En estas últimas semanas la descomposición de la Procuraduría General de la república ha sido patente. El Procurador General, apodado el “fiscal carnal” renunció a su cargo. Sus fuertes ligas con la presidencia de la república y el intento de nombrarlo Fiscal General a través de lo que se llamó el “pase automático”, creo tal alboroto en la oposición que prefirió renunciar a su cargo. Unos días después, sin que aun haya sido nombrado su sustituto, el fiscal a cargo de la FEPADE (Fiscalía Especial para los Delitos Electorales) fue “renunciado” por el encargado del despacho de la Procuraduría, alegando faltas al reglamento interno de la misma. Esto, algunos días después de que el mencionado funcionario hiciera público un documento presentado por uno de los indiciados, acusado de transferir fondos de la compañía brasileña Odebretch, para beneficiar a uno de los partidos de la última elección presidencial. Demasiada coincidencia. Otra vez, la oposición ha armado un gran escándalo y está llevando el asunto ante el Senado, encargado de la autorización del funcionario a cargo de los delitos electorales.
Todo ello, ha sido visto como una preparación para un fraude de las próximas elecciones presidenciales.
Pero, en mi opinión, hay mucho más de fondo. Y como dice María Novoa, posiblemente la experta que mejor conoce la hasta ahora trunca Reforma Penal, la Procuraduría General de la República no ha hecho todos los cambios necesarios para poder adaptarse y funcionar de acuerdo con los criterios de la mencionada Reforma. Si, se ha trabajado en los códigos de procedimientos penales. Pero el desarrollo de su personal, la profesionalización que requiere un nuevo tipo de investigación criminal, incluso algunos conceptos centrales como el papel de los ministerios públicos y la figura de los mediadores, están aún por desarrollarse. Lo cual hace que con mucha facilidad se presenten ante los jueces procedimientos que no cumplen con los requerimientos de esta Reforma, haciendo que los casos se rechacen por falta de evidencia aceptable. O sea, que crezca la impunidad.
Pero yendo todavía más a fondo: un problema grave de la legislación actualmente vigente es la enorme discrecionalidad con que se manejan muchos conceptos legales. Y no solo en asuntos penales. Esta discrecionalidad abre la puerta a la corrupción, dado que los funcionarios tienen la facultad de decidir a su criterio cómo se aplica parte importante de las leyes. Por ejemplo, cómo se vio en el despido del titular de la FEPADE: el encargado del despacho pudo retirarlo del puesto sin necesidad de dar mayores explicaciones. Bastó con dijera que no cumplía con el reglamento para quedar plenamente justificado. O sea, que ejerció la discrecionalidad que le permiten los reglamentos.
Y esta discrecionalidad, unida a la falta de probidad, son el caldo de cultivo más propicio para la impunidad. Claro, ese es el tema que la sociedad más les reclama a los organismos de procuración de justicia: la ineficacia para seguir los procedimientos e integrar carpetas de investigación que demuestren, a satisfacción de los jueces, que las investigaciones están debidamente fundadas.
La solución no es cancelar la Reforma Penal. Es necesario mantener los conceptos de presunción de inocencia y dar la carga de la prueba a quienes persiguen los delitos. No es posible volver a los tiempos en que, mediante la fabricación de culpables, se mantenía la apariencia de que se hacía justicia. Pero eso, una vez más, significa un cambio fundamental. La procuración de justicia debe ser verdaderamente independiente del poder ejecutivo, para evitar que se dé la impresión de que se está usando para apoyar o atacar a distintos miembros de la clase política, como ha ocurrido en los hechos de la semana pasada. Es urgente mejorar, de manera radical, la capacitación de los investigadores, adaptar sus procedimientos a los dictados del sistema penal acusatorio, para lograr mayor eficacia y menor impunidad.
Y para esto, como para la mayor parte de la legislación del país, hay que terminar con esas grandes áreas de discrecionalidad que están en leyes y reglamentos los cuales permiten al funcionario corrupto, dotado de ese poder discrecional, lograr obtener ingresos a partir de sus decisiones.
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