El derecho humano a la vida es superior a cualquier derecho de inferior jerarquía.
El 24 de junio de este año, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que el aborto no es un derecho. Por lo tanto, en la Constitución de ese país se quita una mancha tremenda que duró 49 años. Pues en 1973, se aprobó la interrupción del embarazo en todos los Estados, cuando se dio por buena la ley “Roe & Wade”.
El primer derecho humano es la defensa de la vida y el aborto es la defensa de la muerte. En esa Constitución había una contradicción de base, aunque con la manipulación del lenguaje pudo instalarse bajo el concepto de “interrupción del embarazo”. Táctica muy socorrida en la actualidad para endulzar el paladar y disfrazar los hechos criminales.
Al menos ahora la legislación del país se alinea con la ley natural. Pero hay tibieza en la defensa de tal afirmación al permitir que los Estados sean libres de aceptar o rechazar el aborto. El bien siempre ha de practicarse y defender la vida es un bien incuestionable. Por tanto, solamente actúan en el campo del bien y de la libertad quienes impidan el aborto.
El mensaje velado a los gobernantes de los estados de la conflagración Norteamericana es: actuarás de acuerdo a la Constitución cuando rechaces el aborto, pero puedes actuar de modo contrario. Por tanto, la fuerza de la ley está craquelada y se deja abierta la puerta a quienes están profundamente comprometidos con las pingües ganancias del negocio del aborto.
Sin embargo, es de reconocer la valentía de los jueces Amy Coney Barret, Brett Cavanaugh, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito cuyos argumentos fueron vigoroso para la defensa de la vida. Lo contrario sucedió con Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer. El Presidente de la Suprema Corte, John Roberts, mantuvo una posición intermedia, y al final dio a conocer el resultado.
Desgraciadamente la defensa de la vida, como derecho universal, se ha politizado. Para los republicanos es una propuesta, y para los demócratas no lo es. Lo lógico es que ambos partidos lo asuman por ser un derecho humano, y dejar sus diferencias para terrenos menos coyunturales. Patéticamente esta es una tendencia generalizada y muy destructiva, en este terreno y en otros.
No apoyar algún planteamiento porque es de otro partido es absurdo, es visceral. Hay asuntos que son para todo ser humano, son irrenunciables y en ellos hemos de coincidir. Hay fundamentos y verdades básicas que son bienes para la humanidad y no propiedad de algunos. De hecho, esos temas son la base para solucionar conflictos. Son puntos de unión.
Una verdad para todos es la del inicio de nuestra existencia: todos iniciamos con un proceso embrionario, la división celular es idéntica para todos, aunque nuestra carga genética nos vaya a singularizar. Todos hemos sido fetos y hemos crecido hasta estar en condiciones de subsistir fuera del seno materno. Ninguno hemos sido excepción.
Un derecho humano no es un derecho de mayorías ni se decide democráticamente con una votación, ni está sometido a la casuística. Sin embargo, esta afirmación no es clara para todos. Así lo demuestra el trabajo realizado por los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, pues consideran el aborto como un recurso para proteger a las mujeres que viven un embarazo no deseado y pierden lo que ellos llaman una protección constitucional fundamental.
Este enfoque de corta visión y amnesia de los principios fundamentales lo defienden, por desgracia, personas con altos cargos como el presidente Joe Biden, quien afirmó vivir un día triste, por la resolución de la Suprema Corte y amenazó con promover una ley federal para reinstalar el aborto.
Lamentablemente, el trabajo realizado todavía no es una sentencia basada en la moral, ni en conceptos de derecho natural, mucho menos en la Ley de Dios, sino en cuestiones de técnica jurídica. Por eso cae bajo la precaria seguridad de las leyes humanas, que pueden cambiar con el tiempo. Y esto no resuelve el problema.
Aunque esto es un paso muy importante, pues se dio un fuerte golpe a la situación anterior, que parecía imposible de cambiar, ya se pueden dar leyes antiaborto, pero el aborto no está prohibido, pues cada estado de la federación norteamericana puede prohibirlo, o también permitirlo o regularlo.
La tarea pendiente de la Suprema Corte es argumentar profundamente y contundentemente para aclarar lo obvio: el derecho humano a la vida es superior a cualquier derecho de inferior jerarquía. Y este derecho es mucho más defendible en el caso de los más indefensos: los no nacidos y los recién nacidos. Tampoco han demostrado la maldad moral de matar a una criatura indefensa.
Así quedará bien fundamentada la fuerza para declarar inconstitucional cualquier ley que permita el aborto. Pues el aborto es un asesinato. Y, a la vez, quienes ejerzan cargos de suma autoridad de ningún modo podrán alterar, anular o impedir la aplicación de esta ley.
El trabajo no ha terminado, todos los legisladores y los ciudadanos pro vida, tendrán que resistir y sofocar los embates de los grupos opuestos. Ya han advertido sobre la lucha que van a entablar. No se darán por vencidos. El peligro es considerar terminada la lucha. No ha terminado, pero si se han abierto nuevas oportunidades que no hay que dejar pasar.
Este suceso es ejemplo para otros y no se debe desaprovechar. Quienes claudicaron de sus principios porque países de extensos territorios admitían el aborto, ya fueron testigos de este viraje y del esfuerzo por recuperar las verdaderas leyes. Los movimientos ciudadanos han desempeñado un papel irremplazable, insustituible y necesario, no pueden ausentarse, hacen falta.
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