Es obvio que Morena en la CDMX está “experimentando” formas de debilitar la democracia desde lo local porque el prestigio del INE ha resistido.
Desde su inicio, la actual administración trató de marcar una clarísima distancia respecto a todo lo hecho por los gobiernos anteriores. Una de las formas de expresar ese cambio, que aspiraba ser “transformador”, fue la sustitución de los colores nacionales en el escudo de la administración por el vino y a usar la leyenda por lo que Gobierno de México, lo que antes se ubicaba como Presidencia de la República.
El cambio de los colores es un movimiento inverso a lo ocurrido con el escudo del PRI que se apropió del verde, blanco y rojo de la bandera; aquí se impuso el uso del color partidista; las intenciones son iguales que se funcione al gobernante con el partido y no se distinga a la nación. El segundo cambio con la denominación Gobierno de México también tiene implicaciones; pues más allá de la simplificación del nombre está la eliminación de la conciencia de que vivimos en una república federal.
Durante los años del priato, la noción de república federal se vivió de una manera simulada; pues en la Constitución se establecía los límites de los tres niveles de gobierno; pero con un solo partido con opción a ganar las elecciones, esos límites se diluían. Esto se experimentó más agudamente en la hoy Ciudad de México, que por décadas fue simplemente el Departamento del Distrito Federal; luego, el Distrito Federal y, finalmente, se integró como la entidad federativa número 32 y pudo elegir a sus autoridades locales; pero la distinción no acaba de quedar clara ni a sus habitantes ni a su gobernante actual que insiste en someterse y revivir ese sistema monolítico que se rompió hace mucho.
Fue precisamente en los estados desde donde se impulsó la posibilidad de que los gobiernos rotaran entre representantes procedentes de diversos partidos. En otras palabras, la alternancia que se inauguró con la llegada de un panista a la presidencia en el 2000, se prefiguró desde lo local: en municipios y estados.
Gracias al impulso de liderazgos regionales vividos plenamente en estados como Baja California (que todavía se denominaba Baja California Norte), en Guanajuato y en San Luis Potosí, con mayor o menor éxito se fue ganando esa diversidad política. Los estira y afloja que se experimentaron a finales de los ochenta y principios de los noventa no fueron fáciles, se perdieron vidas en “accidentes” varios; fue necesaria la resistencia civil en diversas formas; se realizaron marchas, huelgas de hambre y caminatas por la libertad de elección y el respeto a la voluntad ciudadana.
Esa voluntad ciudadana permitió que alguien habitara en un municipio gobernado por un perredista, en el estado gobernado por un priista, en un país presidido por un panista y así múltiples combinaciones que son propias de un país con una democracia pujante.
Así, se experimentó un empoderamiento económico y social en los estados que facilitó la creación de oportunidades para atraer inversiones nacionales y extranjeras, fomentar el empleo y establecer dinámicas de desarrollo que beneficiaran a los habitantes de cada estado en materia de salud, educación y otras. Se puede decir que la “recompensa” por el voto ejercido se volvió palpable teniendo gobiernos eficientes y proactivos o, lo contrario, padecer las consecuencias de una mala elección perdiendo competitividad o tranquilidad si los elegidos defraudaban las expectativas. Asimismo, los partidos tuvieron que presentar mejores candidatos (o vender como mejores a algunos no tan buenos).
No se puede soslayar que en una relación simbiótica ese deseo ciudadano de participar en la política dio lugar a la creación de instituciones locales y federales para la vigilancia de las elecciones que a su vez evitó la manipulación de las elecciones federales y estatales para que privara la voluntad ciudadana. El Instituto Federal Electoral (IFE) nació con 32 hermanitos, los institutos electorales estatales que antes de la reforma de 2014 –cuando se migra al Instituto Nacional Electoral (INE)– fueron determinantes para que las elecciones estatales y municipales reflejaran la voluntad expresada en las urnas.
La transformación del IFE en INE supuso la sustitución de los institutos estatales por los Organismos Públicos Locales (OPLES) y dejando en el INE la designación de los consejeros de cada OPL así como la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de organizar completamente los procesos locales. Esta sustitución resultó controversial; por una parte es benéfico y eficiente unificar ciertas funciones que se duplicaban y ahorrar; pero a la vez se quitó cierta autonomía a los estados. Esta ambigüedad es justo la que está aprovechando la Asamblea de la Ciudad de México para despojar todavía más de su presupuesto al IECM (se siguen llamando Institutos, pero jurídicamente son OPL) y este movimiento, por contraste, destaca la importancia que tienen a pesar de todo para garantizar elecciones limpias. Es obvio que Morena en la Ciudad de México está “experimentando” formas de debilitar la democracia desde lo local –la probabilidad de que se multipliquen los intentos en los estados morenistas es elevadísima)– porque el prestigio del INE ha resistido.
Este movimiento a atacar lo “local” llama la atención también porque últimos cuatro años se ha vivido, como se señalaba al principio, una dinámica de vulneración de lo estatal y municipal motivada por la añoranza del modelo monolítico del pasado. Los golpes se dieron empezando por la desaparición del Seguro Popular que transfería los recursos a los estados para que los ejercieran (fuente de corrupción, sin duda, pero hoy no hay ninguna denuncia formal) hasta la casi desaparición de las policías estatales y municipales por falta de recursos dejando únicamente a la Guardia Nacional (léase al Ejército) a cargo de la seguridad… ¿o de la inseguridad? en todas la entidades; pasando por el regreso a que los pagos a profesores otra vez se hagan desde el gobierno federal. Por su parte, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, también ha contribuido junto con los varios de los ministros designados por este gobierno a vulnerar la autonomía local como sucedió hace unos días al moverse por presupuestos ideológicos y no legales declarando inconstitucional el respeto a la vida en la Constitución de Nuevo León y Veracruz, entre otros temas.
Los electores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas tienen una grave responsabilidad frente a sí este próximo domingo y es refrendar el valor de lo local apuntalando el respeto a lo federal. Es importante que elijan a aquellos candidatos que sean capaces de gestionar soluciones a la medida de sus necesidades y problemáticas inmediatas utilizando los recursos a su alcance para reforzar su independencia estatal y rechazar a aquellos que sólo basan sus promesas en su fe y lealtad a quien dice que encabeza el gobierno de México; pero quiere enterrar a los Estados Unidos Mexicanos sometiendo a todos su voluntad y caprichos.
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