Es hora de conformar el respeto y el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de que sea demasiado tarde.
En México, cuando un candidato triunfador en elecciones asume el Poder Ejecutivo, protesta (es decir, jura) cumplir y hacer cumplir, guardar y hacer guardar lo que ordenan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y ordenamientos que emanan de ella.
Es decir, el mandato fundamental que acepta de quienes lo eligieron consiste en respetar lo que ordena nuestra ley principal, preservar los derechos que consagra y hacer cumplir las obligaciones que impone, por acuerdo de la sociedad, para la buena marcha de la vida nacional.
Pero cuando la Constitución y sus leyes se alteran, se parchan, se tachonan a espaldas de la propia Ley Superior o postulando principios y bases que traicionan su espíritu primigenio, en realidad la Carta Magna se prostituye, se pervierte para convertirla en una ley “a modo”.
Resultaría curioso, si no fuera grave, que precisamente quien más alto gritó cuando no tenía el poder, para denunciar manipulaciones a la Constitución, para denunciar traiciones a la Ley y desprecio a la voluntad popular expresada en el Congreso, sea la misma persona que hoy se empeña en torcer la ley hacia su posición.
Al amparo de luna galopante ambición dictatorial, que se confunde con omnisapiencia, y con apoyo en la asunción de que la voluntad popular es únicamente la que coincide con las propuestas presidenciales, que son tomadas como infalibles, se ha legislado al vapor y contra el bienestar nacional.
Así, en francos y desafiantes pasos de retroceso que evidentemente no quiere la población, se han propuesto y aprobado ordenamientos que facilitan la concentración del poder, como la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con ese mismo espíritu redardatario y de carácter impositivo, se aprobó la ampliación del periodo de permanencia en el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una decisión que, como ocurre también con las leyes mencionadas arriba, es a todas luces anticonstitucional.
La escalada contra la democracia, contra la división y el equilibrio de poderes amenaza continuar, a menos que los ciudadanos, los mismos que salimos a votar el 6 de junio y evitamos un atropello mayúsculo, nos decidamos a defender e imponer a nuestra Constitución sobre los afanes totalitarios y el mesianismo populista.
Desde aquí aplaudimos, por ello, iniciativas como la encabezada por organizaciones de la sociedad civil y por los empresarios agrupados en la Coparmex. Es hora de conformar, con ellos y por todos los demás medios posibles, un frente que garantice la vigencia, el respeto y el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de que sea demasiado tarde.
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