Ante la exigencia de la sociedad civil para acabar con la corrupción, el presidente electo anuncia un perdón anticipado. La ciudadanía se decepciona, AMLO responde “no le hace, no me importa”.
Los últimos días nuestro presidente electo ha realizado una auténtica “visita de las siete casas”, recorriendo una serie de medios de comunicación donde va esbozando lo que será su estilo para gobernar. Nada nuevo hasta aquí.
Incongruencias, contradicciones han sido la constante en las declaraciones de López Obrador, pero quizá una de los mensajes que más revuelo han causado es el referente a que en su administración no se perseguirán actos de corrupción tanto de expresidentes como de funcionarios públicos anteriores a su mandato.
Algunas de las justificaciones de López para tomar tal decisión son las siguientes: se llenarían las cárceles con todos los corruptos, se generaría una desestabilidad social que no es deseable, implicaría un desgaste innecesario para su gobierno, a él no lo mueve la venganza, lo mejor es poner un punto y aparte en materia de corrupción.
Si bien algunas de estas declaraciones pueden mover a risa, también es cierto que encierran un peligroso mensaje de autoritarismo mesiánico por parte de nuestro presidente electo. Y aquí vale la pena puntualizar algunas ideas.
Primero, los temas de seguridad pública y de corrupción quizá fueron los dos principales descontentos sociales que capitalizó extraordinariamente Andrés Manuel en su campaña. Los mexicanos están cansados de la corrupción, que por cierto en este gobierno alcanzó niveles para muchos impensables (basta recordar casos como la casa Blanca, Rosario Robles o exgobernadores priistas). Ahora con este “perdón anticipado”, nuestro próximo mandatario está traicionando el reclamo social que lo llevó en gran medida a la presidencia.
Segundo, la impartición de justicia no es una atribución como tal del Jefe del Ejecutivo. El que nuestro presidente determine a quién se perseguirá y a quién no por actos de corrupción es una pésima señal que sólo demuestra la vena autoritaria que tanto se le ha criticado al presidente electo.
De ahí que cobre mucha mayor fuerza y relevancia el llamado de la sociedad civil para contar con una Fiscalía General verdaderamente autónoma, que persiga y castigue la corrupción, no por decisión o contentillo presidencial, sino como una acción permanente de combate a este cáncer nacional.
Tercero, venganza no es antónimo de justicia, como bien ha señalado la politóloga María Marván. El argumento de que AMLO no perseguirá la corrupción anterior a su toma de protesta porque no se mueve por venganzas es un sinsentido. Su “acto de perdón” en realidad es una apología de la impunidad. La auténtica justicia implica castigar todo acto de corrupción, venga de quien venga y haya sucedido cuando haya sucedido. No puede ser selectiva, ni al gusto de nadie.
“Las indulgencias plenarias son propias del orden eclesiástico, no de los Jefes de Gobierno en sistemas basados en la ley”, señaló en sus redes sociales el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos. Y no podemos estar más de acuerdo. Es inadmisible proponer una amnistía general a la corrupción.
El mensaje de la sociedad es bastante claro: acabemos con la corrupción. El mensaje de López también parece claro: “No le hace, no me importa”
–Va a decepcionar a mucha gente que votó por usted…
– No me importa. No le hace. No me importa.
Absolutamente nada que agregar.
#AMLOenImagen pic.twitter.com/DleoX05fKC— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) 21 de noviembre de 2018
Pésima señal para los que votaron por López Obrador y también para los que no votaron por él.
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