Desde el inicio del sexenio, contrario a su promesa 92 el primero de diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo ha estado atacando al Poder Judicial. Pero este año, y en especial las últimas semanas, ha dejado de ser un ataque retórico y ha pasado a ser frontal al dar paso a la liquidación de 13 de los 14 fideicomisos que manejaba este Poder para cumplir diferentes funciones y cubrir necesidades específicas variadas.
Esta disolución, como muchas acciones similares que se han hecho en este gobierno en consonancia con un Poder Legislativo dominado por Morena, se basa en falacias que en este caso se centran en que los 13 eran para mantener privilegios de los ministros de la Suprema Corte con el dinero del pueblo. Lo cual, según se ha revelado, es inexacto pues más bien servían para completar las condiciones de trabajo actuales hasta para el 60% de los trabajadores, así como mejorar las condiciones de pensión para el retiro de los jueces, pues si no les tocaría únicamente la pensión del ISSSTE —que también reciben— que es muy limitada. Y algunos eran alimentados con retenciones a los mismos trabajadores, o sea, es dinero privado.
Este último aspecto es especialmente importante porque es el mecanismo que se estableció para minimizar la posibilidad de que los jueces sucumban a la tentación de la corrupción porque no tendrán un retiro digno. Hay que resaltar que los jueces tienen una tarea sumamente delicada y que ejercerla de manera cabal implica soportar muchas presiones y despertar muchos deseos de venganza en aquellos que no quedan conformes con sus sentencias. Dado el nivel de impunidad —en el que las Fiscalías federal y estatales tienen mucho de culpa— que hay en el país y el poderío económico del crimen organizado resulta muy peligroso acabar con este mecanismo, y es un contrasentido si se creyera que la principal lucha del titular del Ejecutivo es el combate a la corrupción.
El personal operativo del Poder Judicial también es parte central de la impartición de justicia y resultará afectado en aspectos como la atención a la salud. El maltrato estos trabajadores hace eco con el que han sufrido miles de burócratas desde que inició el sexenio. Muchos de ellos fueron despedidos y se les presionó para renunciar a lo que legalmente les correspondía, otros han visto castigados sus ingresos al recortarles su aguinaldo y dados los antecedentes del grupo en el gobierno quizá muchos han sido forzados a dar una parte de su sueldo —el diezmo famoso— a los dirigentes de Morena. Por otra parte, arrasaron con el servicio civil de carrera que permitía tener a personal calificado que ganaba su puesto a través de concursos que evaluaban su capacidad técnica y esto ha tenido un menoscabo en las funciones del propio gobierno que quizá no han salido del todo a luz, pero que explicarían fallas en el mantenimiento de mucha de la infraestructura o la proliferación de plagas, por ejemplo.
Es evidente que estos abusos llegarán eventualmente a ser dirimidos, como muchas leyes y cambios constitucionales, en la Suprema Corte. De hecho, algunos señalan ya que errores en el proceso legislativo que incluso legisladores de oposición señalaron reiteradamente a sus contrapartes de Morena. Pero al parecer es parte del plan para que cuando se determine que no son constitucionales se les use para golpear de nuevo y con más fuerza.
Los ataques del titular del Poder Ejecutivo y de sus secuaces en el Legislativo están centrados en debilitar al Judicial en todos los aspectos; pero estas últimas medidas tienen especial facilidad de ser creídas porque el desconocimiento de la estructura y funciones detalladas de este poder es inmenso.
El trabajo del Ejecutivo parece omnipresente —el mismo presidencialismo que sufrimos es prueba de ello—, el del Legislativo se percibe como intermitente —los periodos de sesiones favorecen esa percepción—; pero el Judicial es apenas visible para el grueso de la población y sólo ve la punta del mismo, en la persona de los ministros de la Suprema Corte, con un trabajo tan “intelectual” y tan alejado a las realidades concretas que resulta poco cercano a la gente de a pie.
Por tanto, su función resulta tanto confusa y abstracta pues no actúa motu proprio sino que recibe de otros poderes o de los ciudadanos el banderazo para sus funciones. En el caso de la impartición de justicia, debe venir de las fiscalías que se ha intentado con poco éxito que sean autónomas para que sean más eficaces y justas. En el caso de los juicios de amparo es hasta que el Estado en variadas modalidades actúa de tal modo que afecta a un particular o si hay materia entre dos particulares. Y el caso de la Suprema Corte sólo actúa una vez que los procesos legislativos han concluido y alguno de los órganos o personas facultadas presentan la controversia constitucional.
Y esa última función ha causado gran escozor en el titular del Ejecutivo pues desde el inicio de este sexenio muchas de las controversias han resultado en contra sus planes, y no porque el Judicial esté en contra per se del Ejecutivo sino que esos planes se han expresado en leyes y reglamentos van en contra de la Constitución vigente que querrían obviar. Esa motivación se transparenta con las palabras expresadas desde septiembre de 2022: “Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, y se afianzan con el ataque directo a Juan Luis González Alcántara Carrancá quien se unió a las marchas en protesta por el abuso.
Sin embargo, si los mexicanos tuviéramos una educación cívica de calidad sería factible que cualquier ciudadano entienda esas variadas funciones del Judicial y cuáles son los beneficios concretos que tiene para cada mexicano del ejercicio autónomo de esas funciones. Ese entendimiento habría dificultado el hacer pasar los ataques al Poder Judicial como una lucha contra supuestos privilegios, y habría prendido la indignación generalizada por este ataque frontal en su contra, porque se vería no sólo el ataque a los trabajadores sino el riesgo al sistema democrático y de justicia al que todos aspiramos. Es claro que se querría una Corte sumisa, y si no la hay se le busca someter.
En las 100 promesas hechas por el titular del Ejecutivo en su toma de protesta, la número 92 fue: “Mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes”. Ninguna de las palabras de esas de esa promesa se ha cumplido, y al contrario se ha abonado en todo lo que se ha podido para que el Poder Ejecutivo sea el poder de los poderes como no había pasado en casi cien años.
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