La ley del “pin parental” busca hacer respetar el derecho que tienen los padres de familia a educar a sus hijos, lo que no es una concesión del Estado.
Los niños y jóvenes son personas en proceso de formación quienes dependen de la atención, cuidados, guía, ayuda e impulso de sus padres para adquirir valores, aprender habilidades intelectuales y físicas que les sirvan para crecer y desarrollar su potencial humano.
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho a la educación”, y resalta que “los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
A pesar del sustento, la claridad, la contundencia y la irrefutabilidad de esta declaración, hoy en México existe una enorme presión de militantes de la izquierda, muchos de ellos incrustados en Congresos y gobiernos locales y el federal, que pretenden a toda costa arrebatar el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos, y en su lugar dejar la puerta abierta a que el Estado introduzca programas y actividades educativas con ideologías de género, sin dar oportunidad a que sus progenitores puedan hacer algo para protegerlos.
Este mismo año ha habido importantes acciones y pronunciamientos en pro y contra el llamado veto o “pin parental”, que no es otra cosa que el respeto del derecho de los padres a decidir si sus hijos acceden o no a determinados contenidos informativos, los cuales específicamente van dirigidos a incidir en la conciencia de los menores en temas sobre diversidad sexual, relaciones sexuales y aborto.
PIN es la abreviatura, en inglés, de “Personal Identification Number” que traducido al español significa “número de identificación personal”: es un código que se utiliza mucho en dispositivos electrónicos para proteger su contenido y garantizar acceso y control de ese contenido únicamente al propietario del dispositivo. Para manifestar que los padres de familia tienen el derecho exclusivo de controlar la información y decidir a cuál pueden acceder sus hijos, se ha acuñado la expresión “pin parental”.
La primera promotora de que las políticas públicas y las leyes en nuestro país estén alineados a la agenda LGTB y puedan inundar a la sociedad, desde la más tierna infancia, es la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien participa activamente en foros y hace pronunciamientos a diestra y siniestra promoviendo e impulsando temas como las relaciones sexuales entre menores, el aborto o la elección y cambio de sexo.
En contraparte, padres de familia, algunos de manera individual y otros agrupados en organismos de la sociedad civil, han rechazado abiertamente los intentos de los gobiernos y de la administración federal de entrometerse en la educación de sus hijos y han tocado a la puerta de los Congresos de sus estados donde han encontrado eco entre un buen número de legisladores quienes han presentado iniciativas de ley a favor del pin parental, del respeto del derecho de los padres a educar a sus propios hijos, destacando los casos de Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León.
Dan estocada con madruguete
Los diputados federales se encuentran en receso de sesiones, por lo que solamente está sesionando la Comisión Permanente con la que quisieron dar un albazo para buscar frenar el avance de las iniciativas en los estados sobre el pin parental.
Así, el miércoles 5 de agosto los integrantes de la Permanente promovieron y aprobaron un punto de acuerdo para rechazar las reformas promovidas en las entidades federativas relativas a la implementación del pin parental. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, interponga los medios de control constitucional en contra de las reformas aprobadas en los Congresos estatales.
En opinión de la diputada Marisela Sáenz Moriel (PRI), quien impulsó este tema en Chihuahua, aseguró que el dictamen de la Cámara de diputados federal “es un acto inválido, sin efectos y que viola la autonomía de los congresos locales”.
Asimismo, indicó que se trata de “un exhorto que no representa a los padres de familia chihuahuenses, y desmintió que el pin parental sea una medida prohibitiva de acceso a la información” como pretenden difundir algunos diputados federales.
“Sí a la educación científica acorde a la edad de los niños, no a la ideología de género, la educación es laica por eso es que pedimos que se deje fuera las ideologías de la educación”, recalcó.
Por su parte, la diputada queretana Elsa Adané Méndez indicó que “una vez más vemos la clara intromisión y violación a nuestra soberanía. Una clara intención de destruir a nuestra niñez y juventud al quedar en manos de mentes criminales”.
Bola de nieve
La intención del gobierno federal de hacer de lado a los padres de familia para que sean ellos quienes decidan sobre la educación de sus hijos ha sido insistente desde la llegada de Morena al poder.
Los padres de familia y legisladores de todo el país han estado atentos y tomado acciones para proteger a los niños y jóvenes. Desde que inició este año, en varias entidades de ha dado la batalla al respecto y todos comparten el mismo fin y los mismos argumentos, velar por el derecho superior de la niñez y respetar el derecho inalienable, imprescriptible y sin negociación con el Estado que tienen los padres de educar a sus hijos.
