Últimamente hemos vuelto a escuchar el concepto de soberanía, en un intento de llevar a la agenda pública un asunto que permite justificar prácticamente casi todas las acciones que el Gobierno pretende llevar a cabo, básicamente para aumentar su cuota de poder o para justificar sus fallas, haciéndolas aceptables de alguna manera.
Este fue el concepto central en la marcha del pasado 18 de marzo, celebrando 85 años de soberanía de la nación sobre el petróleo. Lo cuál ha sido el mismo motivo para querer tener diversos monopolios estatales: en la energía eléctrica, y en otros tiempos sobre los ferrocarriles, los puertos, comunicación telefónica y telegráfica y un largo etcétera. Qué se fueron abandonando cuando el endeudamiento insostenible del Gobierno hizo necesario dejar esas actividades, que en otro tiempo se consideraron estratégicas y por lo tanto asignadas exclusivamente al Estado.
En todo lo cual siempre se ha manejado una gran confusión. Este tema de la soberanía era mucho más sencillo cuando teníamos soberanos, es decir: cuándo el derecho divino de los reyes justificaba su poder y más concretamente su poder absoluto. Es la era del absolutismo personificada por Luis XIV, el soberano de Francia, que podía decir con pleno derecho: el Estado soy yo. Con la destrucción casi total de los Gobiernos absolutistas, esas actitudes solo se dan en las dictaduras. Se requiere en la cultura política de las naciones, no sólo una definición jurídica pero, sobre todo, una construcción cultural que permita al ciudadano entender y poder defender los alcances y los límites de la soberanía que establece la Constitución.
Porque seguimos teniendo un gran desconcierto. Se nos pretende hacer entender soberanía como un cuasi equivalente de la nacionalización o de la estatización de los aspectos económicos. En la situación de las actividades productivas, sólo habría dos caminos: el de renunciar a la globalización y volver a economías nacionales autosuficientes, a riesgo de reducir fuertemente el crecimiento económico, o aceptar límites al poder económico de los Estados a cambio de un crecimiento importante de la economía, conectada con mercados globales. Opción, esta última, que está haciendo adoptada de un modo o de otro por la mayoría de las economías crecientes, mientras que los que no quieren adoptar este modelo global, tienen pocos ejemplos para demostrar que su manera de organizar la economía es más exitosa que la de aceptar y manejar su inclusión en la economía global.
Porque, curiosamente, los conceptos que en la dictadura perfecta manejaban la soberanía como sinónimo de estatización de la economía, veían como única opción el control del Estado. Como si confiar cualquier tipo de actividad al sector privado nacional fuera en demérito de la Nación. En el fondo se está manejando la soberanía del Estado como si fuera el único modo de tener soberanía de la Nación. Como si el Estado y la Nación fueran lo mismo, como sí el primer mandatario fuera el Estado, siguiendo el concepto de Luis XIV, en la época del absolutismo.
Por poner un ejemplo: la Constitución establece que el petróleo pertenece a la Nación. Pero esto ha sido interpretado como si tener compañías privadas mexicanas extrayendo y procesando el petróleo y dándole al Estado impuestos y derechos sobre el uso de estas reservas petroleras, iría en contra de la soberanía nacional. Así es el modelo de industria petrolera qué se maneja en los Estados Unidos por el cual, hasta dónde conozco, nadie piensa que ese país haya perdido soberanía. Por otro lado, para los que proponen el modelo de la industria petrolera que tuvimos durante el siglo XX, es necesario que haya un monopolio del Estado en esa industria. Sin embargo, no parece imposible que hubiera varias compañías petroleras, propiedad del Estado, cada una con sus propias regiones de explotación y producción, con sus propias refinerías y compitiendo las unas con las otras vendiendo sus productos al mercado nacional. Con lo cual habría motivos para buscar que fueran compañías competitivas. Mientras asignemos a las compañías energéticas sus monopolios, no habrá incentivo para volverlas más competitivas. Cómo ocurre en cualquier actividad monopólica.
Un modelo parecido podría usarse en la energía eléctrica y en otras así llamadas industrias estratégicas. En fin, sería cosa de estudiar distintos modelos dónde se pudieran tener compañías nacionales, públicas o privadas y no monopólicas compitiendo entre sí, y ofreciendo mejores servicios a la población. Tal vez los modelos no estén totalmente acabados, pero no es imposible encontrar soluciones para lograr una mejor atención a la población.
Finalmente, siempre queda una duda. Nuestras compañías estatales han ido adquiriendo una deuda externa cada vez mayor, con el aval del gobierno. No tenemos una idea clara de qué porcentaje del endeudamiento público procede de las compañías del Gobierno, a las que llamamos estratégicas. Tal parece que no creen que estar endeudadas sea problema. Que no significa que estas compañías y por ende el Gobierno hayan perdido soberanía. Así como una familia muy endeudada tiene muy reducida su capacidad de acción, porque sus acreedores limitan sus posibilidades, así ocurre con los Gobiernos y sus acreedores, sean los organismos internacionales o la banca mundial. Porque no deja de ser muy inocente pensar que los países fuertemente endeudados no van a ser limitados en su toma de decisiones por sus acreedores, y sobre todo cuando llegue el momento en que ya no puedan pagar sus deudas. Y el Estado tiene que someterse a las condiciones que le pongan los acreedores o las de aquellos nuevos prestamistas qué les podrían permitir sanear sus deudas. De nada sirve tener en el papel una gran soberanía cuando en la vida práctica estaremos limitados por las condiciones que nos pongan aquellos a los que les debemos. Porque en un país de mediano desarrollo, como es el nuestro, no podemos esperar que nos permitan seguirnos endeudando sin límite, cómo se les permiten a las grandes economías.
Vale la pena cuestionar este modo que se nos ha impuesto de concebir la soberanía nacional. No hay un modo único de concebirla. Y el concepto actual no es el más adecuado para el País.
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