La esperada sesión de la Suprema Corte que se suponía pondría un alto a la reforma judicial, —por lo menos en papel porque de ahí a que tuviera un efecto real hay mucho trecho— tuvo un final que sorprendió a muchos, pues el ministro Alberto Pérez Dayán no dio el voto necesario. Eso evita la crisis constitucional se temía; pero deja aún en mayor derrota a las instituciones mexicanas y esa debilidad resulta todavía más peligrosa ante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.
La ruptura de la contención simbólica de la fuerza de la Corte, como antes con la sobrerrepresentación forzada por presiones/compra de magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o con la compra de senadores para obtener la mayoría en esa Cámara, son la forma de hacer política en esta nueva versión del partido hegemónico que estamos viviendo. Tampoco se trata de un invento propio siempre se ha recurrido a la compra de voluntades individuales; de hecho, en pequeña escala la venta del voto por parte del ciudadano es una compra de su voluntad.
Es claro que los efectos de la compra de senadores, ministros o magistrados son visibles; pero sólo se lograron porque previamente se ha pervertido el ejercicio de la democracia en nuestro país; y eso es posible porque había una mayoría para la que la democracia que nunca ha vivido la posibilidad de votar como un ejercicio de un deber ciudadano con perspectiva del bien común; sino con inmediatez y bien individual. En otras palabras, si la corrupción del ejercicio del poder llegó incluso a la Corte, el último bastión en el colectivo de la ciudadanía opositora, es porque el campo de cultivo de la corrupción está extendido por todo el país.
Así, lo que Morena no gana, lo logra por amenaza o por corrupción en un campo propicio para esa cosecha. Acelerar la destrucción del Poder Judicial, que debemos admitir está en su punto más bajo de la historia, no busca de ninguna manera mejorar la atención a la justicia —con la renuncia a participar en la elección de la mayoría de jueces y magistrados los candidatos en la elección serán todavía más manipulables, ineptos e inoperantes en sus funciones— sino, entre otras cosas, protegerse a sí mismos y, muy probablemente a altos mandos del crimen organizado, garantizando así la completa impunidad para sus acciones pasadas, presentes y futuras.
Las consecuencias internacionales de la vulneración del Poder Judicial se han orientado sobre todo a los riesgos que se puede poner a las inversiones o al TMEC, que con el inobjetable triunfo de Trump será un elemento determinante; pero se habla poco del impacto que tendrá en el combate a los narcotraficantes que es otra de las promesas de Trump. En el pasado, uno de los elementos que jugaban en la cooperación de ambas naciones en el combate al narcotráfico eran las extradiciones responsabilidad del Poder Judicial, es claro que eso ya no ocurrirá; pero el éxito en la extracción del Mayo Zambada del territorio nacional seguramente llevará a repetir el mecanismo, tensionando incluso la soberanía del país. Es decir, puede parecer buena noticia para algunos, pero a largo plazo es una pérdida para los mexicanos.
En la sexta semana de este sexenio el panorama sigue sin mostrar ningún signo de que será uno positivo para los mexicanos, al contrario, los riesgos en lo político, en lo económico, en lo social y en lo internacional siguen creciendo. Sin lugar a dudas, la demolición de las instituciones —siguen los órganos autónomos la próxima semana— que nunca tuvieron una actuación ejemplar pero que contribuían a cierto equilibrio no deja de ser una pésima noticia; pero entre más pronto los ciudadanos nos demos cuenta que sólo nos tenemos unos a otros, y que juntos debemos comenzar ya a construir un nuevo pacto social donde la verdad, el bien común, la verdadera democracia y el ejercicio prudente de la libertad sean los pilares mejor nos irá en el futuro. Un camino largo, pero si no damos el primer paso nunca lo recorreremos.
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