La Consulta Popular fracasará, lo que significa que básicamente se están tirando a la basura 528 millones de pesos en medio de una crisis sanitaria, laboral y económica como pocas veces se ha visto.
El 15 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará la promoción formal de la Consulta Popular a realizarse el 1 de agosto. Se trata del primer ejercicio de esta magnitud en la historia de México y no sólo está destinada al fracaso; sino que el desaseo y la tergiversación de la figura pueden traer un grave retraso en la verdadera participación ciudadana.
Desde el inicio, la consulta estuvo viciada, pues fue un claro intento del presidente para tener pretexto de hacer campaña durante las elecciones intermedias, ya que inicialmente se pretendía se hiciera el 6 de junio. Así mantendría un constante enfrentamiento contra la sombra de los expresidentes (y sus partidos), ya que sus nombres estarían en la pregunta de la consulta. El Poder Legislativo en una de esas pocas contenciones a sus caprichos difirió la realización de la misma a agosto.
Por su parte, el Poder Judicial atestó un segundo confuso golpe; pues si bien consideró constitucional preguntar a la ciudadanía sobre el tema —a pesar de que había voces señalando lo contrario— se inventaron una pregunta que ganaría un premio Óscar si los dieran la “mejor ambigüedad”: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La razón principal que aducen quienes se han sumado a no participar en la misma se centran en que la ley no se consulta. Si existen elementos para presumir una conducta ilegal, existen los cauces legales para poner hoy mismo la denuncia correspondiente.
Aunque no sea con propósitos electorales inmediatos, el presidente y su partido siguen haciendo de ella un ejercicio propagandístico, ignorando incluso la pregunta y siguen hablando de juicio a expresidentes. Además, de usarla para golpear al INE reclamándole por no promover antes la misma o por tener pocas mesas para votar. Siendo que el INE sólo se pliega a lo que la ley y el presupuesto aprobado por legisladores encabezados por los de Morena le permiten hacer.
A todas luces, la consulta fracasará. Para que sea vinculante, la participación debería ser del 40% del Padrón Electoral, esto es alrededor de 40 millones y medio de ciudadanos. En otras palabras, ni siquiera si los famosos 30 millones de votantes del 2018 se volcaran en las urnas se alcanzaría esa cifra. Básicamente se están tirando a la basura 528 millones de pesos en medio de una crisis sanitaria, laboral y económica como pocas veces se ha visto.
Cabe destacar que el referéndum, que es como también se le identifica a este tipo de ejercicio, es un instrumento significativo de la participación ciudadana porque mueve a la población a expresar su parecer o no con leyes o propuestas. Es ir más allá de elegir representantes a las Cámaras que tantas veces acaban dando la espalda a sus electores. Esta figura se puede usar, sobre todo a nivel local, para cuestiones que afectan la vida diaria como la modificación de programas urbanísticos, por ejemplo.
Por eso, se está generando un grave daño a la figura de Consulta Popular cuando la primera vez que se usa a este nivel nacional no sólo se usa mal, sino que se genera un profundo rechazo a su ejercicio. La Consulta Popular acabará para siempre asociada, en el imaginario colectivo, a un uso faccioso para denostar y no para construir alguna mejora social.
En un país donde cuesta mover a los ciudadanos para dar un paso más allá de ir a votar cada tres o seis años resulta especialmente dañino que se corrompa esta figura. Es evidente que participar en este ejercicio en particular no abonaría nada a la democracia participativa, sin embargo, hay que subrayar la importancia que el instrumento en sí de la Consulta Popular debería tener para la vida ciudadana futura.
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