Entre todos los temas noticiosos de la semana del 10 al 15 de octubre de este año, uno que llamó la atención fue la aprobación de la propuesta que permite al Gobierno, hacerse cargo (es un decir) o expropiar, como dicen algunos, las cuentas bancarias que no tiene movimientos en un periodo de años qué, según algunos, es de 3 años y según otros es de 6 años.
La iniciativa aprobada por todas las fracciones (o facciones) políticas permite al Gobierno apropiarse de cuentas que no han tenido movimiento en esos periodos y utilizar los fondos recabados para aumentar el gasto en seguridad. El asunto da mucho que hablar. Pero, en la opinión de su servidor, hay algunos temas que no se trataron.
El concepto de recabar un dinero que está inmovilizado en cuentas bancarias tiene que ver con una manera como se veían en los siglos XVIII y XIX los sistemas bancarios. En aquella época se consideraba que los bancos tenían en resguardo en sus bóvedas dinero de los depositantes y que, si uno había asaltado el banco, básicamente se llevaba el dinero de ellos. Pero en el sistema bancario del siglo XXI no existe tal cosa. Ese dinero que está en cuentas sin movimiento, de hecho no está en una bóveda, ni siquiera en documentos al portador. Ese dinero está prestado a los usuarios de crédito. No es relevante si se dan pocos o muchos intereses: lo fundamental es que es un dinero que está siendo ocupado por esos usuarios de diversas maneras. Las instituciones bancarias, por supuesto, obtienen utilidades con ese dinero. El costo de captación es mínimo, y generalmente el dinero se puede colocar en préstamos que, por ejemplo, si son para inversiones inmobiliarias estarán ganando alrededor de un 15%, pero si se usan para financiar préstamos con tarjetas de crédito, el rendimiento bruto estaría entre el 50 y el 60% anual. No está mal el negocio para los bancos.
Muchos de estos recursos que se apropiará el Gobierno proceden de ancianos o jubilados, pero sobre todo de intestados donde el dinero no se puede mover mientras no se define un juicio de sucesión. Juicios que normalmente no son fáciles y que en algunos casos han llegado a durar hasta un par de décadas. Y, seguramente, también podía haber ahí cuentas abandonadas de dinero procedente de lavado de dinero, de corrupción o de otras actividades ilícitas, que los depositantes prefieren no retirar ni mover para evitar ser ubicados. Pero claramente no hay un estudio de qué porcentaje de esos dineros pertenecen a alguna de esas categorías.
Por otro lado, tampoco es muy claro cuál es el monto del dinero que se podría recuperar. Algunos estiman que podría ser 10,000 millones de pesos, otros dicen que hasta 75,000 millones, pero el mero hecho de que sea una dispersión tan grande indica que no hay una idea clara de lo que estamos hablando. Evidentemente, no se trata de una cantidad inmensa: según datos del Banco de México el monto de depósitos en cuentas bancarias con exigibilidad inmediata, es decir, dónde se puede retirar el depósito sin previo aviso, es de más de 3,500 miles de millones de pesos. De manera que aún en el supuesto de que las cuentas de qué estamos hablando fueran todas decomisadas, se trataría de 0.3% al 2% del total del dinero depositado en los bancos, en ese tipo de cuentas. Sin contar depósitos a plazos y de otros tipos.
Pero ese no es el tema. Eso no hace irrelevante la medida que aprobaron todas las fuerzas políticas. Estamos hablando de darle poder al Gobierno de decomisar las propiedades de algunos ciudadanos. Sin que medie un juicio. Tal parece que para nuestros representantes (es un decir) en el Congreso, el tener un dinero que no se mueve es un delito punible con un decomiso sin posibilidad de apelación ni con la decisión del Poder Judicial.
Cuando esto se lleve a cabo, y al parecer la autonombrada Oposición estuvo de acuerdo en ello, el resultado inmediato es que se reduzca la cantidad de crédito disponible para proyectos productivos o simplemente para acelerar el movimiento de la economía. Lo cual encarecerá el crédito y llevará a los pequeños y medianos empresarios a tener dificultades de financiamiento. Todo ello en un momento en el que, de acuerdo con los datos del INEGI, vivimos ya varios meses de estancamiento de la economía, que no ha tenido una caída, pero tampoco ha tenido un crecimiento como el que se decía que tendríamos, no se diga en las promesas de campaña del 7% anual, sino según el estimado mucho más conservador de crecer, en este año que se acaba, en torno al 2%, un crecimiento que los propios gobernantes marcaron como raquítico, en sus ofertas de campaña. Y todos lo calificaron de la misma manera, tanto la administración actual como los partidos opositores en su momento.
Quedaría un punto más. Según un concepto jurídico, consagrado en nuestra Constitución, y de uso casi universal en todos los países con algún viso de democracia, un principio generalmente aceptado es que las leyes no se pueden hacer retroactivas en perjuicio de persona alguna. Con lo cual, a pesar del hecho de que una mayoría absoluta es quién aprueba esta legislación, no podría aplicarse. Aunque, cómo han tenido a bien decirnos nuestros supuestos representantes, la Ley ya decía que estas cuentas abandonadas pasarían a la beneficencia pública. En pocas palabras, todas las fuerzas políticas nos están notificando de qué “palo dado ni Dios lo quita”, en pocas palabras, aguántense. Parafraseando lo que dijo el conde de Floridablanca durante la colonia española: “Sepan los ciudadanos que su papel en esta República es el de callar y obedecer y no opinar en los altos asuntos del Gobierno”.
Sea por Dios.
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