Es bastante claro que la elección de los miembros del Poder Judicial es fruto de una imposición y que ha sacudido los pilares de la república. Si de origen la idea es depredadora del balance entre poderes, el proceso de elección está tan viciado que el resultado será todavía más devastador para la impartición de justicia y será un retroceso muy profundo para el país.
El planteamiento de la elección de los miembros del Poder Judicial ha sido un proceso atropellado en las Cámaras tanto de Senadores como de Diputados. Las primeras leyes pasaron con altas sospechas de que no había ni siquiera el quórum porque legislaron en sede alterna y al vapor. El resultado de esa legislación fue, entre otros, un reblandecimiento de los criterios para participar en la elección, los requisitos son tan básicos que resultan más fáciles de cumplir que los necesarios para ingresar a alguna universidad o pedir un préstamo bancario. Ese reblandecimiento resultará grave porque, más allá de la ideologización de la justicia, resultará en la ausencia de perfiles preparados para los enormes y complejos retos de impartir justicia en la variedad de ramas del derecho. Además, si hoy hay retrasos o procesos complicados (y muchos de esos fracasos son por las fiscalías), pronto la ineptitud y la inexperiencia serán las únicas constantes que complicarán cualquier proceso hasta límites que hoy ni siquiera podemos prever.
Por otra parte, se han detectado contradicciones entre las diversas leyes aprobadas, y las leyes secundarias, (especialmente en cuanto al cuerpo que vigilará el trabajo de los juzgadores), han resultado todavía más agresivas en cuanto que plantean una vigilancia interna de tal control que sólo país de corte totalitario y represor se tiene algo así y eso dice mucho de hacia donde podemos ir. La supresión de la libertad de los juzgadores para el ejercicio de su trabajo es lo que se legisló, es decir, no sólo han creado mecanismos para que lleguen sólo incondicionales a los puestos sino que se hará un control coercitivo por si acaso alguno decidiera actuar con libertad.
Respecto las formas de elección de los participantes en la elección se optó por un mecanismo un tanto extraño en el que los tres poderes podían recibir solicitudes de aspirantes, que además de podían inscribir en los tres “portales”. Fue irrisorio que al cierre de los registros tanto en el del Poder Legislativo como el Ejecutivo se dispararan los números (sobre todo cuando el sitio de registro del Legislativo se cayó varias horas e inventaron un “correo” para suplir). En contraste, el menor número de registros se dio en el Judicial donde hay más control.
Las listas del Legislativo se han dado a conocer, y se ha detectado nombres duplicados, y peor aún registros que quedaron como Jorge1Jorge1Jorge1 o PruebasPruebasPruebas. Asimismo, algunos ciudadanos se han dado a la tarea de buscar en el registro de cédulas profesionales a algunos de los inscritos resultando que hay varios que no cumplen con el requisito mínimo de haber egresado cinco años antes de la carrera (y seguro saldarán aquellos que no tienen el promedio de 8 mínimo). Es de esperar que las otras listas tengan iguales fallos, y la falta de uniformidad hasta en cómo y cuándo darlas a conocer abonan al desorden en esta elección.
Además, los criterios para analizar la idoneidad de los participantes son bastante dispares en los tres poderes. Mientras el Judicial plantea exámenes y filtros variados, el Legislativo asigna puntajes tan difíciles de medir como “mérito profesional” y “honestidad”, y el Ejecutivo no tiene criterios establecidos. Es decir, los vacíos son tan amplios que se colará lo que sea por ahí.
Como si todos esos elementos no fueran suficientes para crear incertidumbre y vulnerar a la justicia, el INE argumenta con razón que los costos de esta elección son elevadísimos porque es mucho más compleja que la elección de representantes populares y autoridades. Sin olvidar que si se quiere hacer en serio la ciudadanía debería ser informada de lo que está en juego y la implementación de un proceso que no puede ser igual al normal de la elección; porque es una elección totalmente diferente. Es claro que el INE no obtendrá los recursos que está peleando, que tampoco obtendrá una prórroga para organizarla y que lo que haga tendrá un efecto negativo que contribuirá a su debacle de una de las instituciones más confiables (y de mayor prestigio internacional) hace unos cuantos años a una acotada y subordinada. La participación se presume será sólo de incondicionales.
Todas estas dificultades en sí mismas son muestra de que elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte es una pésima idea y que además hacerlo con prisas y sin recursos hará que este proceso sea un gran fracaso incluso para sus propios estándares. No hay dudad de que quienes impulsan este galimatías cada día más enredado lo hacen a propósito para fracase, pues no buscan en lo más mínimo mejorar la impartición de justicia, sino apuntalar un régimen autocrático que conlleva riesgos que pueden derivar en crisis muy graves que apenas alcanzamos a vislumbrar.
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