Hoy, las Fuerzas Armadas del país están presentes no sólo en las calles, sino en cargos estratégicos y de control de la vida civil.
El presidente quiere modificar la Constitución para poner el último clavo del ataúd en la “promesa” de una fuerza civil y policiaca para combatir el crimen organizado.
Si hay una promesa de campaña que el titular del Ejecutivo no sólo no ha cumplido, sino que ha hecho lo opuesto es la de “regresar el ejército a los cuarteles”. Hoy, las Fuerzas Armadas del país están presentes no sólo en las calles, sino en cargos estratégicos y de control de la vida civil.
A lo largo de estos casi tres años de gobierno se han ido quitando funciones a las secretarías de estado para concentrar en Sedena y en Semar diversas tareas: la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía; tres tramos del Tren Maya y su administración y en el mismo paquete van los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque; la construcción de sucursales del Banco del Bienestar y de cuarteles de la Guardia Nacional, control de los todos puertos del país, presencia en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; control total de las Aduanas…
No se enumera la distribución de gas, que los mete hasta en la cocina literalmente, porque apenas corre el plazo para echar andar ese nuevo proyecto y esta tarea será de la Guardia Nacional y, en papel, la Guardia Nacional hoy no pertenece en estructura a la Sedena. Aunque es lo que viene, pues el presidente quiere modificar la Constitución para poner el último clavo del ataúd en la “promesa” de una fuerza civil y policiaca para combatir el crimen organizado.
La Guardia Nacional fue el primer asomo de la traición la promesa y a los grupos, que al inicio de la Legislatura por terminar, participaron por meses en consultas y Parlamento Abierto negociando los términos para crear un cuerpo policiaco que tomara el lugar de la fallida Policía Federal y que garantizara un mando civil. No sólo se ignoraron muchos de esos acuerdos, sino que al final se nombró sin más a un militar a la cabeza. Además, fracasó (o nunca se intentó en serio) el reclutamiento de sus miembros, por lo que simplemente se destinaron elementos militares para llenar el cupo. Posteriormente se legalizó con un decreto la participación de la Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, tema donde cada día es más evidente que se está fracasando de manera estrepitosa.
¿Por qué quien al inicio incluso hizo comentarios ofensivos a los militares tuvo semejante giro? Una primera explicación expone el punto más flaco del presidente: no tiene que construir las condiciones ni realizar las negociaciones que en el ámbito civil serían necesarias para llevar a cabo todos esos proyectos. Simplemente, como comandante de las Fuerzas Armadas, da la orden y otros se llevan la tarea. Es el mundo ideal de quien prefiere imponer antes que lograr sinergias para sus proyectos faraónicos. Lo cual se explica, quizá, porque difícilmente serían “comprados” por el mercado abierto, pues pintan para inoperantes a ojos de casi cualquiera.
En segundo lugar, se vende la falsa idea de la incorruptibilidad del Ejército y la Marina, apoyado en el pasado prestigio de esas instituciones. Sin embargo, a ningún órgano del Estado le es más fácil ocultar el destino de los crecientes fondos presupuestales, pues basta con argumentar que se pone en riesgo la seguridad nacional. Además, muchos de esos fondos van a un fideicomiso. Sí, esa figura despreciada por “opaca” se usa aquí precisamente porque lo es. El riesgo de corromper internamente a estos dos pilares del Estado es altísimo y aterrador.
Por supuesto, en tercer lugar, no se puede negar ni soslayar que el presidente puede estar motivado por la tentación de consolidar un estado militarizado que anule por la fuerza a la oposición como ocurre en Cuba o Venezuela.
Las voces ciudadanas no pueden renunciar a señalar este avance y presionar para que no avance la pretendida reforma constitucional que fusione a la Guardia Nacional en Sedena, porque es claro que este camino no da resultados en el combate a la inseguridad, se pone en un terrible riesgo a las Fuerzas Armadas de ser carcomidas por la corrupción y porque los mexicanos no queremos vivir en un estado dictatorial.
Te puede interesar: La Consulta (Anti)Popular
