¿Es verdaderamente un triunfo? En muchos sentidos sí, y hay que reconocer al gobierno federal el haber llevado a su conclusión esta negociación…
Un triunfo, largamente esperado, es la firma en México de la segunda versión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con sus nuevas siglas TMEC. Una segunda versión porque, el 30 de noviembre de 2018, ya se había firmado una versión “definitiva” del mencionado tratado por los presidentes de los tres países.
¿Es verdaderamente un triunfo? En muchos sentidos sí, y hay que reconocer al gobierno federal el haber llevado a su conclusión esta negociación. Conclusión que es provisional: este tratado tiene que ser confirmado por el Congreso de los tres países. Es un hecho que, si no se hubiera logrado esta firma, muy probablemente el proceso se podría haber estancado por un año más, en espera del fin del proceso electoral de los Estados Unidos.
Bien manejado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, este nuevo tratado ha sido criticado por varios de los participantes mexicanos. Curiosamente, sin conocer plenamente el contenido final del acuerdo. Hay críticas en el sentido de que no se consultó a la Secretaría de Economía, que seguramente tendría mucho que aportar al tratado. Quejas también de una buena parte del sector privado, que sintieron que, en los momentos finales de la negociación, probablemente los más críticos, se le hizo a un lado. El llamado “cuarto de junto”, grupo de expertos aportado por el sector privado, no se enteró de los arreglos finales más que por los periódicos.
Lo cual no necesariamente quiere decir que el tratado tenga errores. Lo que sí quiere decir es que al sector que tiene que ser el que opere el tratado, al que se trataba de generarle confianza para que haya inversión y creación de empleos, se le ofendió sin necesidad. O a lo mejor, sí había necesidad de ofenderlo si esa fuera una condición para que se firmará el tratado. No lo sabremos hasta conocer a detalle el documento del convenio y se haya podido hacer un análisis y un debate profundo de lo que ganamos y de lo que perdimos en esta negociación.
Uno de los grandes logros del tratado de libre comercio de América del Norte, la versión que entró en vigor en 1994 fue darle un lugar importante al sector empresarial. Tan importante que los negociadores mexicanos fueron mucho más eficaces gracias al ya mencionado “cuarto de junto” que le hizo ver a los negociadores del gobierno mexicano los aspectos que había que cuidar y en donde habría dificultades para la implementación y aprovechamiento de este convenio. Cosa que no tuvieron los negociadores de Estados Unidos ni de Canadá, los cuales descuidaron varios puntos que llevaron a que, décadas después, el presidente Trump pudiera decir que era un tratado malo para los Estados Unidos. Ciertamente, visto a la distancia, el tratado tuvo como resultado que México cambió radicalmente el perfil de sus exportaciones: antes del tratado la mayor parte de las exportaciones consistían en petróleo crudo, hortalizas de invierno, café y camarón. Actualmente, las mayores exportaciones proceden de la industria automotriz y el ensamble de equipo electrónico, exportaciones con mucho mayor valor agregado.
De lo poco que ha llegado a la prensa, uno de los agravios del sector empresarial es el establecimiento de inspectores para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales mexicanas. El asunto se resolvió, de un modo por demás tramposo, haciendo que a los inspectores ahora se les llame “agregados”. Otro nombre, pero la misma función de asegurar que el sector empresarial mexicano no tenga ventajas competitivas injustas, a través de pagar salarios y prestaciones mucho menores, varias veces menores que los que tienen que pagar los empresarios de Estados Unidos y Canadá. Por no hablar de la simulación que ocurre a través del “outsourcing” que hace que los trabajadores no puedan generar una antigüedad que les genere derechos, por ejemplo, en el caso de jubilación.
No deja de llamar la atención que esta administración federal ha rechazado su concepto de campaña en el sentido de que México no necesita exportar para crecer ni para desarrollarse, diciendo que el mercado interno es más que suficiente para lograr esos resultados. ¿Qué está pasando en nuestra economía para que esta postura tan firme haya sido abandonada y sustituida por un concepto “globalifílico”, un concepto claramente neoliberal? ¿Será que, a pesar de todas las declaraciones tanto de organismos empresariales cómo del gobierno, todavía no se logra tener la confianza necesaria para que haya una inversión privada suficiente para impulsar la economía del país?
No hay una respuesta clara. Habrá que conocer al detalle de los convenios, habrá que ponerlos a debate público, y conocer cuáles son las acciones que tendrán que llevarse a cabo para que este convenio pueda operar de una manera exitosa y que le convenga a México. Mientras tanto, sí hay que reconocer que estaríamos mucho peor teniendo que esperar otro año en incertidumbre sobre esta firma, con un retraso importante de las inversiones y una debilitación aún mayor de la confianza. Lo que urge es despejar las dudas, entender los temas problemáticos que tiene el nuevo tratado y definir un modo de superar estas dificultades. No debemos quedarnos con la impresión de que el asunto ya quedó resuelto: se dio un paso importante, posiblemente trascendental, pero todavía hay mucha tarea por hacer.
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