Durante el primer fin de semana de este nuevo sexenio, hubo 226 asesinatos registrados, y si bien todos son lamentables, hay uno que resalta especialmente: el homicidio del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Esta violenta muerte abre un penoso precedente para el recién iniciado régimen por la saña del mismo, por el mensaje que envía y por las actitudes y las acciones que por parte del gobierno federal se deriven.
Este asesinato ocurrió a unos días de que hubiera tomado posesión, y fue precedido por la muerte de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del ayuntamiento, a los tres días de iniciar sus funciones y la muerte de otro de sus colaboradores en materia de seguridad unos días antes del inicio de su periodo. Arcos había llegado al poder como candidato de la alianza PRI, PAN y PRD que aunque perdió muchísimas posiciones a nivel nacional, ganó muchas de las capitales estatales incluso de estados morenistas como es el caso de Guerrero.
Arcos, por lo menos en entrevistas radiofónicas, había expresado su preocupación y había solicitado mayor seguridad para sí mismo y para su equipo de trabajo. El crimen fue muy violento, pero fue más aún sanguinario que lo decapitaran y la cabeza fuera dejada en la parte superior de su camioneta. No se trató sólo del crimen en sí, sino que hubo una intención de dejar un mensaje con saña para amedrentar. No se puede soslayar que la presidenta municipal anterior y perdedora de la elección frente a Arcos, Norma Otilia Hernández, fue exhibida varias veces por sus reuniones con miembros del crimen organizado; eran tan descarados los lazos que incluso se le expulsó de Morena. En una interpretación superficial se puede creer que Arcos se negó a mantener cualquier tipo de acuerdo de ahí su asesinato, y todavía más, parecería que si el crimen organizado no “aprueba” o no llega a acuerdos con las autoridades legalmente electas por los habitantes de un lugar serán ejecutadas.
Las recciones frente al asesinato también resultan reveladoras. Mientras que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, emitió un mensaje a las pocas horas del evento en su cuenta de TW lo que la muestra por lo menos con cierta solidaridad con el fallecido y anunció que la fiscalía local ya trabajaba en el asunto, aunque si resultara que no atendió la petición de mayor seguridad de alguna manera sería facilitadora del asesinato. Los nexos de Salgado y de su padre Félix (el original candidato al puesto de gobernador) se comentan sotto voce en todo Guerrero y en el país y eso siempre despertará sospecha de su colusión además de las cuestiones partidistas.
Por su parte, la presidenta mantuvo silencio hasta el día siguiente. En su conferencia mañanera del lunes, no se refirió a los hechos hasta pasada más de media hora de la misma. La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum en menos de 56 segundos se refirió al asunto sin siquiera utilizar el nombre del fallecido haciendo alusión únicamente al “lamentable suceso” con el presidente municipal de Chilpancingo, no hubo una condena abierta y enérgica del hecho, tampoco emitió un pésame ni nada por el estilo a la familia (el fallecido deja un hijo pequeño). Anunció que habría una investigación para establecer el móvil, que se estudia por parte de la Fiscalía General que se atraiga el caso y que al día siguiente se daría a conocer en voz de Omar García Harfuch la estrategia nacional, repitió que tendrá “presencia, inteligencia, investigación”.
Este artero asesinato ocurre en uno de los estados más violentos del país, donde la misma geografía dificulta, cuando las hay, las acciones de seguridad por parte de las autoridades. También hay que recordar que una de las consecuencias más negativas de la centralización de la seguridad en manos de la Guardia Nacional y de la militarización de la misma, ha sido la pauperización de los presupuestos y la capacitación de las policías municipales y las estatales. Esto deja a los presidentes municipales de buena voluntad, como al parecer era Arcos, con un escaso margen de maniobra en estas tareas, y como se ha visto, totalmente expuestos en su seguridad personal.
La extensión de la violencia en todo el país sí es fruto del fracaso en la materia de varias administraciones, pero sin duda se agravó con la política de “abrazos no balazos” que apostó, en el mejor de los casos, a dejar el campo libre al parejo a todos los cárteles criminales o, como se sospecha cada día más, a establecer un contubernio con ellos en diferentes grados y niveles para beneficiar al grupo en el poder sin importarles las víctimas colaterales que son, potencialmente, todos los mexicanos. Ojalá que en verdad este sexenio el tema se aborde con proactividad, con determinación y con la fuerza necesaria. Es necesario exigirlo desde ya, nuestras vidas están en juego.
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