Las recientes detenciones de ex gobernadores, y en particular la del de Veracruz, muestran que el problema del combate a la corrupción no tiene que ver tanto con los medios para ubicarla, sino con la incapacidad de hacer valer la ley.
Ahora, cuando la situación llevó a la fuga y la casi peliculesca aprehensión del ex gobernador Duarte, resulta con que había suficientes datos para haber procedido mucho antes de que terminara su administración. De acuerdo a información de los medios (Milenio, 19 de abril de 2017, Carlos Puig), en la Auditoría Superior de la Federación se emitieron observaciones por gastos no justificados en la administración del ejecutivo estatal, en el orden de las decenas de millones de pesos en los años 2011 y 2012. Sin embargo, en los años 2013, 2014 y 2015 las observaciones pasaron al orden de los miles de millones de pesos. En términos sencillos, estos gastos no debidamente justificados se multiplicaron por 100 después del 2012.
¿Qué pasó? Hay comentaristas que suponen que mientras el gobierno federal estuvo en otras manos, la mencionada administración estatal tuvo moderación. Pero, al entrar en funciones la actual administración federal, perdieron todo control y las fallas crecieron de manera mucho más que exponencial. O los desvíos, como se quiera ver.
El asunto es que hay un sistema que localiza indicios de corrupción. Esos datos pueden estar ahí a disposición de los comunicadores. El punto es que este sistema no tiene “dientes”. En otras palabras, no existe el andamiaje jurídico necesario para que se puedan detener los abusos de un gobernador mientras esté en funciones. Fue necesario que la sociedad civil denunciara los excesos, que hubiera alternancia en el gobierno estatal y que el mencionado mandatario dejara su puesto para que estas diferencias enormes se hicieran públicas y se emitieran órdenes para investigar y, de ser necesario, apresar al funcionario.
Falta mucho camino por andar. En este caso concreto, todavía hay que demostrar a satisfacción de un juez que hubo un comportamiento doloso de parte de la administración Duarte. Faltan también los trámites de extradición. Hay que encontrar pruebas suficientes para poder pasar de la presunción del delito a la sentencia. Aún puede pasar que “del plato a la boca se caiga la sopa”. Y para que se devuelvan todos los recursos desviados al pueblo veracruzano, falta todavía mucho más.
Lo que no es aceptable es que en nuestro honorable Congreso de la Unión se sigan arrastrando los pies y no terminen de dejar plenamente instalado un sistema anticorrupción que no dependa de la voluntad política del ejecutivo federal. Un sistema que tenga la independencia y las facultades para poder pasar por encima de la clase política, que ha demostrado ampliamente que ha sido omisa en este tema. Y, usted perdone, nosotros la ciudadanía también hemos sido omisos. No hemos exigido con suficiente vigor que tengamos un sistema anticorrupción libre e independiente. Y es muy claro que a la clase política no le corre prisa.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
