El acusado, en este caso el sacerdote, tiene derecho a que se le presuma inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero, por otro lado, la víctima tiene derecho a que se presuma que dice la verdad, hasta que se demuestre lo contrario. Los dos derechos existen y deben ser defendidos.
Un tema que requiere mejor tratamiento en el sistema de justicia de nuestro país es el del trato a las víctimas del delito. Aquí, después de un largo período donde los acusados tenían que demostrar su inocencia, donde de entrada se les suponía culpables y donde las policías fabricaban delincuentes, una reforma constitucional reafirma la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del acusado ante un tribunal.
Lo cual ha traído como consecuencia que muchos acusados, ante la incompetencia de los investigadores, sean liberados por falta de pruebas. Esto ha causado un gran rechazo de la población, que injustamente culpa a los juzgadores cuando el problema es de los investigadores. Y se ha creado, probablemente con injusticia, la idea de que el sistema judicial no toma en cuenta los derechos de las víctimas. Todo lo cual se ha exacerbado con las decisiones del ejecutivo de quitar apoyos a los centros de atención a víctimas del delito.
Hay algo similar en el tema de las víctimas de los abusos sexuales del clero. El pasado 20 de marzo, la Arquidiócesis Primada de México presentó el Equipo interdisciplinario de atención de víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia, equipo formado por especialistas en distintos temas y constituido mayoritariamente por seglares, para tomar acciones concretas en ese espinoso tema.
Probablemente, este asunto requiere un equilibrio difícil y que no se ha dado en el pasado. Recientemente, en una charla con un buen católico, salió el tema de las posibles calumnias a los sacerdotes, en el tema de la pederastia. En la conversación se comentó que ese criterio fue parte del problema de mal manejo de los acusados de pederastia. Si se supone de entrada que hay calumnia contra el sacerdote, tiene sentido protegerlo, como ocurrió en muchos casos. Con los resultados que, en palabras de Francisco, nuestro papa, “han causado nuestra vergüenza”.
Es un equilibrio difícil. El acusado, en este caso el sacerdote, tiene derecho a que se le presuma inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero, por otro lado, la víctima tiene derecho a que se presuma que dice la verdad, hasta que se demuestre lo contrario. Los dos derechos existen y deben ser defendidos. No se puede dar mayor credibilidad al sacerdote por el hecho de serlo, como ocurrió en el pasado, ni tampoco a la víctima se le puede considerar más propensa a mentir que un clérigo. Muy independiente de los procedimientos de los tribunales civiles, los eclesiásticos deben tutelar ambos derechos.
Un tema particularmente complicado cuando los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, cuando las víctimas eran menores de edad sin plena madurez, y en muchos casos cuando los hechos son tales que no hay posibilidad de testigos. Muchas veces el papel de este equipo de apoyo será apoyar a la víctima para presentar lo mejor posible las pruebas del abuso. Y, probablemente en otro grupo diferente, habría que apoyar al acusado para que presente sus argumentos ante un tribunal.
Pero esto es sólo el lado judicial. La víctima ha sufrido un daño muy real, que no se compensa plenamente con un dictamen de un tribunal y el castigo del victimario. Recuperar el daño psicológico, moral, espiritual y material no es cosa sencilla. Los daños pueden remediarse aparentemente y volver a presentarse años después. El apoyo requerirá mucha paciencia, mucha comprensión y compasión; es tarea para un perfil muy diferente de personas.
Qué bueno que se está actuando con prontitud, solo unos días después de las reuniones sobre el tema en el Vaticano. Enhorabuena. Hay que desearle el mayor de los éxitos a este Equipo Interdisciplinario y darle toda clase de apoyo, para bien de todos.
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