Es interesante como algunos, presumiendo de demócratas y también de incluyentes y tolerantes, en la práctica critican y tratan de impedir el derecho de opinar. Claro, guardando siempre las formas. Pero en el fondo, sin duda alguna, demuestran que no están siendo auténticos al respecto de esa libertad.
Recientemente, frente a las críticas al gobierno de Maduro, desde diversos sectores de la sociedad ha aparecido este fenómeno. Seguramente han leído u oído frases como ésta: “¿Cómo se atreven ustedes, mexicanos, a criticar la situación de Venezuela cuando ustedes no tienen verdadera democracia en México?” O, usando la ironía:” Ustedes, desde su inmaculada situación respecto a los derechos humanos, ¿cómo se atreven a opinar sobre los derechos humanos en Cuba?”
Hay otros casos similares. Por ejemplo, hace algunas semanas un conocido académico se dirigió a un oponente en estos o similares términos: “¿Cómo se atreve a opinar sobre este tema? Yo tengo dos doctorados y he escrito tres libros: usted, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha publicado?” A lo cual yo respondería: “Si sus doctorados y sus libros no le han hecho encontrar argumentos más convincentes, ¿para qué le sirvieron?” Y, la verdad, si solo tuvieran derecho a opinar los doctorados que han publicado libros, nuestros debates públicos serían casi silenciosos, dominados por una elite minúscula.
Si les creyéramos a estas personas, casi nadie podría opinar. No hay un solo sistema democrático absolutamente perfecto en todo el mundo: según estos críticos, nadie debería de atreverse a criticar las situaciones de ataque los derechos humanos o a la democracia que están ocurriendo en muchos países. La mayor parte de las personas no han cursado varios doctorados ni han publicado varios libros. ¿Quiere decir esto que sólo los cultos y los académicos tienen derecho a opinar?
La realidad, es que estos individuos están evadiendo el debate. Si el único modo de convencer es descalificando el otro porque no es perfecto o porque no tiene elevados grados académicos y múltiples publicaciones, quiere decir que se han quedado sin argumentos y lo único que pueden hacer es atacar a las personas que opinan diferente de ellos.
De hecho, el artículo dieciocho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no establece limitaciones al derecho de opinión. Y, por sentido común, uno debería decir que el único límite al derecho de opinar debería ser la posibilidad de hacer daño a la sociedad o algún individuo con sus opiniones. Asunto muy difícil de acotar. Por muchas décadas, en nuestro país se limitó a la libertad de expresión y la libertad de opinar mediante un artículo en la legislación penal que definía un delito de “disolución social”, artículo definido muy laxamente y que permitía que se pudiera acusar de ese delito a cualquiera que estuviera en contra del gobierno. Y con esos pretextos amordazaron la prensa, se encarcelaron opositores, se prohibieron manifestaciones y se trató de dar una imagen de homogeneidad y de concordancia entre todos los sectores.
Hoy hay muchos que, ante la insuficiencia de sus argumentos, tratan de acallar a los que opinan diferente cuestionando su libertad de opinar. Lo cual también significa una distorsión en el concepto. Una opinión, dicen diversos filósofos, es una expresión que no contiene en sí misma su comprobación. Puesto en modo más sencillo, una opinión es una expresión que se emite aceptando que se puede estar equivocado. Y estando abierto a que se nos demuestre lo contrario.
En estos tiempos de lo “políticamente correcto” se intenta coartar la libertad de opinión en términos de conceptos que no han sido demostrados, como pueda ser lo llamado políticamente correcto… Sin aclarar cómo se puede mostrar su corrección y definir quien acordó, mayoritariamente y democráticamente, lo que es aceptable en el campo de lo opinable.
Ahora que viene la batalla del sexenio, nos enfrentaremos con frecuencia a estos intentos de limitar nuestra libertad de opinar. No faltarán los elitistas que llamen a los medios de comunicación social “la legión de los idiotas”, como ya ha hecho alguno. No faltarán los que impidan debates sobre temas como la corrupción, alegando que, como en todos los partidos ha habido corruptos, nadie tiene el derecho de criticar la corrupción. No faltará quien diga que no se puede criticar el aumento de la violencia, debido a que en otras administraciones también aumentó la violencia. El tratar de limitar la libertad de opinión para que sólo los “perfectos” tengan derecho a opinar, es una manera astuta de quitar la libertad de opinión a todos.
Es nuestro derecho y ante cambios tan importantes como los que están ocurriendo, así como el cambio de administración pública federal en los próximos meses, tenemos la obligación de opinar y opinar mucho. Teniendo siempre en cuenta que lo opinable siempre está sujeto a error y que no tenemos el derecho de imponer nuestra opinión a nadie más. En otras palabras: todos tenemos el derecho a opinar; a lo que no tenemos derecho es a que nos crean y nos vemos en la obligación de sustentar, de demostrar y señalar cuál es la lógica de nuestras opiniones.
De modo que, amiga y amigo, no se dejen acallar por los tramposos que quieren limitarnos en esta libertad. Y tenemos que aprender todos, sin excepciones, a demostrar y convencer con nuestras argumentaciones. Porque no basta a opinar. También hay que demostrar estamos en lo correcto. También hay que tener lógica y hacer sentido. Si lo logramos, saldremos de las próximas contiendas electorales fortalecidos. Si no lo logramos, sólo tendremos confusión y posiblemente enconos.
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