Desde el inicio de este sexenio se ha iniciado un peligroso camino de institucionalizar el círculo vicioso de la dependencia y se ha vulnerado el crecimiento del empleo.
Muchos países, incluyendo los industrializados, tienen diversos programas de asistencia social. El tema de su alcance y su uso se ha debatido desde finales del siglo pasado porque el propósito de su existencia es permitir a ciertos sectores de la población que enfrentan dificultades encontrar un apoyo temporal para salir del escollo y dejar de necesitarlos, es una de las formas de aplicación del principio de subsidiariedad. En ese sentido, son una especie de “crédito social revolvente” porque en condiciones ideales se busca que los que se acojan a ellos no sean siempre los mismos, sino que vayan cambiando sus beneficiarios porque han ido saliendo adelante unos y nuevos se ven en dificultades.
Justo ahí se encuentra el reto de hacerlos funcionales, en que el padrón de los beneficiarios disminuya o, si se mantiene igual, por lo menos sea rotando a los beneficiarios. El reto es lograr que el beneficio no se vuelva un “gancho” que mantiene a la población estancada, sino en el empujón que requieren para volver a ser autosuficientes. Es muy importante que sean operativos, pues se trata de dinero de impuestos a individuos, en lugar de a mejoras con alcance colectivo como es la inversión en infraestructura, por ejemplo, que además es generadora de empleo, por lo cual su efecto es más amplio.
No obstante, cuando los programas sociales no se plantean con cuidado, resultan un boomerang que acaba socavando el equilibrio económico y afecta a cada uno de los mexicanos, pues los impuestos que paga –incluso sin darse cuenta al comprar unas papas fritas— lejos de generar círculos virtuosos, logran prolongar la dependencia a esos programas sociales y sangran el presupuesto que no se destina a rubros que generen beneficios más amplios.
En México, sin embargo, desde el inicio de este sexenio se ha iniciado un peligroso camino de institucionalizar el círculo vicioso de la dependencia y se ha vulnerado el crecimiento del empleo porque se les ha planteado con una intención meramente electoral olvidando por completo la función central que es buscar que la gente deje de necesitar la ayuda del Estado. En lugar de buscar seleccionar cuidadosamente a los destinatarios de los programas sociales en función del bien que traerán directamente a los individuos concretos que los reciban e indirectamente a la sociedad porque gana individuos productivos que se integran a la fuerza laboral y contribuyen con su esfuerzo al crecimiento de la economía, se ha apostado a eliminar reglas de operación y se borran criterios de selección.
El ejemplo más palpable de cómo se ha corrompido la idea original al borrar criterios de selección lo tenemos en el programa de pensión de Bienestar para adultos mayores, el cual inicialmente estaba considerado para subsanar la realidad de millones de adultos mayores que por fallas en el sistema económico décadas atrás se habían quedado sin acceso a pensiones o a fondos de retiro. Al momento de universalizar el apoyo, millones que sí tenían pensiones incluso aquellos con pensiones por el IMSS, el ISSSTE o cualquier otro de los sistemas que sí han venido operando más o menos eficientemente también reciben esa ayuda. En la práctica, se duplica la desigualdad que ya existía: el que recibía pensión recibe doble y el que no tenía pensión recibe una.
Aunque en particular, este programa de ayuda a adultos mayores por su significado social y la deuda impagable que siempre se tiene con los mayores en cualquier sociedad, es de los que menos críticas suele levantar, no deja de ser un ejemplo de cómo se pervirtió la función de subsanar las fallas del pasado a los individuos en situación vulnerable a volverse una obligación estatal que no genera más beneficios en lo económico ni genera empleos.
Los adultos mayores evidentemente usarán sus recursos exclusivamente para el consumo (¡en el mejor de los casos para satisfacer sus propias necesidades y no para complementar ingresos de sus familiares!). Subrayando que el apoyo a los mayores es poco criticable, sin embargo, ese mismo patrón se utilizó en el resto de los programas, que si bien no tienen el agravante aún de la universalidad, se otorgan con criterios tan vagos como la ubicación de las escuelas, asumiendo de manera empírica que así se atiende a la población que lo requiere.
En el caso de las becas a nivel escolar el riesgo de crear una dependencia familiar de ese ingreso es alto, porque su recepción no va aparejado con ningún estímulo ni para conservarlas. Ese dinero tampoco se traduce en ningún tipo de inversión productiva que impulse a la familia a lograr un mejor nivel de vida. Incluso podrían debilitar la motivación para moverse a otra zona pues les privaría de un ingreso que reciben sin dar nada a cambio. Si los millones de niños y jóvenes que hoy reciben dinero no cuentan, para contrarrestar, con ejemplos palpables de cómo a través del empleo (y en el esfuerzo por conservarlo) el daño podría permanecer en generaciones.
Los mexicanos enfrentamos tiempos difíciles, la actual administración ha incrementado los números de la pobreza, por lo cual, es imperativo que lo más pronto posible se meta reversa al crecimiento desordenado de los programas sociales y se reorienten de modo que se focalicen para evitar el círculo de la dependencia y regresarlos al camino del impulso de la productividad y el empleo. Es momento de alzar la voz y reclamar como ciudadanos que el dinero de los impuestos de todos debe sólo bajo el principio de subsidiariedad ser usado para la ayuda a individuos concretos, y hacerlo manera eficiente y con mejores perspectivas para la creación de empleo y crecimiento general para que no se conviertan en un boomerang que acabe pegándonos todavía más.
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