Algunos comentaristas políticos están viendo como el mayor agravio a la sociedad, como el asunto fundamental para las elecciones del 2018, el tema de la impunidad. No la crisis económica, no la inseguridad, ni siquiera la corrupción. Siendo todos esos temas importantes, lo que más molesta es que ocurran toda clase de delitos, se emitan leyes cada vez más rígidas y después, cuando la ciudadanía en un verdadero acto de fe se decide a denunciar los delitos, sólo un porcentaje mínimo de los delincuentes son castigados.
Desde luego, una parte de la sociedad contribuye esta impunidad. No por gusto: la causa es la desconfianza que tiene sobre las autoridades. El trato despótico, las dificultades que se ponen a todos los que quieren denunciar un hecho delictuoso, combinado con la desconfianza que vaya a haber algún resultado hacen que, en opinión de algunos, entre el diez y veinte por ciento de los delitos son denunciados. Una suposición bastante dudosa: no hay una base clara para llegar a esos números. Ya con eso empieza la impunidad. Luego, vienen los procedimientos de investigación y captura de los denunciados, sin seguir las normas de debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Lo cual hace que los delincuentes fácilmente puedan alegar razones para no ser procesados. Y aun cuando esto no haya ocurrido, todavía falta de que los jueces de control del proceso reciban las carpetas investigación debidamente integradas, con pruebas fehacientes.
Si sumamos todas estas cosas, la probabilidad de que un delincuente no será procesado es altísima. Podemos echarle la culpa a las comisiones de derechos humanos. Sin pensar que, antes de que existieran, se fabricaban con mucha facilidad culpables, a menudo usando el método de la tortura. Cabría preguntarnos como sociedad si queremos volver a esos terribles tiempos. Luego, se le echa la culpa a una reforma penal que ni siquiera ha sido completada ni se ha hecho un intento serio por implementarla. Cabría preguntarse si queremos volver a los tiempos de juicios por escrito que podrían llevar varios años mientras el acusado falsamente era mantenido en prisión por muchos años para recibir, finalmente, el famoso “usted disculpe”, sin que nadie le compensara los años de vida perdidos ni la mala fama que le impedía posteriormente obtener un empleo digno. Eso, si no terminaba convertido en delincuente, en el ambiente de las cárceles.
Desgraciadamente, una buena parte de este problema no se puede resolver mediante las próximas elecciones. Sí, podemos elegir diputados y senadores que perfeccionen las leyes y pongan castigos aún más severos. Pero no tienen la capacidad de hacerlas cumplir. El ejecutivo puede hacer una parte, pero no controla a algunos jueces quienes, actuando deshonestamente, declaran nulas las acusaciones que se les presentan.
El poder judicial de la federación y los poderes judiciales locales no son elegidos por la ciudadanía. No hay un medio para que la sociedad los valide directamente. Se vigilan los unos a los otros. Sí, se han visto casos donde los jueces se destituyen. Pero son escasos. Las leyes anticorrupción, parece, no se les aplican porque no hay una presión de la sociedad en ese aspecto.
Ya no estamos en las épocas en que presidente de la República controlaba los tres poderes. De hecho, en los tiempos de la “dictadura perfecta” bastaba con elegir a un buen presidente para enmendar esas fallas. Aunque no tenemos todavía una división de poderes totalmente efectiva, ya no es tan fácil que todo dependa de la voluntad del presidente. ¿Qué debemos de pedir a los candidatos a los poderes ejecutivo y legislativo para poner un fin a la impunidad? ¿Cómo lograr un control efectivo sobre un Poder Judicial que, ante los ojos de la ciudadanía, no está cumpliendo con sus obligaciones?
No hay una solución simple. Es muy importante que haya una presión muy efectiva de la sociedad para lograr el fin de la impunidad. Que yo sepa, ninguno de los aspirantes a candidatos ha expuesto este asunto. Es importante atacar la violencia y reducir la corrupción, pero también es muy importante atacar una de las causas raíz del incremento de esos males. Se pueden hacer muchas cosas, pero mientras los que delinquen sepan que la probabilidad de ser castigados es mínima, habrá un incentivo para continuar delinquiendo. Es como un enfermo al que le estamos dando un medicamento para el mal que lo aqueja, pero sin preocuparnos si su constitución física es sana, es fuerte, si tiene la capacidad de reaccionar al tratamiento que se le está administrando. Y lo que estamos haciendo, parece, es proponer remedios que funcionan muy bien en las sociedades donde la ciudadanía tiene una fuerte de injerencia en los asuntos del Estado. Que no es nuestro caso.
Si queremos una solución del fondo a este y otros males, la solución está en una sociedad fuerte, bien informada y participativa que no deje la política en manos de los políticos. Es el momento de impulsar el poder de los sin poder, los ciudadanos comunes.
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