El acceso a las vacunas es un derecho ciudadano que por ningún motivo debe estar condicionado a preferencias partidistas: todas y todos tenemos derecho a ellas, porque se pagan con nuestros impuestos.
Sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones de la humanidad hoy en día es detener la propagación del coronavirus, que además de haber arrasado con la vida de millones de personas, ha golpeado las economías familiares en todo el globo terráqueo. Lo cierto es que ha convocado muchos esfuerzos públicos y privados, para encontrar el remedio universal que permita disminuir el riesgo de la enfermedad; este ha sido el trabajo de los científicos para encontrar la vacuna.
En México, estamos a punto de cumplir un año de la detección del primer caso positivo de COVID-19. Los balances sobre la estrategia del gobierno –después de dos millones de personas infectadas, alrededor de 180 mil defunciones (cifras oficiales) y una caída en la economía nacional que han generado más de 10 millones de pobres– en cualquiera de los rubros que se analicen, demuestran que este gobierno ha sido rebasado, que no hace política pública para sus gobernados y que sólo busca el reparto de dinero público para garantizar estructuras y clientelas electorales (trabaja permanentemente en la conformación de “listados“ para entregar apoyos de programas sociales, a cambio de votos).
El reciente proceso de vacunación para adultos mayores es un claro ejemplo. Los llamados ‘servidores de la Nación’ atienden filas y filas de personas, a quienes toman fotografía, y también a su credencial de elector, aprovechándose del miedo y la vulnerabilidad de este sector de la población, dispuesto a dar todos sus datos, con tal de obtener una “dosis de esperanza” para quedar inmunizados contra este virus.
Ante la denuncia de ciudadanas y ciudadanos, las autoridades electorales tomaron cartas en el asunto para indagar el objetivo del gobierno de concentrar datos de los beneficiarios de la vacuna. Quizás lo que muchos desconocen es el “pleito“ entre las autoridades del gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral desde hace tiempo, porque el primero ha solicitado al INE la entrega de las bases de datos e imágenes de los más de 95 millones de electores, información que está bajo su responsabilidad, seguridad y resguardo.
Dada la reserva de acceder a esta solicitud, por salvaguardar la privacidad de estos datos, y ante la evidencia de que no le gusta que le nieguen las cosas, es entendible la narrativa de confrontación y recelo en contra de algunos integrantes del Consejo General del INE que aplican la ley, son autónomos y cumplen con sus funciones.
¿Cuándo el inquilino de Palacio Nacional encontraría las condiciones adecuadas para hacer un levantamiento alterno del padrón electoral, pretexto de los programas sociales?
Esta es ya una práctica común en la entrega de apoyos a los adultos mayores: no hay trámite de pago alguno si no se presenta copia de la credencial electoral. Así de simple. Por más que se niegue, no puede ocultarse la manipulación electoral de este proceso de vacunación.
El acceso a las vacunas es un derecho ciudadano que por ningún motivo debe estar condicionado a preferencias partidistas: todas y todos tenemos derecho a ellas, porque se pagan con nuestros impuestos. Que quede claro que no es concesión de Morena ni de ningún partido político.
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