Mientras tanto, la violencia no solo se desborda en las calles, sino también entre las cuatro paredes de los hogares mexicanos.
El ya largo confinamiento al que ha obligado a la sociedad la pandemia por COVID-19 no ha terminado de convencer a la mayoría de las personas de que la llamada normalidad, que no es otra cosa sino el estado de cosas anterior a esta crisis sanitaria, no volverá a ser igual.
Muchas de las situaciones, las relaciones, los acontecimientos y las decisiones consideradas normales, han cambiado y en ese cambio no hay marcha atrás.
Se ha dicho, con sobrada razón, que la crisis sanitaria y sus efectos económicos constituyen una oportunidad no solicitada para reinventar a la sociedad y, en medio de esa oportunidad, muchas cosas han cambiado para bien y otras, por desgracia, para mal.
Las prioridades de gobierno están entre esas cosas que han cambiado. Muchos planes, buenos o malos, ya no son aplicables, y las expectativas planteadas en las más altas esferas se han modificado.
Por desgracia, entre las nuevas prioridades no se encuentra el combate a la violencia. Le superan, entre otros, la necesidad de recuperar popularidad, el “aplanamiento” de la curva de contagiados por coronavirus, aunque ese “aplanamiento” sea ficticio, y las maniobras para alinear todos los factores posibles hacia una elección intermedia que refuerce al grupo en el poder.
Mientras tanto, la violencia no solo se desborda en las calles, sino también entre las cuatro paredes de los hogares mexicanos. Preocupante, muy preocupante.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice de violencia intrafamiliar creció casi 21 por ciento en el primer trimestre de 2020, y en 2019 se registró la más alta cifra de delitos contra la familia, principalmente contra mujeres, al superar las 239 mil carpetas de investigación.
Esos indicadores, anteriores a la pandemia, han sido superados durante el confinamiento, que comenzó en marzo de este año. El Semáforo Delictivo indica que los delitos denunciados, por violencia intrafamiliar, llegaron a casi 20 mil tan solo en agosto.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio a conocer en mayo que las llamadas de emergencia por violencia de pareja o intrafamiliar sumaron 115 mil 614 desde que comenzó la contingencia, y que la tendencia del fenómeno es hacia la alza.
Ante tal panorama, lejos de incrementarse el presupuesto y de replantearse la estrategia de protección a las víctimas de la violencia en los hogares, que son mujeres en su mayoría, la propuesta de presupuesto para 2021 contempla una reducción de recursos para mejorar a las policías municipales y a las estatales.
El problema es grave y reclama la unidad y la acción de todos los mexicanos, tanto para denunciar los casos de violencia como para exigir a las autoridades una protección efectiva de quienes sufren violencia en sus propios hogares.
La prioridad debe ser el bien común, no la permanencia o el relevo en el poder.
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