Cumplir la ley y respetar las instituciones es la primera condición que debe acatar un buen gobernante, aquel que está comprometido con el bienestar y prosperidad de sus gobernados; no hacerlo, en cambio, implica presuponer que existen motivos retorcidos o perversos con los que pasando sobre los derechos de la población se beneficia a algunos cuantos o simplemente se satisfacen caprichos.
Uno de los sellos más característicos del actual jefe del Ejecutivo es el “mandar al diablo a las instituciones”, y por supuesto a la ley, así lo dejó claro incluso antes de llegar al poder y una vez instalado en éste no ha desperdiciado minutos en llevarlo a la práctica, lo que ha sido copiado y reproducido al pie de la letra por quienes gobiernan a su lado o quienes pertenecen a su movimiento y ocupan cargos de poder.
Es importante resaltar que en México no vivimos bajo un poder absoluto propio de las dictaduras, sino que las funciones del Estado lo componen los Poderes de la Unión Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al Ejecutivo le corresponde administrar, el Legislativo debe aprobar o derogar leyes, mientras que el Poder Judicial es el que las interpreta, las hace respetar o las invalida.
Las funciones de cada uno de los tres Poderes de la Unión están bien delimitadas y ninguno vale más que otro, con ello existen contrapesos y equilibrios evitando que todo el poder se concentre en uno sólo.
A pesar de ello, este gobierno ha hecho de todo por saltarse las trancas. En diversos ámbitos la actual administración federal se ha caracterizado por violar la ley, desacatar las determinaciones judiciales y hacer lo que se le viene en gana, no sin antes denostar a quienes no piensan igual, y peor aún, ponerlos en riesgo como ha sucedido con periodistas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, miembros de la sociedad civil, diputados y una larga lista de etcétera.
Pero la cosa no para ahí, retorcer la ley y no cumplir lo dictaminado por el poder judicial, por mero capricho, ha dañado a personas en su salud, patrimonio, economía, seguridad, entorno, convivencia, oportunidades, trabajo, educación y en muchos ámbitos más, en el fondo han minado al ser humano.
Una vez más la táctica de mandar al diablo a las instituciones está en marcha en el ámbito educativo. La elaboración de los libros de texto gratuitos se realizó en total secrecía por parte de las autoridades educativas, de tal suerte que ni especialistas, ni maestros, ni padres de familia tuvieron la oportunidad de participar en consultas para su elaboración, lo que es ilegal.
La juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Medina, el 25 de mayo de 2023 falló a favor de un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) por lo que ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) suspender la impresión de los libros hasta que comprobaran que se elaboraron conforme a lo establecido en la Ley General de Educación.
La orden de la juez fue ignorada y no tienen la mínima intención de cumplir con lo determinado por la representante de la justicia, aún más, el propio presidente aseguró que no existe ningún impedimento para que los libros lleguen a las escuelas para el reinicio a clases el día 28 de agosto, “no hay juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada”.
Así, sistemáticamente el gobierno federal se ha pasado la ley por el Arco del Triunfo, ha ignorado la orden del Poder Judicial, ha hecho a un lado la opinión de la sociedad civil, y peor aún, arrebata a los niños y a las niñas de este país la oportunidad de recibir una educación de calidad por lo que pone en riesgo su futuro, su desarrollo y su sana convivencia, lo que no tiene explicación más que en mentes retorcidas.
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