Muchos desde la oposición gritan a la menor provocación que la Suprema Corte ha sido absolutamente sumisa todo el sexenio.
La división de poderes es, junto a la democracia, uno de los pilares sobre los cuales se sustenta, por lo menos en teoría, nuestro sistema de gobierno. Como tantas otras cosas en nuestra convivencia política, hay poco conocimiento de lo que eso significa en la vida diaria de las personas. Esto en parte se debe a que los mexicanos tenemos poco tiempo funcionando realmente con esos valores democráticos y republicanos, pues fue sólo hasta finales del siglo pasado que tras años de lucha se logró balancear al dominante Poder Ejecutivo con un Poder Legislativo más representativo.
En el caso del Poder Judicial, su cabeza más evidente es la Suprema Corte y fue precisamente con el último presidente del priato añejo que se inició una nueva era. En otras palabras, dejar atrás la simulación de república que caracterizó a los gobiernos emanados de la Revolución tiene menos de tres décadas.
Hasta antes de la llegada del actual titular del Ejecutivo, los diputados y senadores de las diferentes Legislaturas lograron tener los reflectores si no al mismo nivel que el presidente en turno, sí figuraron más. En contraste, los miembros de Poder Judicial y en específico de la Suprema Corte han pasado desapercibidos. Esto es explicable en cierta medida porque sus cargos no se deben al voto directo, sino que son propuestos por el Ejecutivo y electos por el Legislativo. También, porque sus funciones resultan mucho más especializadas y son más difíciles de entender para la gran mayoría de la población, incluso, aquella interesada en la política. Sin embargo, a últimas fechas y, curiosamente, gracias a los constantes estira y afloja del actual titular del Ejecutivo se ha mirado con mayor atención la actividad de la Suprema Corte.
En cuanto a la integración de la Suprema Corte no resulta inusual que el titular del Ejecutivo —pasa en todas partes del mundo— proponga a ministros que vayan en consonancia con su visión ideológica. De hecho, la rotación natural de los ministros se diseñó de manera escalada para que a lo largo del tiempo ese sesgo se vaya balanceando. Sin embargo, en este sexenio en esta área también se han presentado una situación, no digamos irregular, sino “extraordinaria” pues al parecer para evitar la apertura de causas judiciales Eduardo Medina Mora renunció a cargo y abrió la posibilidad de que el titular del Ejecutivo tenga hoy 4 ministros propuestos por él y no los tres que hubiera sido lo normal. De esta manera, en este sexenio han llegado José Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, pues el dominio aplastante de Morena en el Legislativo hizo imposible cualquier tipo de oposición a su postulación.
Como se dijo antes, la cercanía ideológica que mueve a un titular del Ejecutivo para postular a cierta persona es entendible; pero debería llegar hasta ahí incluso si sus “gallos” pasan las votaciones en las Cámaras. Así pues partir del nombramiento, se espera que quienes ocupen el cargo actúen de manera independiente y ajustados únicamente a principios jurídicos, sobre todo, cuando se trata de juzgar materias constitucionales, sin extralimitarse a legislar. Es lo juran al iniciar su periodo.
Obviamente, esa libertad sólo se puede tener cuando el ambiente democrático y republicano goza de cabal salud. En cambio, cuando se tiene un titular del Ejecutivo tan cercano a la verborrea y tan lejano a la vida institucional se dan situaciones verdaderamente extrañas. Pues por un lado el titular del Ejecutivo se muestra “arrepentido” de sus nombramientos porque parecería que el tema de prisión preventiva oficiosa no le harán caso, aunque la moneda ha quedado momentáneamente en el aire.
Por el otro, muchos desde la oposición gritan a la menor provocación que la Suprema Corte ha sido absolutamente sumisa todo el sexenio. Y si se revisa con cierta objetividad cómo se ha votado en temas del interés central del Ejecutivo, fuera de Yasmín Esquivel que en muy pocas ocasiones ha mostrado independencia en su voto, los otros han apoyado o rechazado aplicando su propio criterio o dando argumentaciones jurídicas sostenibles. En ese sentido, el presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se ha mostrado mucho más sumiso y sí se ha extralimitado en temas donde más bien ha hecho que la corte asuma facultades legislativas como ha sido en el caso del aborto.
En este marco, se está dando esta semana la discusión de mantener o no la prisión preventiva oficiosa que en simples palabras es esperar en la cárcel mientras se espera sentencia, y si se resulta inocente haber perdido años encerrado y si se resulta culpable “abonar” a la pena impuesta el tiempo ya servido. El tema no es menor porque tal como está en la actualidad la prisión preventiva oficiosa en un gran porcentaje afecta gente vulnerable que no cuenta con medios para contar con un abogado y puede ser usada como arma para contener opositores o cumplir venganzas. Pero es un tema que sí está en la Constitución, y la propuesta va en el sentido de adoptar recomendaciones de la Corte Interamericana para anular lo que hoy dice la ley, en el espíritu de defensa de los Derechos Humanos.
El titular del Ejecutivo se ha lanzado en una defensa abierta de la prisión preventiva oficiosa apelando a la desinformación e incluso al engaño para presionar a la Corte, no defendiendo la Constitución sino argumentando que este tipo de prisión es fundamental para su “plan de seguridad”. Si bien la presiones de parte del Ejecutivo a otro poder siempre serán reproblables, las voces furiosas y enceguecidas que descalifiquen desproporcionadamente a la Corte tampoco aportan al diálogo ni a la democracia. Es importante desde la ciudadanía responsable buscar entender los argumentos jurídicos que puedan escucharse para justificar una u otra decisión para así reclamar o no los ministros el sentido de su voto en lo particular.
Es una consiga popular decir que “no hay mal que por bien no venga” el sexenio actual podría ser un claro ejemplo de esa paradoja. Pues, como van las cosas, algún día se le tendrá que agradecer al actual titular del Ejecutivo el haber encendido en muchos más ciudadanos un vivo interés en observar y vigilar la actuación de los miembros de los Poderes Legislativo y Judicial. Es una situación muy parecida a lo que ocurre cuando en los hogares se va la electricidad y las horas de oscuridad nos hacen apreciar mejor las grandes ventajas que tiene contar con ella. Esto, sin embargo, sólo ocurrirá en la medida en que los ciudadanos nos mostremos dispuestos a entender mejor a las mismas instituciones que decimos proteger para desde la razón y la propuesta buscar incidir en consolidarlas para que la república en la que vivimos siga vigente y la democracia siga siendo un baluarte.
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