Si hay leyes que son percibidas por la ciudadanía como deficientes, debe haber una posibilidad de exigir a los tres poderes de la Unión que se revisen y modifiquen esas leyes.
El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de ser consultados, conforme a la ley sobre la Consulta Ciudadana. Independientemente de otras leyes de Consulta Ciudadana y Consulta Popular, en esta consulta a nivel federal se aplica esta ley. Y el tema fue sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes de nuestro país.
La pregunta por votar fue confusa, por decir lo menos. Literalmente, la pregunta fue la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La pregunta tenía algunos conceptos dudosos. Por ejemplo, preguntar si se debería o no llevar a cabo acciones con apego al marco constitucional y legal. Un concepto por demás equívoco: ¿Acaso se está poniendo en duda que se deben llevar a cabo acciones apegadas a la Constitución y a las leyes? No parece que debería haber ninguna duda de ello y, en todo caso, es verdaderamente ridículo dudar de que tendríamos que preguntar a la ciudadanía sí se debe hacer caso a la ley y a la Constitución. Hay que cumplirlas sin más, porque para ello están las leyes y en la Constitución. La pregunta no sólo parece ociosa, sino que permite poner en duda todo el sistema legal. Porque, si aprobáramos esto, supondríamos que todas las decisiones de Gobierno debieran ser sujetas a consulta. Lo cual nos llevaría a una parálisis de nuestro sistema.
Pero, independientemente de esto que no es un tema menor, la discusión abre también el tema de que todos los actores políticos pueden ser juzgados por sus decisiones, sin tomar en cuenta su nivel. De manera que, desde los miembros de los cabildos, los alcaldes y presidentes municipales, todo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta el primer mandatario, deberían estar sujetos a que se analicen sus decisiones y, en su caso, pudieran ser castigados por un ejercicio indebido del poder. Lo cual, probablemente, sería muy sano. Pero nos llevaría a preguntar por qué eso no ocurre ya. Realmente parecería que no necesitamos de una consulta para hacer que se cumplan las leyes y exigir a todos los actores políticos que cumplan la Constitución y de las leyes de este país, en todos los casos.
Sin embargo, en la propaganda gubernamental, el tema se concentró en el juicio a los expresidentes. Bueno, casi a todos porque hubo algunos, como Luis Echeverría Álvarez y Enrique Peña Nieto que no fueron mencionados. El resultado, según la oposición, fue ridículo. Poco más del 7% del electorado participó: sea a favor, en contra o anulando su voto. El 13.5% de la participación en las elecciones intermedias de este año. El titular del Poder Ejecutivo federal lo consideró un triunfo, aunque este resultado está muy lejos de la magnitud que se requería para hacer que sus resultados sean vinculantes.
Es también de notarse la actuación de la oposición. Ninguno de los partidos defendió a los que llegaron a la presidencia representándolos. Nadie defendió la actuación de sus abanderados. Habría que preguntarles sus razones, pero el hecho es que se concentraron en pedir al electorado que no participara, con el sano propósito de hacer que el resultado de la consulta no se pudiera hacer efectivo. ¿Será que no tenían argumentos suficientes para defender a sus gobernantes? Seguramente es una duda razonable.
Independientemente este manejo, me parece que el resultado tiene un aspecto muy malo. En todos los países democráticos, la consulta ciudadana es un mecanismo que permite corregir fallas y poner contrapesos a los gobernantes. Hubo quien dijo que, si las leyes para juzgar a los expresidentes ya existían, no había que poner a votación su aplicación. En parte estoy de acuerdo, pero si la ciudadanía considera que tenemos leyes deficientes o injustas, deberían ser puestas a consulta. Y la consulta no debería ser sobre su aplicación o no, sino pidiendo al Poder Legislativo que se revisen esas leyes y se les quiten los aspectos deficientes. Y esto es muy importante: no podemos quedarnos con una aceptación ciega de lo que aprueba el Congreso. Si hay leyes que son percibidas por la ciudadanía como deficientes, debe haber una posibilidad de exigir a los tres poderes de la Unión que se revisen y modifiquen esas leyes. Y para ello debería ser usada la consulta ciudadana.
Con los resultados del primero de agosto, da la impresión de que a la ciudadanía no le interesa ser consultada. Lo cual no necesariamente es así: el formato deficiente de la pregunta, la limitación al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto para llevarla a cabo e incluso poner la consulta en medio de uno de los rebotes de la pandemia, hicieron que hubo muchos ciudadanos que no quisieran participar. Son elementos que explican por qué la falta de interés ciudadano. Todo ello es cierto, pero también es cierto que estamos lejos de tener un fuerte sentido de ciudadanía que nos haga interesarnos por temas importantes para el país.
Qué pena. Una buena oportunidad de educarnos como ciudadanos, echada a perder. En mi muy ignorante opinión, me parece que lo ideal hubiera sido que los partidos hubieran debatido con argumentos, sus razones a favor o en contra de una consulta, en vez de tratar de manipular a los votantes, con la así llamada ingeniería electoral o, de otro lado, tratando de convencerlos de que no ejercieran su poder y su capacidad ciudadana.
Necesitamos consultas ciudadanas limpias, valiosas, con abundante participación. No podemos conformarnos con menos.
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