Pasar por las calles de la Ciudad de México sigue siendo un ejercicio de percibir el dolor de familias que se han quedado en la calle y que viven en tiendas de campaña por temor a que les roben lo poco que quedó de su patrimonio. Con un apoyo temporal de tres meses y tres mil pesos mensuales no alcanzan a tener algo que compense su pérdida. Y ya van casi dos meses del desastre.
Ahora el Gobierno de la Ciudad de México propone como solución el gestionar créditos baratos para adquirir la vivienda que han perdido tantas familias. Y la reacción de esas familias ha sido la de rechazar el financiamiento. Los gobernantes no se explican por qué. Siguen insistiendo en que esa es la solución y claramente les molesta el rechazo de los afectados.
La angustia de las familias damnificadas es comprensible. Dicen los gobernantes, y es cierto, que si estaban pagando sus departamentos el daño está cubierto por un seguro. Pero ese seguro significa, en la mayoría de los casos, que ya no tendrán que liquidar la deuda, pero no que les darán otro departamento similar. De modo que no es un gran consuelo. Si la casa ya está pagada, el único recurso es adquirir otra y que algún día se pueda recuperar una mínima parte de la pérdida, cuando el terreno donde estaba la casa dañada se pueda vender.
Por eso, en varias zonas de desastre, los afectados ponen mantas diciendo: “No queremos financiamiento, queremos apoyo”. Y es de sentido común. En el caso de que una familia tuviera un departamento valorado en un millón de pesos, si se les da un préstamo con intereses del 12% anual a 10 años, la mensualidad sería de más de 14,000 pesos mensuales. En muchos casos más que el ingreso de esa familia. ¿De qué modo lo va a pagar? Podrá ser barato comparado con otras opciones, pero aun así es inalcanzable.
Claro, a la clase política eso no les entra en la cabeza. Acostumbrados a los “prestamos” de BANPESCA, de BANJIDAL (al que de cariño le decían BANDIDAL) y otros mecanismos de financiamiento supuestamente para la producción, prestamos que rara vez se pagaban, tienen la idea de que un préstamo es una dádiva. De ahí nació la cultura del “no pago”, que tanto ha dañado al país. Pero a la sociedad le queda claro que un préstamo, finalmente, habrá que pagarlo. Y esa es una de las diferencias entre la ciudadanía y la clase política. Unos pagan sus deudas, otros son sostenidos por los impuestos de los que si pagan. Dos mundos, entre los que es difícil el entendimiento.
Tienen razón los damnificados. Necesitan apoyo, no financiamiento. Y eso nos tendrá que costar. En el recién aprobado presupuesto federal 2018, no aparece el recorte a los gastos de campaña electoral prometido y presumido por los partidos. No, la voluntad política no está presente. Al final, el dinero saldrá de donde siempre ha salido: del bolsillo de las familias, de los contribuyentes. Habrá que cuidar que esté bien gastado y que no sea un impuesto temporal que se vuelva definitivo.
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