La conceptualización de la educación como algo “gratis” ha causado dos graves malentendidos.
En octubre del año pasado, se cumplió el primer centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, la cual fue considerada durante todo el priiato un bastión de la “justicia revolucionaria” ya que institucionalizaba uno de los principios más fuertemente defendidos en 1917, que la educación sería impartida por el Estado para que fuera según se dijo por años: laica, gratuita y obligatoria. Las modificaciones al artículo 3 de la Constitución donde se establecen esos requisitos han sido muchas, pero se alejan en poco de ese espíritu fundacional y la huella que esas tres palabras han dejado en la vida nacional son, en verdad, imborrables.
Y lo son porque el concepto de “laico” llevó por décadas a expulsar cualquier formación inspirada por principios morales pues se asociaban a la religión y por décadas hubo un vacío que no se ha acabado de llenar; a la vez, se fomentó un vicio respecto al derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus principios, y se volvió un privilegio exclusivo de aquellos que pueden pagar una institución privada. En cuanto a “obligatoria” hoy se dice que es “universal” e “inclusiva” pues en realidad nunca existió un mecanismo coercitivo para lograr esa obligatoriedad y tampoco parecería necesario utilizarlo.
Pero la palabra que más daño ha hecho es la de “gratuita”, porque la conceptualización de la educación como algo “gratis” ha causado dos graves malentendidos. Por una parte, se ha arraigado de tal manera la idea de la educación es “gratis” que los mexicanos pasamos por alto que pago de los sueldos de las docentes, del personal administrativo, las instalaciones, la electricidad, el agua, etc. salen de los impuestos de todos y el monto designado cada año en el Presupuesto si bien podría ser más elevado, siempre ha sido considerable respecto a otros gastos.
Por otra parte, hay un daño consecuencia lógica de lo que se considere “gratuita”: si algo es gratis, pues se asocia a regalado, por tanto no se puede exigir calidad y lo que den es ya por eso es bueno —el principio de “a caballo regalado no se le ve el diente” rige en este caso—. Por supuesto, que ha habido a lo largo de la historia exigencias puntuales de parte de los padres de familia para no incluir algunos contenidos y algunos citarán las primeras protestas contra la educación sexual por ahí de 1930. Sin embargo, fuera de situaciones específicas, en general, se le ha exigido poco por parte de la sociedad al gobierno. Y cuando se exige poco, se recibe menos.
Hoy no es la excepción. De hecho, resulta estremecedor el silencio de parte de padres de familia y de la sociedad en general sobre el desastre en el que se encuentra el sistema educativo en su conjunto. Como en tantas cosas en el actual gobierno, se puede culpar a la pandemia por parte de ese desastre; pero el problema empezó desde antes y en cierto modo no se ha agravado porque al igual que en otros asuntos la eficiencia no es uno de los atributos que definan este sexenio.
En 2019, se consolidó en el Congreso de la Unión con la mayoría imparable entonces de Morena y aliados, y logró la modificación de la Constitución para echar para atrás la “mal llamada Reforma Educativa de Peña”, la cual tampoco había acabado de aterrizarse en términos de libros de texto y materiales educativos. De hecho, todavía conviven materiales de la época de Calderón con la mayoría de los de Peña y una minoría del gobierno actual.
Es que justo ahí, y más por desconocimiento de la complejidad del asunto que por un reclamo social los cambios en los planes y programas todavía no aterrizan todavía en todos los libros de texto. Es un desastre anunciado, por las asambleas consultivas a docentes en todo el país se avizora pretenden una educación ideologizada, retrógrada, con carencia didácticas severas y difícilmente implementable en las aulas. Un modelo que apela al pasado, pues en su afán de calificar como “neoliberal” a casi cualquier avance científico, también deja de lado de paso el avance tecnológico y las múltiples opciones que las redes en la actualidad ofrecen. Esto se agrava por haber echado por tierra el avance en la cobertura de internet a nivel nacional —en otro de los episodios de corrupción de este gobierno que no tuvo mayor presencia en los medios—. Cabe señalar que el “avance” en los contenidos de la designada Nueva Escuela Mexicana —¿por qué no se le llamaría Escuela Mexicana del Bienestar?— ocurrió hasta que llegó Delfina Gómez a la titularidad de la Secretaría de Educación Básica en plena pandemia (febrero 21) y en puestos clave se colocó a amigos personales de la esposa del presidente, en particular, Marx Arriaga quien ha encabezado entusiastamente ese ángulo de la transformación.
Los días de Delfina al frente a la SEP se dice que están contados, pues el anuncio de su segunda candidatura para ocupar la gubernatura del Estado de México postulada por Morena parece inminente. Si en las cuentas que Gómez entregó cuando fue presidenta municipal de Texcoco incluye el 10 por ciento de su sueldo a los empleados de su gobierno, en las cuentas que entrega ahora, habría que calcular no sólo las alta cifras de abandono escolar, sino los daños en diversas habilidades y competencia de millones de niños y niñas que nadie vio y nadie atendió porque su titular no fue capaz de implementar formas de diagnóstico y recuperación luego de las clases televisadas. Más los cientos de horas muertas que llevan los alumnos y docentes desde hace semanas pues si bien el calendario dice que el fin de cursos es el 28 de julio, se exigió entregar calificaciones finales mucho antes, desperdiciando horas preciosas que se pudieron usar, si hubiera habido asesoría puntual, para reducir las lagunas de dos años. Por citar, dos ejemplos, nada más.
La educación hoy en México está en arenas movedizas en las que no nos hemos hundido, aunque corremos el riesgo de que Marx y secuaces sí nos den el empujón que hace falta. Pero tampoco se ve que vayamos a salir pronto y menos si seguimos sin alzar la voz y hacer de este asunto un asunto de prioridad nacional.
Algunos daños se miden en décadas, pero otros, en generaciones. Y esas generaciones están formadas por millones de menores que avanzarán por la vida con carencias intelectuales que sí pudimos haber evitado.
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