En Chihuahua, la diputada Marisela Saénz Moriel (PRI) presentó la iniciativa Pin Parental donde propone reformar y adicionar el artículo 130 de la Ley Estatal de Educación, a fin de que los padres puedan elegir el tipo de información que pueden recibir sus hijos.
La legisladora destacó que esta iniciativa tenía la intención de contener el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren los menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios éticos, morales e incluso espirituales de los padres.
“La educación no es una ‘concesión’ del Estado, ni es el Estado quien decide qué tipo o modelo de educación se da, especialmente en asuntos educativos de índole filosófico, moral o religioso”, destacó la legisladora.
“Hoy existe el ánimo de una parte del ámbito público para controlar y dictar unidireccionalmente la política educativa de nuestro país e incluso definir, de forma discrecional, los programas y contenidos educativos, esto pone a nuestros niños, niñas y adolescentes a merced de una postura política única”, advirtió.
También en enero, en Querétaro, la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez (PES), presidenta de la Comisión de la Familia en el Congreso local, presentó una iniciativa para reformar y adiciona el artículo 58 de la Ley de Educación de la entidad, para garantizar que los padres ejerzan a plenitud y en toda la extensión la patria potestad, tutela, guarda o custodia, para intervenir en la educación que habrá de darse a sus hijos.
“Este proyecto de ley genera las libertades para que los tutores decidan sobre programas, cursos o pláticas que reciban nuestros hijos en lo referente a educación básica (preescolar, primaria y secundaria), a través de una autorización por escrito a la institución educativa a la que pertenezcan”, explicó la legisladora.
Con fecha del 4 de junio, el diputado Juan Carlos Leal Segovia (PES), presentó una iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución Política de Nuevo León, con la que buscaba que se reconociera el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Para que esta reforma fuera aprobada, se requería de 28 votos; pero sólo 20 legisladores apoyaron la propuesta. A pesar de ello, aún existe la intención de impulsar nuevamente cambios a la Constitución nuevoleonesa para proteger el derecho de los padres a decidir sobre los contenidos educativos que recibirán sus hijos, resguardando el derecho superior de los menores.
Otras de las entidades en que los padres de familia han expresado su preocupación entorno a la decisión de los contenidos a los que tendrían acceso sus hijos en las escuelas es Aguascalientes, con la particularidad que apenas el 22 de mayo del presente año, el Congreso de Aguascalientes, aprobó por unanimidad en el Pleno, la nueva Ley de Educación del Estado, que en el capítulo II, artículo 4° dice que “…la autoridad educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
Segob ofrece la manzana envenenada
Olga Sánchez Cordero no desperdicia foro para expresar su apoyo a las políticas antivida y antifamilia. Lo mismo en la mañanera que en foros virtuales aprovecha los micrófonos para “tirar línea” a dependencias del gobierno federal, legisladores federales y de cada entidad y hasta lo magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes les guiñó el ojo el mismo día en que abordaron el tema de dar o no marcha atrás a la resolución del Congreso de Veracruz de no aprobar el aborto.
Y como en el cuento de Blanca Nieves ahora ofrece una manzana envenenada a los niños y jóvenes al oponerse abiertamente a la ley de Pin Parental, e inclusive se ha extralimitado en sus atribuciones. Ejemplo de ello es el boletín emitido el 5 de julio por la Secretaría de Gobernación que ella encabeza y que reflejó su sentir en torno a este tema en el que instó a “poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres”.
En este documento se señala que “las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales. Las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, Conapo, Sipinna, Conapred e Inmujeres advierten sobre la afectación al Interés Superior de la Niñez al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias”.
Previamente, el 12 de junio se difundió una ficha informativa del pin parental, elaborada por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el que en cuatro páginas hace un breve “análisis”, de manera sesgada de las propuestas presentadas sobre este tema en varias entidades, y en la que concluye que “las propuestas de reforma en materia educativa son ilegales,
inconstitucionales y violatorias de derechos humanos”.
En respuesta, en Aguascalientes, la diputada local Aída Karina Anda Iglesia (PES), y en Chihuahua la diputada Marisela Saénz Moriel, subieron cada una en el Congreso de su entidad, un punto de acuerdo y de urgente obvia resolución en el que pidieron al presidente López Obrador que “de acuerdo a sus facultades y conforme a derecho, gire las instrucciones pertinentes” a la secretaria de Gobernación, para que “evite cometer actos de intromisión e injerencia en las facultades de autonomía” de los Congresos de los Estados.
Nada está decidido aún. El campo de batalla empieza a poblarse de uno y otro lado para librar una de las que promete ser una de las luchas más aguerridas para defender el derecho de los padres a educar y de los niños y adolescentes a no ser manipulados con ideologías sexistas.
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