Además de que la misma Constitución no le concede atributo alguno para desaparecer a la Guardia Nacional ni “moverla” a las Fuerzas Armadas.
¿Desesperación? ¿Ocurrencia mañanera? ¿Plan con maña para imponer un estado militarista? ¿Tentar las aguas para medir la reacción? ¿Ganas de desviar la atención a los graves fracasos en la seguridad y el elevado número de muertes que asola el país? ¿Deseos vacuos de que sus acciones no puedan ser borradas por quien lo suceda? ¿Maquillar lo que opera en la realidad ante la incapacidad de integrar una Guardia Nacional real?
Otra vez hay más preguntas que certezas, desde el inicio del sexenio, se repite esta situación más o menos igual. El 8 de agosto de 22 entre un anuncio y otro, el titular de Ejecutivo manifestó que emitirá un decreto que pretendería evitar que al cumplimiento de los 5 años (2019-2024) en los que de manera extraordinaria se permitió que la Guardia Nacional sea operada por las Fuerzas Armadas. Porque eso es lo que dice la legislación actualmente tanto si hablamos de la Constitución como de la Ley de la Guardia Nacional. Se trataba de una situación extraordinaria que se normalizó en la práctica y que se quiere “legalizar”, pero en realidad la Guardia Nacional ha operado como una simulación.
El decreto o acuerdo, si se llega a expedir realmente, de entrada no tendría sustento si contradice a la Constitución donde está consagrado el carácter civil de las labores instituciones de seguridad pública, y explícitamente el de la Guardia Nacional. Además de que la misma Constitución no le concede atributo alguno para desaparecer a la Guardia Nacional ni “moverla” a las Fuerzas Armadas. Por lo anunciado entraría en conflicto con otras leyes, comenzando por la misma de la Guardia Nacional (la aprobada en 2019 que se cumple parcialmente porque no se respetó el tener un mando civil), la Ley del Sistema de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, crea vacíos legales, como han señalado varios especialistas pues, por ejemplo, si un miembro de la Guardia Nacional comete un delito, ¿quién lo juzga? ¿una corte marcial como aplica hoy a los miembros de las Fuerzas Armadas? Y como ese, surgirán más “detalles”, sobre todo, cuando se conozca el texto final. Y como acotación al margen, sería interesante saber quién ya redactó ese texto si es ya está acabado… o si apenas al terminar el anuncio se dieron a esa tarea.
De cualquier modo, el asunto se puede interpretar como parte de un plan inicial frío y calculado para militarizar todas las tareas de seguridad, lo cual podría ser cierto y nos llevaría más cerca de ser un estado militar y dictatorial. Pero también podría ser que como muchas otras cosas que han sucedido a lo largo de estos años sean simples movimientos reactivos (patadas de ahogado, diría alguno) ante la pobreza de planificación, la escasez de resultado y una muestra de debilidad ante lo que parece ya inamovible: un bloque legislativo que por lo menos sí le detiene los cambios constitucionales.
Es un caso paralelo al calificado como “Decretazo” de noviembre de 2021 para clasificar como “seguridad nacional” y evitar rendir cuentas para los proyectos de infraestructura que firmaron los titulares de todas las dependencias para simplemente acelerar el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA. El acuerdo fue parcialmente descartado por la Suprema Corte respecto a la transparencia y en la operación tampoco parece haber tenido mejor suerte pues se anunció nuevamente hace un par de semanas que el tren sería materia de seguridad nacional, otra vez, sin que hay un sustento jurídico aplicable.
El asunto tampoco es muy distante a lo ocurrido con el INSABI. En los primeros meses del gobierno se dieron con celeridad los pasos para aniquilar el Seguro Popular, luego se lanzó el INSABI cuyas reglas de operación tardaron meses en salir y nunca operó al cien por ciento. El “relanzamiento” del IMSS-Bienestar, institución originalmente echeverreista, fue una callada aceptación del fracaso del INSABI. Es poco probable que tengan éxito no sólo en dar la cobertura universal y gratuita que se prometió, ni siquiera cubrirá al porcentaje de población que llegó a gozar del Seguro Popular.
Con este anuncio, estamos hablando varios fiascos que se encadenaron uno a otro. El primero es que fueron incapaces en realidad de consolidar a la Guardia. Aunque se desmanteló a la Policía Federal, —que tampoco vivía su mejor momento—, y se presionó hasta el extremo a sus miembros para pasarse a la Guardia perdiendo antigüedad, prestaciones y otras ventajas, son una minoría. Fallaron también en reclutar nuevos miembros aunque inicialmente se hizo mucho ruido de que se habían abierto las convocatorias, que resultaron un fiasco. Así, comenzó la simulación que hoy se busca “legalizar”: un elevadísimo porcentaje de los que se presume son miembros de la Guardia Nacional simplemente eran militares (y ese “eran” es si se cumplió a cabalidad el Artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional que indica que renunciaban a ser miembros de las Fuerzas Armadas a las que hubieran pertenecido). Sin embargo, el presupuesto la Guardia Nacional no tiene asignación para sueldos, todos salen del presupuesto de la Fuerzas Armadas. Vía salarial no hay civiles.
De paso, la Guardia Nacional no ha sido exitosa en la protección de los mexicanos, y el único “logro” que se le atribuye es la contención de los migrantes para complacer a Estados Unidos. Su contribución al combate al crimen organizado es marginal incluso dentro de lo limitado que ha sido desde el inicio del sexenio.
Sin duda, estamos ante una situación dañina en muchos niveles. Primero, porque la absorción de las tareas policiales por parte de órganos militares sólo ocurre en regímenes de tendencia dictatorial y el riesgo de avanzar en sendero queda latente no sólo con el actual titular sino que quedaría la mesa puesta para quien lo suceda. Segundo, como el desmantelamiento de los cuerpos policiales no sólo ha sido a nivel federal, sino que se ha estrangulado presupuestalmente a los estatales y municipales, recuperar eventualmente el camino de civil de la seguridad será cuesta arriba. Tercero, porque la Suprema Corte ya ha sido muy lenta en resolver una controversia previa sobre la inconstitucional de la concesión “extraordinaria” a militarizar la Guardia Nacional y la única explicación para esa lentitud es evitar el conflicto con el Ejecutivo, no sería previsible que le dieran velocidad a la nueva controversia que surgirá en cuanto se oficialice el decreto. Eso nos deja por meses u años con un vacío jurídico que entrampa operatividad y responsabilidad legal de la Guardia. Y lo más grave, en cuanto a la trascendencia política, jurídica y social: se refrenda que “jurar hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” ya no tiene ningún significado para esta nación.
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