En México, el peso de la ley siempre ha sido liviano y sus huecos muy anchos; pero hasta ahora quien buscaba evadir la ley solía utilizar precisamente los huecos para salirse con la suya o cambiaba antes la ley.
Entre los muchos diagnósticos que se han hecho sobre las causas de la llegada al poder de López Obrador, hay uno que causa especial renuencia a ser considerado por la dolorosa realidad que muestra: la llegada de López Obrador no es una situación anómala, fruto de circunstancias inmediatas, sino que es un signo de una descomposición social y comunitaria con raíces más profundas. Aceptarlo y entenderlo es indispensable si se quiere aprovechar esta coyuntura para impulsar los profundos cambios que el país necesita y que pasan por todos los mexicanos.
En ese contexto, una de las constantes que vivimos con el gobierno actual es el permanente desprecio por la ley, la cual no es una situación nueva ni inédita aunque nunca se había usada la justificación actual. Hoy todo se vale pues se atribuye a la entelequia de la “cuarta transformación” una “fuerza moral” superior por la que puede pasar por encima de cualquier obstáculo. Y sólo después, y si hay resistencia, se recurre al viejo truco de cambiar la ley.
Así se han dado varias situaciones con el mismo patrón. La actual propuesta de Reforma Eléctrica, según se admitió en las sesiones del Parlamento Abierto que se tuvieron la semana, se hace para evitar los amparos que llegaron en cascada cuando intentaron irse por la libre en 2020. En este caso, se plantea ahora algo más “ambicioso”, pero sin darse cuenta de que no es sólo la Constitución la que se “cruza”, sino los tratados ya firmados por el país (lo cuales no podrán modificar a su antojo, cabe señalar).
El “decretazo”, como se llamó al Acuerdo donde se declaraba asunto de “seguridad nacional” los proyectos de infraestructura, logró anular cualquier ley o reglamento para que avancen sin obstáculo; pero también sin control esos proyectos.
El lunes pasado, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tuvo su dosis de “primero me paso la ley por encima y si no funciona, la cambio” al modificarse su reglamentación para justificar el nombramiento del nuevo director y de un par de funcionarios. De paso, se anuló la representación colegiada que ejercía como órgano de control interno para el director.
Así, el video del sábado del titular del Ejecutivo luego de un procedimiento médico sólo se puede leer como un capítulo más de esta triste historia de desprecio a la ley por una “causa superior”. La existencia de un “testamento político” es completamente irrelevante puesto que la Constitución (que el 1 de diciembre de 2018 juró guardar y hacer guardar) ya contempla y reglamenta la ausencia por defunción del mandatario.
Entonces, ¿por qué llega a ese extremo su discurso? La primera explicación, por supuesto, pasa su megalomanía. Si no se cree el Elegido que la Patria estaba esperando, sí ha hecho una excelente imitación de alguien que lo cree. Sin embargo, hay que ir más lejos. Un personaje realmente melómano (o sólo ambicioso o perverso) tuvo apoyo de un pueblo que tiene una relación ambigua con ley.
En México, el peso de la ley siempre ha sido liviano y sus huecos muy anchos; pero hasta ahora quien buscaba evadir la ley solía utilizar precisamente los huecos para salirse con la suya o cambiaba antes la ley, y luego actuaba. El gobierno actual nos está llevando un paso más allá, a volver normal primero ignorar todas las leyes y luego en, dado caso, modificarlas para que se ajusten a lo previamente planteado.
El cambio puede parecer menor o sólo semántico, pero no lo es. La continua vulneración del Estado de Derecho no sólo está causando daños papables en la tensión con Estados Unidos por la Reforme Eléctrica o en la huida de capitales ante la falta de certeza jurídica, etc., sino que puede convertirse en modus operandi en el futuro al erosionar todavía más la escasa fe de los mexicanos en el valor y poder de la ley.
Este avance en vulnerar la importancia de la Constitución y las leyes (con todos sus reglamentos) como marco regulador de la convivencia, del desarrollo institucional y del progreso económico sólo puede detenerse, y revertirse de raíz a partir de cada mexicano.
Por ello, aunque duela reconocerlo, los ciudadanos necesitamos un fuerte proceso de introspección, con una buena dosis de propósito de enmienda. Esa introspección debe pasar por medir hasta qué grado cada uno de nosotros es capaz de sentirse identificado con la actitud presidencial y sentirse justificado para no cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos locales y federales; para evadir el pago de prestaciones a trabajadores; para recurrir a la mordida como método para sacar adelante alguna dificultad, etcétera, etcétera.
La dosis de propósito de enmienda debe pasar, obviamente, por corregir y/o evitarlo; pero también en contagiar a otros de este mismo propósito. Porque si bien es necesario levantar la voz para denunciar los abusos y tratar de detener las legislaciones a modo, también debemos crear las condiciones sociales para que se salga de este sexenio con un acendrado respeto a la ley que impulse la creación de legislaciones más justas, a la vez, que se favorezca el castigo a quienes no las cumplan. Es imperativo no sólo combatir lo que hoy es un desborde de abusos, sino estar dispuestos a consolidar un Estado de Derecho efectivo y que garantice la igualdad ante la ley de todos y cada uno de los mexicanos, y que impida la llegada de otro “iluminado” todavía peor.
Te puede interesar: Hacer del ataque, una defensa para el INE
