Nadie, absolutamente nadie, puede verse sorprendido o desencantado por las arbitrariedades y cinismo del ejercicio público de los cuatroteístas, fieles seguidores del “mesías de Macuspana”, que han tenido la consigna de imponer “sus instituciones” y mandar a volar el orden constitucional y las leyes que de éste emanan si es contrario a sus intereses y privilegios. De ahí que para el tabasqueño sea más importante contar con 90% de lealtad de sus lacayos para simular que cumplen la normatividad o justificar el porqué no lo hacen.
Esta mecánica de incumplir una y otra vez con las leyes que juraron guardar y respetar ha sido el sello de los “amloístas”. El Presidente ha interpretado las normas a su modo y cuando se siente atacado, además de victimizarse, ha utilizado todo el Poder Ejecutivo para defender sus actos y dejarnos en claro a todos eso de “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Luego de haber sometido a buena parte del Poder Legislativo, su objetivo ha sido hacer lo mismo con el Poder Judicial: desde el inicio de este sexenio no ha dejado de golpearlo. La embestida inició con la imposición de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2019, año en que, contrario a las normas y sin claridad de las causas, se recibió también la renuncia de Eduardo Medina Mora.
Dado que entonces quedaron cuatro espacios en la Suprema Corte, el Presidente, con sus argucias y aprovechando el uso de sus facultades legales, nominó a cuatro ministros que luego el Senado aprobó: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz. Y el último nombramiento que impuso para cubrir la vacante de Zaldívar -y procurar así tener una Corte a modo- fue el de Lenia Batres.
A pesar de sus intentos, el sometimiento no se logró y, a la luz de sentencias que brillaron por el respeto constitucional y que encolerizaron al patriarca de la 4t, se dictaminó la destrucción del Poder Judicial de la forma más vulgar en la política: la manipulación del “pueblo bueno”.
Resulta entonces que es el “pueblo” el que quiere la elección popular de jueces y magistrados, sin importar si las y los candidatos tienen la capacidad y el criterio para interpretar y aplicar la Constitución, eso será lo de menos. Así lo quieren los morenistas, que no entienden de políticas públicas ni saben gobernar, pero sí conocen cómo hacer política electoral, lucrar con el dolor ajeno —al amparo de los recursos públicos y con el trabajo constante de los siervos de la nación—, y pactar con los delincuentes (que sí financian campañas).
Y aunque el pueblo ya avaló esta propuesta, hay que simular que otras opiniones importan. A pesar de que tenemos claro cuál será el veredicto -así ha sido en las dos últimas legislaturas- se realizaron foros (a manera de confesionario de pecados y temores) para escuchar, pero no debatir para que voces expertas se expresaran, pero sin propósito de atención; para aparentar espacios de reflexión, pero sin respuestas. Todo fue un parlamento abierto para oficialmente cerrar los oídos.
Se decidió continuar con el capricho y la venganza contra el Poder Judicial y ahora toca a la LXVI Legislatura dar el golpe final. De ahí las manifestaciones en contra de las reformas presidenciales propuestas el 5 de febrero, que se pretenden aprobar en estos días.
Ante la posibilidad del atraco, estudiantes de Derecho de diversas instituciones educativas han hecho suya la defensa de este Poder, la solidaridad con sus trabajadores, la necesidad de respetar el orden constitucional y, en consecuencia, la división de poderes, aunque desde Palacio Nacional se insista en que los jóvenes están “mal informados”.
Resulta irónico que los que se creían dueños de las manifestaciones sociales ahora busquen inhibirlas con amenazas de juicio político contra los ministros o jueces que “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales…”.
Por ello es fundamental que, como la principal fuerza de oposición, Acción Nacional tenga una postura clara, argumentativamente sólida, sin medias tintas, apegada a la realidad nacional, sin hacerle guiños al oficialismo, sin pretender buscar un diálogo cuando no ha habido voluntad política para hacerlo y sin posibilidad de llegar a acuerdos, porque tienen los votos legislativos para modificar lo que les plazca.
La continuidad de los cuatroteístas significa dinamitar los poderes públicos para depositarlos en una sola persona. Acción Nacional debe manifestarse en contra de esa ambición destructiva y presentar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la República.
Te puede interesar: Bajo advertencia, no hubo engaño
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
Facebook: Yo Influyo
