Se teme que el Acuerdo se use para evitar la rendición inmediata de cuentas, especialmente, en temas de contratos, asignaciones y uso de recursos presupuestales.
El pasado 22 de noviembre en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un Acuerdo en el que se establece que todas las obras de infraestructura que lleve a cabo el gobierno federal no sólo son de interés público, sino que se les considera además materia de “seguridad nacional”. El Acuerdo parte de una cita incompleta del primer párrafo del artículo 26 de la Constitución (se omite que el crecimiento de la economía es la para la independencia además de la democratización política, social y cultural de la nación) subraya la responsabilidad el Estado en esta materia.
Con esa consideración se determina un régimen de excepcionalidad para esos proyectos que obligan a todas las secretarías a acelerar cualquier permiso, dictamen o autorización de manera provisional e incluso, si no dan la autorización en menos de cinco días, se considerará en automático que se cuenta con ella. Y cada secretaría tendrá un año para expedir los documentos definitivos.
En el Acuerdo, no se enlistan las obras en concreto ni se define un procedimiento para determinar si serán algunas las beneficiarias de la excepcionalidad o cualquier obra federal. Sí se enlistan sectores que entrarían en esa modalidad, y básicamente se abre la puerta a cualquier tema: “comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”.
Tampoco queda claro qué pasaría si en esos doce meses se determinara que alguna de esas aprobaciones exprés no procede porque ponen en grave riesgo el patrimonio nacional o al medio ambiente o cualquier otra situación dañina a los derechos de terceros. Curiosamente, ese acuerdo tampoco recoge la disposición en el segundo párrafo del artículo 26 que cita inicialmente, el cual dice a la letra: “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. Por supuesto, que el Plan Nacional de Desarrollo que esta administración presentó desde el inicio fue como un mero requisito y este Acuerdo muestra una vez más que la improvisación ha privado en estos años. Además, de que nace bajo la sospecha de ser una reacción contra amparos que en apoyo a grupos vulnerables han hecho algunas personas y organizaciones de sociedad civil.
Hay que subrayar que el Acuerdo va firmado por todos los secretarios de Estado. No se sabe si firman como meros testigos o emitieron convencidos su opinión favorable por considerar que el Acuerdo en verdad es necesario porque las secretarías que encabezan son incapaces de apoyar de manera efectiva esos planes y necesitan ser arrolladas en sus funciones y potestades para dejar de ser el obstáculo que impida el verdadero desarrollo de la nación.
Dicho acuerdo despertó airadas reacciones entre muchos opositores, llamando al documento Decretazo aunque no lo sea necesariamente. Una de las preocupaciones centrales, además de ese barrido de “formalidades” (el Ejecutivo gusta mucho de la metáfora de la escoba), está en el uso de la etiqueta “seguridad nacional” para esas obras; aunque la Ley de Seguridad Nacional no es mencionada en el Acuerdo. Se teme se use para evitar la rendición inmediata de cuentas, especialmente, en temas de contratos, asignaciones y uso de recursos presupuestales porque el Acuerdo no dice pero tampoco aclara. El asunto queda sujeto a la interpretación y la buena voluntad. Esto va en detrimento del combate a la corrupción (la escoba también se usa para esconder la basurita debajo de una alfombra). No se puede obviar que unos días antes de la publicación de este Acuerdo se dio a conocer un reportaje que dejaban muy mal parados a los responsables de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y eso que sólo parte de los contratos no estaban blindados.
El Acuerdo, se use o no para ocultar información, es una muestra del fracaso del gobierno actual en la articulación y planeación de sus obras en lo particular y en la mejora de la operatividad del aparato del Estado. En el primer caso, las obras deberían estar tan bien planeadas y sustentadas en la ley y en las reglas vigentes que salvo alguna excepción menor deberían haber superado sin dificultad las barreras burocráticas y habrían cuidado en tal modo evitar afectar el medio ambiente y los intereses especialmente de los más pobres que sería imposible pensar en que hubiera alguna inconformidad. Y si la hubiera motivada por la simple costumbre de oponerse que tienen algunos, se estrellaría en la fortaleza del sustento jurídico de cada obra.
En el segundo caso, el Acuerdo no sólo hubiera favorecido a las obras regionales del gobierno federal, sino que sus beneficios hubieran llegado a toda la sociedad. Es decir, cualquiera que quisiera emprender habría encontrado el mismo tipo de facilidades para llevarlo a cabo (incluso reduciendo la tentación de la corrupción que los trámites burocráticos conllevan) y eso, en las circunstancias actuales, tendría un impacto muy positivo.
La excepcionalidad en el trato y más si se doblega (aunque sea provisionalmente) la legalidad para lograrla nunca es buena idea, y sin duda no está a favor de la “democratización política, social y cultural de la nación”. Por esas contradicciones, y por el riesgo que se pone de afectar a terceros, de afectar al medio ambiente o de ceder a ocultar la información, el gobierno federal debería suspender el mismo y trabajar en favor de otros caminos menos accidentados aunque sus futuras inauguraciones resulten afectadas. Más le valdría pasar a la historia por proyectos que sobrevivan y no precipitarse a ser el inaugurador de elefantes blancos (o negros si cubren de corrupción).
Te puede interesar: La militarización del gobierno avanza
