El panorama electoral rumbo a 2024 está prácticamente definido respecto a quienes serán las contendientes principales; por ello, es necesario ir planteando ya los temas que serán indispensables abordar desde la ciudadanía y con la ciudadanía para que el arranque del siguiente gobierno se enfoque en la resolución de los problemas más apremiantes que ya no deben ser postergados.
Entre los muchos temas que el gobierno actual ha sido bastante exitoso en ocultar a pesar de su gravedad es el del fentanilo. Es un tema complejo que tienen varias caras, y en la única en el que gobierno actual ha hecho algo sólo creó más problemas y sigue ignorando el verdadero desafío que significa esta sustancia para los mexicanos, para el Estado y para las relaciones internacionales.
El fentanilo es un opioide sintético, es decir, una sustancia elaborada para producir el mismo efecto que el opio (sustancia natural), del cual se extraía la morfina. Es una sustancia que resulta mucho más poderosa, pues se dice que puede ser hasta 100 veces más poderosa que la morfina y 50 veces más que la heroína. Además, tiene un poder adictivo alto y al ser tan potente, facilita la muerte por sobredosis.
No obstante, por sus características, su uso médico se ha extendido en todo el mundo y nuestro país no era la excepción, y ese fue uso original. Se trataba de un muy útil auxiliar en la mayoría de las cirugías que se realizaban en todos los hospitales privados y públicos del país, pues suministrado por anestesiólogos calificados daba muy buenos resultados a los pacientes con pocos riesgos y con costo muy accesible pues ser tan poderoso, se requería muy poco. También era una gran opción para el tratamiento del dolor crónico en enfermedades como el cáncer.
Sin embargo, en marzo de este año, el titular del Ejecutivo de forma aparentemente casual dijo en su mañanera que pediría a los médicos del país que dejaran de usar fentanilo porque así se podría prohibir su importación y decir que en pocas palabras que no hay fentanilo en país. Era parte de su respuesta a las presiones de Estados Unidos para acciones más contundentes en este tema. Detrás de ella hubo una profunda ignorancia (o fingimiento) y una consistente mentira.
La ignorancia es justamente que el fentanilo de uso médico no es el problemático en cuanto al consumo de drogas o trasiego de los cárteles. Y aunque oficialmente no se le ha prohibido, a la fecha, en el mercado legal comenzó a escasear cada vez más, subió el precio del poco disponible y esto sólo ha complicado todavía más la situación caótica en el sector salud y ha llegado a afectar también a la medicina privada.
Hoy es más caro hacer una cirugía porque o se debe pagar muy caro el escaso fentanilo o se deben usar otros medicamentos que ya eran más caros —por eso no eran la mejor opción antes— y que no ofrecen las ventajas médicas. En otras palabras, los pacientes mexicanos de cirugías y oncológicos han salido perjudicados por un dicho del titular del Ejecutivo.
A la par de lograr en la práctica que el fentanilo médico desaparezca, se debe reconocer que el titular del Ejecutivo tomó otras medidas: aplicó una clásica de cualquier político y creó una comisión, mejor aún una comisión de una coordinación. Así dice el decreto publicado en abril 23 para que se instituyera en diez días la “Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego”, sí en el mismo costal van las drogas sintéticas y las armas.
Cabe destacar que de la Coordinación sólo sabemos que fue mencionada por Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una reunión trilateral con Estados Unidos y Canadá en julio pasado, como parte de los “resultados” que se están dando en el tema. En su discurso, la titular dijo: “De este lado, seguimos insistiendo en que los precursores químicos llegan de Asia a América del Norte”. Frase ambigua —pero consistente con la negación institucionalizada— porque geográficamente México sí es América del Norte, pero que se entiende buscaba señalar a Estados Unidos, nada más.
En pocas palabras, el gobierno actual se empeña en evadir la realidad de que en México los cárteles más importantes traen al país los precursores para acabar aquí la producción de fentanilo el cual pasan ilegalmente a Estados Unidos y probablemente usan también para “rebajar” otras de las drogas pues al hacerlo potencian los efectos de aquellas, su precio de producción baja y sus ganancias crecen; y el incremento en muertes no les preocupa. Por otra parte, el tráfico ya no se limita a Estados Unidos, cada vez hay más alertas de otros países que apuntan a México como el origen del fentanilo ilegal que llega a sus territorios. Es claro que esa negación es consistente con el apoyo soterrado que se ha dado a los grupos del crimen organizado que cada día es más difícil de ocultar.
Paralelo a la negación de la producción, se ha minimizado el otro gran rubro del tema: el consumo interno de esta droga. Las cifras reconocidas por el gobierno son ilustrativas, pues se admiten 45 muertes por fentanilo mientras que en Estados Unidos hay más de cien mil, las zonas en las que acepta a regañadientes un incremento del consumo se limitan a las fronterizas. Se debe reconocer que durante décadas, casi todos los gobiernos se han aferrado, como mayor o menor incomodidad, a la creencia de que no somos consumidores, sólo “traficantes”.
Por supuesto, que tampoco ha faltado la creación o modificación de alguna comisión para atender este problema que es “mínimo”. A finales de mayo de este mismo año, por fin, se decretó lo anunciado desde 2019, la creación de la Comisión de Salud Mental y Adicciones la cual fusiona tres organismos que abordaban el tema de diferentes formas, y que contaban ya con escaso presupuesto. Si de la otra comisión apenas se sabe algo, de esta otra no se sabe nada, y ni siquiera está en ninguna página del gobierno y los 90 días para su constitución ya se cumplieron.
Quien encabece el gobierno el próximo sexenio tendrá frente a sí un problema multidimensional y para enfrentarlo deberá en primer lugar, aceptar la realidad para establecer medidas adecuadas, precisas y bien dirigidas que combatan en específico a la producción y tráfico del fentanilo; que regresen el fentanilo médico al sector salud y, claro, que partan de aceptar que el consumo de drogas sí se da en el país, que se da en mayor proporción de la que cree, que es un problema complejo que se debe abordar desde la salud pública y desde otros muchos frentes. Y que el único camino que ya no podremos transitar es el de la negación de los alcances de este problema.
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