El fin de semana pasado sorprendió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos difundiera una carta abierta con un ataque frontal al INE, tomando como pretexto la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Síntesis de la Recomendación General 46/2022. Sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965.
La primera sorpresa es porque el silencio de la CNDH desde el nombramiento de Rosario Piedra ha sido bastante significativo. Apenas en alguna que otra ocasión ha comentado algo y de lo más sonado fue salir en la defensa de un conocido periodista muy afín al gobierno actual, no alzado la voz frente a la militarización, los feminicidios y el aumento de la violencia.
La segunda sorpresa es que es la CNDH tiene prohibido expresarse en materia electoral tal como lo dice el Artículo 102 de la Constitución: “Estos organismos [las comisiones federales y estatales de derechos humanos] no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.
La tercera sorpresa es que en lugar de utilizar el artículo constitucional que define que somos una democracia representativa, utilizan uno de los incisos del Artículo 3.º que describe cómo debe ser la educación, quizá porque usa la palabra “pueblo”, en lugar de Estado, mostrando su claro interés en forzar todo a priori.
Por todo lo anterior resulta artificial, forzado y además anacrónico el meter el asunto electoral como “conclusión” de la Recomendación 46/2022. El periodo histórico que “analizan” es 1951-1965, o sea, 25 años antes de la fundación de INE, y la recomendación al Congreso por parte de la Comisión dice a la letra:
Llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el período 1951-1965.
Sólo quien tiene intenciones de golpear muestra tal tozudez ante la evidencia de que el INE se ha distinguido por ser autónomo, ha garantizado la transparencia del proceso electoral y permite el efectivo recuento de los votos. De hecho, los ciudadanos mismos son quienes cuentan los votos uno por uno en presencia de testigos de todos los representantes de partido en las casillas y cualquier observador electoral acreditado con absoluta transparencia. El miércoles siguiente se hacen los cómputos oficiales nuevamente a partir del trabajo ciudadano otra vez frente a los representantes de los partidos y se procede, si es necesario, a abrir paquetes electorales y recontar.
Seguro que por mera coincidencia algunos de los hechos históricos usados como sustento a la recomendación resultan extrañamente parecidos a lo sucedido en el Congreso desde septiembre de 2018. En torno a la Ley Electoral Federal de esos años, se recapitula cómo fue aprobada “sin cambiarle una coma” ni escuchar a la oposición:
Es el caso, por ejemplo, que se ha insistido en repetidas ocasiones que las reformas más avanzadas en términos políticos y electorales fue la de la FPPM [Federación de Partidos del Pueblo Mexicano] que ni siquiera se discutieron en la Cámara de Diputados durante las sesiones realizadas para la aprobación de la Ley Electoral Federal de 1951 presentada por el PRI, y aprobada el 4 de diciembre de ese año, sin cambios.
Las actuaciones de la CNDH a lo largo de su propia historia no se han distinguido por ser populares, muchas de sus recomendaciones han sido controvertidas, muchas veces incómodas para los organismos gubernamentales, sujetas a ciertas agendas ideológicas, pero nunca habían sido abyectamente sumisas al Poder.
En este marco, cabe recordar que el principal argumento para decir que el INE actual debe desaparecer ha sido que es muy “caro”. Sin embargo, sus resultados están a la vista de todos y en la cartera de cada mexicano que usa su credencial para votar como identificación oficial en todas partes. Esos resultados tangibles se obtienen con 14,430 millones al año. La CNDH nos cuesta 1,722 millones al año, en otras palabras, el presupuesto del INE daría para mantener 8.3 CNDHs y sus resultados, a diferencia de los del INE, hoy son raquíticos, risibles e inútiles, por decir lo menos. En otras palabras, si nos atenemos a resultados comprobables, el INE nos sale en realidad bastante barato y la CNDH nos sale muy cara.
Los ciudadanos mexicanos conscientes del valor de la democracia queremos, defendemos y apoyamos al INE y estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario por mantenerlo, porque como señala la carísima CNDH afirma sí requerimos “un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas”, justo lo que hace desde hace más de 3 décadas el hoy Instituto Nacional Electoral.
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