que para ganar en 2018 se disfrazó de demócrata y conciliador, apostando por una supuesta lucha contra la corrupción.
Pero tan despreciaba la democracia y el equilibrio de poderes que muchas de las candidaturas de Morena para puestos en los congresos locales y en el federal se obtuvieron a través de una rifa entre sus apoyadores. El movimiento transformador así dejaba ver que los perfiles preparados y con experiencia legislativa o trayectoria propia, salvo excepciones, no eran necesarios pues todos debían abrevar del que los llevaría a ganar. Desde ahí, se explica por qué tanto esta legislatura como la anterior simplemente han actuado como oficialía de partes recibiendo leyes, decretos y demás y aprobando a ciegas y sin negociación con las otras fuerzas políticas.
Sin embargo, la ciudadanía comenzó a valorar la importancia de contar con un Legislativo más equilibrado, y la votación de 2021 logró ganar algo de terreno, y por lo menos no tiene los números para aprobar cambios constitucionales.
Esto mismo ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México, en donde no había sido evidente para amplios sectores las ventajas contar con un poder legislativo que sea contrapeso para la imposición de parte del ejecutivo local. El rechazo de la ratificación de Ernestina Godoy era necesario no por llevar la contra a quien la puso y hoy es virtualmente la candidata de Morena —lo que sin duda da puntos a la alianza de partidos del Frente Amplio—, sino porque justamente hubo evidencia de que Claudia Sheinbaum la tenía subordinada a su antojo —hubo videos reveladores— y lo mismo el titular del Ejecutivo federal desde las épocas en que fue jefe de gobierno.
Pero, sobre todo, la fiscalía dio pésimos resultados colocando a la entidad en el lugar 31 de 32 de evaluación de Estado de Derecho, con una impunidad de entre 95 y 98 por ciento según el delito —en el caso de homicidio doloso en 2022 fue en 100 por ciento—, acusaciones de espionaje, etc. La ciudadanía tiene una nula confianza en su actuar y la denuncia es realmente escasa. Y por supuesto, el uso faccioso de sus facultades ha sido varias evidenciado, siendo el caso más notable su contubernio con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero en su vendetta personal.
Tanto con Godoy como con Gertz, y quizá con la mayor parte de los estados del país, tenemos evidencia de la fiscalía independiente —recuérdese que la idea de que los fiscales los nombren los congresos fue fraguada en el sexenio pasado para evitar el vicio de que las procuradurías dependían del presidente y de los gobernadores— no ha sido el modelo exitoso que se esperaba y ha venido repitiendo exactamente los mismos vicios de antes, sobre todo, por la configuración favorable a cada poder ejecutivo de los poderes legislativos. Pero además han caído en efectividad casi en picada, lo que explica en parte del ambiente de inseguridad que se respira con terror en todas partes del país.
Este tema es muy importante considerarlo este año electoral, porque sin duda es indispensable que contemos con un Poder Legislativo más plural y representativo, pero también que nos planteemos cómo debe ser el modelo de persecución de los delitos para abatir el rezago en la impartición de justicia.
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