Estas fechas son propicias para hacer una reflexión sobre el año que concluye, a la par que se plantean ciertas metas que sería deseable ponerse para el siguiente año. En términos de la política y la lucha ciudadana es conveniente hacerlo también.
En 2022 ha sido un año de transición, pues ya se le puede denominar como postcovid no porque la pandemia en sí haya llegado a un final, sino precisamente porque transitamos a que la enfermedad con sus picos y descensos en las diferentes regiones se volvió un componente más de nuestras rutinas. Sin embargo, en términos económicos a nivel mundial la recuperación del equilibrio postcovid se dificultó por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La reacción en México ante este conflicto en particular por parte del titular del Ejecutivo volvió a mostrar su proclividad a simpatizar con los líderes autocráticos, perfil que buscó consolidar en el país especialmente con las tres iniciativas de reforma a la Constitución que se trataron de pasar este año. Ninguna de las tres triunfó y eso en sí es para celebrar, aunque las tres tuvieron atajos dañinos; pero que hacen a algunos perder de vista que la presión ciudadana fue un factor fundamental en las luchas en el Legislativo.
Así como 2022 es el primer año postcovid, también es el año post elecciones intermedias que cambiaron los equilibrios en la Cámara de Diputados y fueron el primer paso para esa mayor presencia ciudadana, por eso también es de transición . En los primeros meses del año, el intento de reforma constitucional para modificar las condiciones de la industria eléctrica fue la primera derrota del Ejecutivo, y mostró a un teatral priismo que supo leer la fuerte oposición ciudadana a tocar la Constitución.
La presión vía redes para lograr compromisos “públicos” de los diputados llevó a que finalmente con tintes teatrales como se decía —la llegada los grupos parlamentarios uniformados, con sus sleepings bags para pernoctar ante la amenaza de bloqueos— se rechazara esa reforma y diera una sensación de triunfo que la ciudadanía opositora no había tenido en los años anteriores. Es cierto que la Suprema Corte al no declarar inconstitucional una ley aprobada por la anterior legislatura dejó con cierta vida las intenciones del Ejecutivo, pero no una vida plena pues judicialmente los casos particulares de las empresas afectadas tienen los elementos para ganarse y que el Estado pierda.
El “heroísmo protagónico” del PRI duró poco pasar la segunda reforma que sí tienen un tinte más autocrático en términos de gobierno. La reforma pretendía integrar de plano la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas pasando totalmente al control de aquella a la Sedena. Si bien se argumenta que en realidad era legislar lo ocurrido desde la creación de la Guardia Nacional: la traición del titular del Ejecutivo de consolidar un cuerpo que fuera más policial y civil que convirtió a la Guardia Nacional a un cuerpo militar con la mayor parte de sus activos provenientes de las mismas Fuerzas Armadas y fagocitando a los escasos elementos de la Policía Federal. La reforma planteada por el Ejecutivo no pasó, pero sí lo hizo la versión “priista” que sólo extendía hasta 2028 la autorización de lo “extraordinario” de que el Ejecutivo pueda disponer del Fuerzas Armadas en su conjunto (Ejército y Marina) mientras se consolida la Guardia Nacional como única encargada de la seguridad interna y combate al crimen organizado.
Los ciudadanos presionaron —y se desilusionaron del insustancial apego del PRI a sus votantes—para tratar de evitar también esa extensión sobre todo porque el mandato implícito en los resultado de las elecciones del 21 era “votamos para que detengan cualquier cambio a la Constitución los siguientes tres años”. Pero viendo el lado brillante del asunto, el cambio no fue el solicitado por el Ejecutivo y ciertos ajustes logrados tendrían alguna posibilidad de sacarles provecho a favor de los Estados y además desnudó al liderazgo del PRI.
La tercera derrota a nivel de propuesta de reforma a la Constitución fue la del cambio no sólo al INE sino todos los equilibrios locales y federales en las elecciones incluyendo la composición entera del Poder Legislativo. Esta derrota sí fue precedida por una movilización ciudadana que dejó claro que la sociedad mexicana tildada de tibia con frecuencia sí consideró que el ataque al INE era una afrenta personal y reaccionó en consecuencia.
Los cambios en leyes secundarias que de forma intempestiva y con uno de los mayores desaseos en la historia del Legislativo mexicano —quizá sólo superado por las presiones de Huerta para ser nombrado presidente incluyendo los 45 infames minutos como presidente de Pedro Lascuráin—lograron la desarticulación de la operatividad del INE se han percibido con un terrible fracaso y otro triunfo sin par del Ejecutivo. Pero el haber sacado tan grosera e imperfectamente su plan B de manera parcial (parte no ha sido aprobado por el Senado nuevamente) y haberlo dejando con claras inconstitucionalidades deja la puerta abierta a que la Suprema Corte declare improcedentes los cambios y fracturó internamente las alianza de Morena y sus partidos satélite más de lo que vemos.
Esa radicalización que dañó al INE —y la elección de los nuevos consejeros seguirá el mismo patrón— duele, pero entre más pronto recurren los aspirantes a autócratas a medidas extremas y devastadoras como el titular del Ejecutivo ha hecho más pronto se les vuelven en contra. Es duro entenderlo, pero todas las actuaciones ciudadanas en adelante tendrán esa respuesta negativa, radical y desproporcionada; la derrota estruendosa que se desea no va a llegar pronto; sin embargo, esa realidad en lugar de desmoralizar debe ser asumida como el único modo de acorralarlo para desarmarlo.
Por todo lo anterior, asumir lo ocurrido con el INE como un fracaso ciudadano sí se volverá un triunfo para el régimen, en cambio, tomarlo como una faceta necesaria de la transición que nos llevará a acortar la permanencia de Morena —esa es nuestra misión en 2023 y en 2024— seguirá su curso si seguimos alzando la voz, manifestándonos incluso en las calles y apoyando por medios externos al INE para garantizar elecciones más o menos justas; por eso no cejemos en nuestro intento, el futuro de nuestras familias sigue en juego.
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