Si hay algo que muestra madurez en las personas es saber ponerse a sí mismas límites. En el ámbito político-social, los órganos autónomos habían sido los mecanismos que se establecieron en la operación gubernamental para tener límites. Pues más allá de la división de poderes que es parte de la estructura republicana, en asuntos puntuales los límites, las regulaciones y las mediciones las hacen esos organismos autónomos, además de que muchos de ellos son la respuesta a derechos consagrados en la propia Constitución o los requerimientos de tratados internacionales.
Bajo el pretexto del exceso de gastos, pero más bien porque son mecanismos de regulación estuvieron en la mira desde el inicio de este sexenio más cercanos a los excesos autoritarios que a una verdadera vocación de compromiso democrático, y hoy están en sus últimos momentos pues se ha dejado ya planchada su desaparición para que la concluya la nueva legislatura que artificial y perversamente tendrá una sobrerrepresentación de Morena y aliados.
La destrucción final del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) está por sellarse en unos cuantos días pero la destrucción ya se había dado.
A lo largo del sexenio, estos diversos organismos fueron lentamente ahogados negándoles presupuestos como al INAI, nombrando a perfiles inadecuados como la CNH pero cercanos al titular del Ejecutivo o postergando indefinidamente los nombramientos que les hicieran operativos, otros fueron modificados para limitar los alances de sus funciones como Mejoredu, y así cada uno tiene una historia de deterioro particular.
Se argumenta que no desaparecen del todo, que simplemente se les incorporará a la estructura directa del Ejecutivo en alguna de las secretarías afines; se les “simplifica” tanto porque se les despoja de su naturaleza de cuerpos colegiados a los que lo eran como porque los nombramientos de los encargados que en muchos casos debían pasar por el Senado (en una búsqueda de imparcialidad en los nombramientos cuando había pluralidad). Sin embargo, justamente porque eran autónomos es que podían cumplir su función, además de que se garantizaba que no fueran sujetos a los cambios que ocurren en las dependencias cuando cambia el titular.
Algunos de estos organismos cumplían tareas muy especializadas que trajeron beneficios a los mexicanos, pero no los percibieron en muchos casos. Gracias a la IFT los servicios incluidos en los planes de telefonía celular, por ejemplo, se ampliaron sin que los costos se elevaran. Paradójicamente, estos beneficios se diluyeron porque no “costaron”. Otros como la Cofece protegieron a muchas empresas medianas y les permitieron crecer, limitaron los monopolios y abrieron la sana competencia y aunque en específico esa comisión tenía una buena comunicación institucional los beneficios resultan intangibles en el día a día.
Por su parte, el INAI tuvo mayor relevancia por cuestiones de investigación periodística, pero su desaparición no sólo dificultará evidenciar la corrupción (¡lema de este gobierno!), sino que atenta contra el derecho de los mexicanos a la información y al derecho a la protección de los datos personales.
La falta de regulaciones, vigilancia y moderación derivada de la desaparición de estos organismos pone en riesgo al mercado interno porque nuevamente subordina a los intereses políticos toda la vida económica del país. No existen garantías básicas en muchas áreas, y si a esto se suma la desaparición de la autonomía del Poder Judicial el panorama se ensombrece todavía más.
Finalmente, el IFT y la Cofece están explícitamente contemplados en el T-MEC —la primera se originó casi como requisito para firmar el TLC en los noventa—, y las funciones de órganos como la CRE y el INAI son parte de importante de este tratado, por lo que su desaparición viola Capítulos 2, 18, 21 y 22 del acuerdo y podría, si Estados Unidos y Canadá lo quieren, acabar con la suspensión total o parcial del mismo, deteniendo el motor económico que mayor impacto positivo ha tenido en nuestro país en toda su historia.
Todo parece indicar que las advertencias del mercado con la elevación del tipo de cambio, las protestas claras de nuestros socios comerciales y la voz de la sociedad civil y de organismos empresariales no han sido suficientes para detener este grave error, sin embargo, hay que seguir alzando la voz porque es el único camino que nos queda ante la cadena de errores que nos atarán nuevamente a un país hegemónico, empobrecido tanto en derechos humanos como en nuestra economía.
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