La lucha por tener división de poderes en México ha sido larga y el riesgo de que sea efímera es hoy una realidad.
Por décadas, en el siglo pasado, el gobierno se percibía como un monolito ocupado por miembros del PRI, ya fuera en la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales o en los poderes legislativos y judiciales también a los niveles federales y locales.
Con esfuerzos variados de la sociedad más presiones internas y externas se logró trazar y concretar la división de poderes, así como la participación de diversas fuerzas políticas en la conformación de las instituciones. La lucha por tener división de poderes en México ha sido larga y el riesgo de que sea efímera es hoy una realidad.
Los ataques eufóricos de López Obrador contra el Poder Judicial por haber osado hacer su trabajo de señalar que la Ley de la Industria Eléctrica tiene fallas que afectan a terceros, hoy ponen en evidencia dos vértices terribles de la realidad del país.
El primero es el más evidente, y que con mayor facilidad ha levantado ámpula: grito “al diablo con las instituciones” hoy se traduce en el tono altanero con tufos dictatoriales de la carta enviada a Suprema Corte de Justicia de la Nacional. En ésta básicamente les ordena que revisen no si el juez ha actuado de manera correcta, sino que revisen si el juez debe ser considerado persona non grata por el simple hecho de haberlo desafiado.
Desafío que era previsible. La citada ley desde su planteamiento y aprobación (sin quitarle una coma) fue señalada como inconstitucional. Aunque no lo fuera, al tocar intereses particulares es el camino que cualquiera que se sienta afectado por una ley, con razón o no, debe tomar para buscar que la justicia decida la procedencia o improcedencia de su queja.
Quizá el enojo López se incrementó porque el juez Juan Pablo Gómez Fierro con anterioridad había emitido fallos a su favor. La suspensión otorgada por Gómez Fierro no será la única, al 16 de marzo ya se había sumado por lo menos otra.
El segundo vértice que la reacción al actuar de juez pone en evidencia es que en la sequedad de los pastizales de la justicia mexicana no es difícil que prenda el incendio que inflame hasta a la Suprema Corte. El Poder Judicial no se ha distinguido, en términos generales, por su probidad y eficacia.
Cualquiera que haya enfrentado la burocracia en cualquier juzgado y cualquiera que haya visto algunas de las acciones de la Suprema Corte como el caso Cassez (¡perdone, doña Olga, por evidenciar una de sus peores acciones!) o las triquiñuelas que mantienen libre a Lozoya y tras las rejas a la Robles, difícilmente tiene una buena opinión de este necesarísimo pilar de la República Mexicana.
Los miembros del Poder Legislativo tampoco han mostrado un nivel de eficiencia e integridad que mueva espontáneamente al apoyo popular. La condena a muchas de sus actuaciones, incluso en las décadas anteriores en que no había la completa y abyecta sumisión de la mayoría de Morena que vemos hoy, ocupó largas páginas de los editoriales y de las conversaciones en los cafés políticos.
Hoy nos encontramos en el extrañísimo vórtice donde entendemos que es indispensable defender la idea de la división de poderes, pues estamos ante la perspectiva de convertirnos en un país (des)gobernado por un aspirante a dictador, y no contar con lo que sería un escenario terrible.
Pero lo debemos hacer defendiendo a dos instituciones que si hubieran hecho bien su trabajo apegadas a la ley y a la justica, si hubieran trabajado en favor de los ciudadanos y no bajo la sombra de intereses particulares, hoy no necesitaría de nuestra defensa a ultranza y sí tendrían la altura moral para ser la contención a toda prueba que una República como la mexicana merece.
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